Castilla y León tratará de revertir la tasa sobre el azúcar en defensa del cultivo remolachero
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León busca un acuerdo social y político para defender al sector remolachero y azucaro, uno de los sectores agroindustriales con más peso en la Comunidad, que genera un impacto económico y social muy importante y contribuye a la sostenibilidad de las áreas rurales fijando población.
Tras el anuncio del Gobierno de la nación de aplicar una tasa a las bebidas azucaradas para regular su consumo y, del mismo modo, combatir la obesidad y la diabetes, la Consejería de Agricultura y Ganadería señaló que no entiende que se pretendan corregir hábitos alimentarios subiendo impuestos.
Es razonable implementar medidas contra la obesidad y trabajar para corregir problemas de salud derivados del abuso de algunos alimentos o de determinadas conductas alimentarias poco saludables o el sedentarismo, pero no se entiende que se quieran atajar esos problemas desde el Ministerio de Hacienda y no desde el de Sanidad.
Por este motivo, la Junta de Castilla y León trabaja en llevar a cabo un acuerdo con todo el sector remolachero, tanto con la industria como con las organizaciones profesionales agrarias, que pueda derivar en un consenso político para intentar revertir la intención del Gobierno de la nación de cargar con un impuesto las bebidas azucaradas.
Para conseguirlo, la Consejería de Agricultura y Ganadería elaborará un manifiesto que enviará al Gobierno de España explicándole la relevancia que el sector remolachero y azucarero tiene en Castilla y León y los perjuicios que la tasa del azúcar provocaría. En esta Comunidad se moltura el 85 % de la cuota de azúcar de España, con 421.000 toneladas.
Además de contribuir a fijar población en el medio rural, este sector da empleo a más 6.000 personas, de las que cerca de 4.000 son agricultores que han apostado por este cultivo, profesionalizándose y llevando a cabo importantes inversiones para conseguir rendimientos que han aumentado casi un 25 % en los últimos quince años, pasando de las 90 t/ha a las 110 t tipo por hectárea, lo que sitúa a Castilla y León en un posición de liderazgo frente a los rendimientos de los principales productores europeos. La industria remolachera da empleo directo a cerca de 2.000 personas.
La Consejería de Agricultura y Ganadería considera, además, que es el momento de apoyar al sector remolachero, un cultivo que ya ha sido muy castigado con sucesivas restricciones y que se enfrenta, el próximo año, al fin de las cuotas.
Oposición agroindustrial
El sector remolachero azucarero, integrado por la Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España (AGFAE), las empresas Azucarera y la sociedad cooperativa ACOR, y las organizaciones profesionales y sectoriales de cultivadores de remolacha, ASAJA, COAG, UPA y la CNCRAE, mostró el pasado 2 de diciembre su rotunda oposición a la subida de impuestos a las bebidas azucaradas, ya que se trata de una medida cuya eficacia no está demostrada para racionalizar el consumo, promover una alimentación más saludable y prevenir la obesidad.
El sector reafirmó su compromiso con la salud de los consumidores a través de un debate informado sobre las políticas de salud pública en torno al azúcar y señala que lo importante es centrarse en el total de las calorías consumidas.
Asimismo, defendió la necesidad de insistir en un consumo moderado y responsable y defiende al azúcar como un alimento que puede formar parte de una dieta variada y equilibrada en el marco de un estilo de vida saludable.
El sector destacó la relevancia de las medidas educativas y el traslado de información veraz, basada en el consenso científico a los consumidores como herramientas fundamentales para prevenir problemas de salud derivados de la alimentación.
En este sentido, señaló que la obesidad es un problema complejo y multifactorial que consiste en un desequilibrio entre ingesta y gasto energético y cuya solución no puede centrarse en un único ingrediente.
Las actividades que integran el sector remolachero-azucarero y su cadena de valor – agrícolas, industriales y de distribución al consumidor – son un elemento clave en la dinamización económica y la generación de empleo, así como en el mantenimiento de la actividad productiva y del empleo en el mundo rural.
El final del sistema de cuotas de producción europeas previsto para 2017 sitúa al sector en un momento crucial, por lo que todos los agentes sectoriales, especialmente los agricultores remolacheros, son extremadamente sensibles a iniciativas como esta que penalizan la imagen de su producto, añadieron.
Paquete fiscal
El Consejo de Ministros del pasado 2 de diciembre aprobó, a propuesta del Ministerio de Hacienda y de la Función Pública un paquete fiscal de subida impositiva, en el que se incluía la intención de gravar los refrescos y otras bebidas azucaradas.
No obstante, lo aprobó no como un Real Decreto, sino como proyecto de ley para implantar un gravamen a las bebidas carbonatadas y azucaradas, con lo que tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados para su aprobación final, donde el Partido Popular no cuenta con mayoría.
Sería un impuesto «cuya figura es cada vez más frecuente» en el entorno de otros países europeos como Francia, Noruega, Dinamarca y Hungría y será también un «instrumento de lucha contra la obesidad y todo lo que significan los problemas de exceso de azúcar», según destacó en la posterior rueda de prensa el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
Con este encarecimiento, añadió, se trata de «desanimar» determinados consumos frente a otras opciones de bebidas «bajas en azúcar».
Hacienda estima que la medidas para las bebidas azucaradas tendrán un impacto de recaudación fiscal de unos 200 millones de euros en 2017.
El ministro señaló que, al tratarse de un nuevo proyecto, el diseño de la nueva tasa será «objeto de negociación política», por lo que la propuesta se irá «negociando» a su paso por las Cámaras parlamentarias.
