El sector productor castellano-manchego ha propuesto una innovadora norma de comercialización para el sector vitivinícola que afectaría a todo el territorio nacional y que, con base en la reglamentación comunitaria, tiene entre sus principales objetivos adecuar el volumen de producto de cada campaña de comercialización a las necesidades de abastecimiento, evitando distorsiones o alteraciones en el mercado, mejorar la calidad de todos los productos (mostos y vinos) y la gestión de disponibilidades entre campañas por parte de las bodegas.
Castilla-La Mancha propone una norma de comercialización para el sector vitivinícola nacional
La norma de comercialización propone una retirada temporal, un almacenamiento privado de máximo 4 millones de hectolitros de vino y/o mosto en toda España, sin que ninguna bodega que tenga viticultores elegibles con rendimientos elevados tenga que inmovilizar más del 10% de su producción de vino y mosto elaborado en la campaña a regular.
Esta propuesta de norma, que se podría poner en funcionamiento a partir de la próxima campaña 2019/20, ha partido de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, que ha visto en ella una verdadera necesidad para que el sector vitivinícola, no solo regional, sino también nacional, pueda autorregularse cada campaña cuando las condiciones del mercado así lo aconsejen.
El documento elaborado al respecto es fruto de diversas reuniones de trabajo que ha cristalizado en un importante consenso entre Cooperativas Agro-alimentarias y el resto de organizaciones profesionales agrarias de Castilla-La Mancha (ASAJA, COAG y UPA), y ha sido trasladado recientemente a importantes organismos competentes, como Cooperativas Agro-alimentarias de España, que ha asumido esta propuesta como propia, a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, al Ministerio de Agricultura y a la Interprofesional del Vino de España, esta última aún en fase de discusión.
Esta norma de comercialización, que se debería activar antes del 31 de enero de la campaña en cuestión en aquellas comunidades autónomas cuya suma de existencias y producción declaradas superen la media de sus disponibilidades de las cinco campañas anteriores, incrementada en un 5%, consistiría en la retirada temporal por parte de las bodegas con viticultores elegibles con rendimientos elevados, mediante almacenamiento privado de mosto o vino sin Indicación Geográfica Protegida declarado en el momento en que se adopte la citada norma. Se pretende dar un salto cualitativo y de valor al producto.
Los viticultores “elegibles” serían aquellos cuya declaración de cosecha de la campaña objeto de regulación, hubiesen obtenido un rendimiento real en su explotación superior al Rendimiento Teórico de Referencia máximo de la comunidad autónoma elegible en la que esté implantada esta norma. En este caso, cada comunidad autónoma elegible deberá hacer un ranking de viticultores elegibles.
Si las condiciones y evolución de mercado así lo exigiera, al activarse la citada norma, en todo el territorio español, las parcelas de viñedo de uvas tintas que superen los 150 hl/ha, y de uvas blancas que superen los 185 hl/ha, sólo podrán destinarse a vinos sin indicación geográfica cuyo destino sea la destilación o a la elaboración de mostos blancos.
La propuesta de esta norma por parte de Cooperativas Agroalimentarias, ASAJA, COAG y UPA regionales ha sido fruto del consenso y de la necesidad de fijar una posición fuerte y, sobre todo, de responsabilidad con el sector, ya que existe una gran preocupación por los problemas que se pueden dar de forma estructural en campañas venideras.
