El CdR demanda más protección contra la excesiva volatilidad de los precios agrícolas
Los dirigentes regionales y locales de la Unión Europea se reunieron esta última semana en Bruselas durante el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) y solicitaron a los Estados miembros que refuercen la protección de los agricultores en la cadena de suministro y endurezcan la medidas contra prácticas comerciales desleales.
La magnitud y frecuencia de los episodios de volatilidad de los precios agrícolas han sido constantes en las últimas décadas. Aun así, los dispositivos para la gestión de estos riesgos solo representan el 0,4 % del presupuesto de la PAC, según dicho Comité.
Para el CdR, la excesiva bajada de los precios de los productos agrícolas compromete la renta y el futuro de los productores. Por el contrario, los precios excesivamente elevados penalizan a los países que carecen de seguridad alimentaria y que son generalmente los más pobres.
Para reforzar los mecanismos que aseguren la renta de los agricultores, el Comité Europeo de las Regiones propone una serie de medidas. Entre ellas está la de reforzar el papel de los agentes privados en la regulación de los mercados agrícolas; ampliar la gama de herramientas de gestión de los riesgos y crisis apostando por la complementariedad de los instrumentos y, por último, fomentar, en el marco de la futura PAC, así como a nivel local y regional, un aumento del valor añadido aportado por las explotaciones agrícolas.
Estas y otras medidas están incluidas en el Dictamen «La regulación de la volatilidad de los precios agrícolas» aprobado el pasado 7 de diciembre durante el Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR). El ponente fue el francés Jacques Blanc, alcalde de La Canourgue.
«Para nosotros, el Comité Europeo de las Regiones, una mejor protección de la renta de los productores agrícolas es imprescindible, con el fin de mantener la agricultura en todos los territorios y conservar un tejido rural vivo», subrayó Jacques Blanc (Francia/PPE).
Para ello, los representantes locales y regionales elegidos han elaborado las propuestas concretas que deberán ponerse en práctica a partir de ahora, pero insisten también en la preparación de la próxima reforma de la PAC, que entrará en vigor después de 2020. Dicha reforma brindará la oportunidad de desarrollar una ambiciosa estrategia de gestión de los riesgos, que esté a la altura de las necesidades de los agricultores.
Según Jacques Blanc, «los dispositivos existentes para la gestión de los riesgos relacionados con los cambios de los rendimientos y la volatilidad de los precios de los productos agrícolas y de los insumos son ineficaces e insuficientes.
Como prueba, ya vamos por el tercer paquete de ayudas financieras desde el fin de las cuotas lácteas (300 millones de euros en 2015, 500 millones en 2016 y 500 millones desbloqueados en el presupuesto de 2017 el pasado mes de julio) y no se ha resuelto nada.
A título comparativo, mientras que Estados Unidos dedica el 60 % de su presupuesto agrícola a asegurar la rentabilidad de los productos -políticas de gestión de riesgos- y el 1 % a las ayudas directas a los agricultores, la UE solo dedica el 1 % del presupuesto de la PAC a las medidas a la protección o aseaguramiento de los riesgos y el 60 % a las ayudas directas pagadas a los agricultores».
Causas de la volatilidad
Las causas de la volatilidad de los mercados agrícolas son numerosas y de diferente carácter: incidencias climáticas, epizootias, error de anticipación, especulación financiera o rigidez de la oferta.
Los precios de las materias primas agrícolas también se ven afectados por fenómenos coyunturales pero duraderos como la crisis económica y financiera o el embargo de Rusia.
Por otra parte, una concentración creciente de los sectores agroalimentarios, sobre todo a nivel de la gran distribución, tiende a desfavorecer a las explotaciones agrícolas.
Según el CDR, las respuestas deben adaptarse a los problemas encontrados por los agentes del sector. Las propuestas se centran en tres grandes ejes:
- Reforzar el papel de los agentes privados, especialmente las organizaciones interprofesionales, en la regulación de los mercados agrarios, haciendo extensiva la obligación de contractualización a todos los sectores, adaptando el Derecho de la Competencia a las particularidades de los mercados agrícolas y luchando contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario.
- Ampliar la gama de instrumentos de gestión de los riesgos y crisis disponibles para los agricultores, apostado por la complementariedad de los instrumentos (ahorro de precaución, seguros y mercados financieros, fondos mutuales sectoriales), velando al mismo tiempo a no vincular excesivamente el presupuesto de la PAC a los riesgos del mercado, con el fin de mantener su importe.
- Fomentar, en el marco de la futura PAC, así como a nivel local y regional, un aumento del valor añadido aportado por las explotaciones agrícolas, gracias a la mejora de su productividad y al desarrollo de sistemas alimentarios territorializados, reforzando al mismo tiempo la sostenibilidad ecológica de las prácticas agrícolas.
