El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, y el consejero de Agricultura de Castilla La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se reunieron este viernes 16 de abril en Toledo para firmar un acuerdo-marco entre ambos Ejecutivos autonómicos, en el que defienden un cambio de la PAC, en beneficio de la agricultura familiar y los profesionales.
Castilla-La Mancha y Aragón firman un acuerdo-marco en el que piden eliminar los derechos históricos de la PAC 2023-2027
Se trata de un decálogo que contempla, entre otros puntos, la desaparición de los derechos históricos de pago; el alcance de una convergencia interna total de los valores de pago básico de la PAC desde el año 2023 y la reducción del número de regiones agronómicas, de las 52 actuales a solo seis (herbáceos de secano ,herbáceos de regadío, leñosos de secano, leñosos de regadío, pastos y pastizales), como en otros Estados miembros de la UE, donde solo existen una o dos regiones productivas por país.
También defienden un techo de ayuda por explotación y una ayuda redistributiva, a repartir entre los profesionales que cobren menos de 60.000 euros de ayudas desacopladas, su renta provenga en más del 50% de la actividad agraria y estén afiliados a la Seguridad Social como agricultor genuino plus, así como el apoyo contundente a la ganadería extensiva con pastoreo (ovino-caprino, vacuno y vaca nodriza), porque consideran que es un sector con una importante brecha de renta, muy vinculados a los territorios más frágiles y en el que es difícil ayudas desacopladas por superficie, a la agricultura y ganadería familiar y a los profesionales; y que se garantice un eco-esquema de apoyo a la agricultura ecológica de mantenimiento.
En el encuentro de Toledo se concretó el compromiso de ambas CC.AA. de apostar por un modelo de agricultura y ganadería familiar, apoyando a las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en el territorio y que son las que generan actividad económica y empleo en los pueblos.
Además, ambas Comunidades piden dar prioridad a las mujeres activas en el sector agrario, con un incremento real del 5% adicional en los pagos directos, y que la PAC incluya la denominada “condicionalidad social”, de forma que solo los agricultores y ganaderos que cumplan la normativa en materia laboral puedan cobrar las ayudas.
En común defienden también, la convergencia interna de las ayudas, con el fin de que los agricultores cobren lo mismo, independientemente de donde se encuentren sus explotaciones agrarias, algo que actualmente no sucede, con mermas en Castilla-La Mancha de 40 euros de ayudas con respecto a la media nacional.
Durante su intervención, Olona recordó que ambas CC.AA. comparten problemas como la despoblación y la brecha de renta que tienen los agricultores profesionales, pero también la ambición de hablar claro “para que se entienda perfectamente a quienes queremos favorecer, que no son otros que los agricultores profesionales del modelo familiar, los que aspiran a poder vivir de su trabajo y su vocación; a los jóvenes que se están incorporando y a quienes tenemos la obligación de apoyar; y a las mujeres, para quienes no solo vale hablar de igualdad de género, sino que solicitamos un 5% más de ayuda para reducir la brecha que existe, así como aumentar también un 5% la ayuda complementaria a los jóvenes que tengan derecho a percibirla”, aseguró el consejero aragonés.
“No podemos seguir manteniendo un sistema que, en estos tiempos, propicia un mercantilismo de compra y venta de derechos de la PAC para cobrar una subvención. Y, mientras existan los derechos no se podrá avanzar en este cambio profundo en favor del objetivo que estamos planteando.”
Todos los agricultores y ganaderos, por el hecho de serlo, tienen que tener acceso a las ayudas por su propia condición, con independencia de lo que produzcan, prevaleciendo su propio carácter de agricultor y ganadero”, afirmó una vez más el consejero de Agricultura aragonés, matizando la diferencia de que, «a mayor profesionalidad, también debería de ser mayor la ayuda».
Asimismo, el consejero de Aragón también insistió en la necesidad de conseguir una mayor concreción a la hora de repartir las ayudas. “Todo el mundo defendemos la ganadería extensiva, igual que todo el mundo defendemos la agricultura familiar, pero debemos concretar. El apoyo a la ganadería extensiva debe de venir por una concentración de la ayuda asociada, porque con el sistema de pagos por hectárea es muy difícil ayudar a quienes no tienen superficie”, apuntó.
Por último, Olona pidió “sensatez, prudencia y rapidez” para llevar a cabo estos cambios y no caer en la “frustración y defraudar a quienes están esperando que las cosas cambien de verdad.”
Trato igualitario
Por su parte, el consejero de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, señaló que hay que “fomentar el trato igualitario”, de manera que “un agricultor, independientemente de dónde esté su explotación, cobre lo mismo por hectárea”. Algo que defienden ambas CC.AA: “los dos gobiernos queremos un cambio real en el sector agrario”, cambiando “radicalmente” el planteamiento y apoyando el modelo de agricultura familiar y profesionalizada.
Además, según Martínez Arroyo, “hay que orientar los trabajos en las próximas semanas y meses en apoyar al agricultor y ganadero profesional, implementándose un pago redistributivo, con un pago extra para primeras hectáreas, que se financiaría aplicando un techo por explotación limitando las ayudas a las explotaciones más grandes”, siempre teniendo en cuenta la generación de empleo.
La firma del acuerdo-marco se enmarca dentro del “Pacto de Almagro”, que fue ya rubricado en marzo de 2018, en el cual se fijaba el modelo de agricultura que ambas CC.AA. consideraban adecuado y donde se recogían las medidas y condiciones que debían integrar la futura PAC a aplicar a partir de 2021.
El acuerdo, según ambos consejeros, llega en un momento clave, en el que se aborda la fase final de la negociación y de cómo se aplicará esta política europea a nivel nacional.Es un documento de intereses comunes ante la nueva PAC, que regirá a partir de 2023, que se engloba en la “guía de trabajo” común que ambas regiones han marcado en estos tres años, y donde se recogen las cuestiones, aún no consensuadas a nivel nacional, y que ambas Administraciones consideran irrenunciables y de gran importancia.
Ambas CC.AA. ocupan el 25% del territorio país, siendo regiones muy potentes en cuanto a la PAC, con más de 150.000 perceptores en común y un sector agrario muy relevante en la economía, destacando la ganadería extensiva, con 10.700 ganaderos.
En la jornada de trabajo, el consejero de Aragón fue recibido por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el Palacio de Fuensalida.
Durante todo el encuentro de trabajo entre ambas CC.AA. estuvieron presentes, además, la directora general de Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha, Cruz Ponce, y el secretario general técnico de la Consejería de Agricultura de Aragón, José Luis Castellano.
