Tenemos sobre la mesa dos temas importantes que afectan y, en cierta medida, pueden comprometer el futuro inmediato del sector lácteo: las reclamaciones derivadas del expediente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la incapacidad de los productores para repercutir en los precios las subidas en los costes de producción. Ambos temas tienen un nexo común, las relaciones entre los productores de leche y la industria láctea.
Competencia y normalización de relaciones entre ganaderos e industrias lácteas. Por Jorge A. Santiso, Francisco Sineiro, ECOAGRASOC (USC)
Por Jorge A. Santiso, Francisco Sineiro, ECOAGRASOC (Universidad de Santiago de Compostela)
Las reclamaciones al denominado “cártel de la leche”
Miles de reclamantes exigen la devolución de cantidades que pudieran haber percibido de no haberse dado determinadas “prácticas de cártel”, en terminología de la CNMC, en el conocido como Expediente “Industrias Lácteas 2”, en el que investiga prácticas abusivas en el mercado de leche en origen entre los años 2000 y 2013.
Conviene señalar que estas reclamaciones no son una iniciativa directa de los productores de leche, sino que en gran medida están impulsadas por bufetes especializados en demandas colectivas, que han percibido una ocasión de negocio y han desencadenado la acumulación de demandas de ganaderos actuales o que lo eran en esos años.
Sobre el desenlace de las reclamaciones habrá que esperar a las oportunas resoluciones judiciales pero, desde la perspectiva del sector lácteo, poco se puede esperar de su contribución a definir un marco de relaciones más equilibradas entre los productores de leche y la industria láctea.
En este sentido, conviene señalar que las actuaciones de la CNMC, en éste y en otros expedientes, no han contribuido precisamente a facilitar la construcción de este marco, sino más bien a construir un muro de contención ante diversas iniciativas que pretendían hacerlo.
Así, en 2004, justo al inicio del periodo investigado por la CNMC en este expediente, la Organización Interprofesional del Sector Lácteo, INLAC, había tomado la iniciativa de elaborar y publicar un Indicador de Tendencias de Mercado de Productos Lácteos como “…una referencia de ayuda a la negociación del precio…” con el objetivo de “…aportar estabilidad al sector, así como permitir normalizar las relaciones entre los productores de leche y las industrias transformadoras”.
La iniciativa fue rechazada por las Autoridades de la Competencia del momento, en una decisión que consideramos de graves consecuencias, al impedir la puesta en marcha de un modelo de formación de precios más transparente, en línea con lo que se venía haciendo en Francia.
Con este rechazo, a nuestro juicio incomprensible (recomendamos una atenta lectura de los argumentos utilizados por el TDC), la propia Autoridad de la Competencia pudo contribuir a la pervivencia de las condiciones propicias para las prácticas de la industria en la fijación de los precios de la leche a lo largo de la década. Estas son, precisamente, las prácticas que la CNMC ha investigado y sancionado, con mayor o menor profundidad y acierto, en el Expediente “Industrias Lácteas 2” del que se derivan las reclamaciones en cuestión.
Durante la tramitación del expediente “Industrias Lácteas 2”, algunas de las industrias implicadas formularon una propuesta de acuerdo de “terminación convencional”, con el compromiso de adoptar determinadas medidas y pautas de conducta que deberían mejorar las condiciones de competencia en el mercado de la leche en origen.
En marzo de 2014, el director de Competencia de la CNMC rechazó la propuesta. Sin entrar en el análisis de los compromisos formulados, este rechazo parece estar basado más en las prerrogativas de actuación discrecional, que en la idea de servir al interés público.
Significativo también el argumento esgrimido de que una “terminación convencional” sería irrelevante en el ahorro de trámites de instrucción y acortamiento de plazos, cuando vemos que la tramitación del expediente se prolongó cinco años más, hasta julio de 2019.
Señalemos, además, que en el mismo periodo de referencia la Autoridad de la Competencia dio su visto bueno sin limitaciones a las operaciones planteadas en el campo de fusiones y adquisiciones entre empresas lácteas, a pesar de sus consecuencias evidentes sobre la competencia por el aumento del nivel de concentración en el mercado de leche en origen.
En una dinámica contrapuesta, otros informes de la CNMC trataron de frenar avances de algunas iniciativas normativas, que tenían como objetivo dotar de mayor transparencia y equilibrio al mercado.
La incapacidad de los productores para trasladar costes de producción al precio de la leche
Más allá de las consideraciones que merezcan los fundamentos, la tramitación y la resolución del expediente “Industrias Lácteas 2” por la CNMC, no existen muchas dudas de que, en los años de referencia, la ausencia de un proceso de negociación de precios era tan patente como lo sigue siendo en los últimos años.
Así se desprende del escrito de las organizaciones profesionales y Cooperativas Agroalimentarias solicitando al Ministerio la convocatoria de la “Mesa Láctea”. Los ganaderos se sienten incapaces de repercutir las subidas de los costes de producción en los precios de la leche y ponen en cuestión el cumplimiento de la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.
Estamos, por lo tanto, ante dos cuestiones que afectan de lleno a las relaciones entre los productores y la industria láctea. Y, aunque responden a dos momentos diferentes, separados por 10-20 años, en el fondo tienen el mismo problema de origen: la falta de un proceso transparente en la negociación de precios de la leche.
Se alega que las reclamaciones derivadas del Expediente “Industrias Lácteas 2” corresponden al pasado y que ahora las relaciones con los ganaderos han cambiado. Pero ¿han cambiado realmente? Es cierto que ahora el sector cuenta con base jurídica para canalizar las relaciones entre los productores y la industria. Los contratos, obligatorios, recogen las condiciones de entrega de la leche, y las organizaciones de productores tienen la capacidad teórica de negociar sus cláusulas con la industria, incluidos los precios.
Sin embargo, la realidad nos dice que no hay un proceso de negociación, y los contratos se convierten en documentos elaborados por la industria a los que a los ganaderos les queda adherirse o dejar de entregar la leche, y, en ausencia de compradores alternativos, abandonar la producción.
La figura de las organizaciones de productores (las OP) es, sin duda, la clave para enfocar los procesos de negociación en un país como España, en el que el peso de las cooperativas lácteas es minoritario.
Con este objetivo, se han formado unas 8 OPs, que agrupan al 44% de la producción de leche. Desde una perspectiva formal, la red de OPs representa una fuerza con capacidad negociadora para romper con la dinámica de los contratos “de adhesión”. En la práctica, los resultados de la negociación a través de las OPs han sido irrelevantes.
El tamaño mínimo para la constitución de las OP (200 mil toneladas de leche, que implican a varios cientos de ganaderos y múltiples empresas recogedoras) dificulta su adaptación a una negociación que al final se ha de realizar de modo independiente con cada industria.
Este modelo basado en OPs de gran tamaño se aleja de los que se implantaron en países como Francia o Alemania, donde OPs más reducidas, en muchos casos ligados a una única industria, están funcionando relativamente bien y avanzan en estructuras de segundo nivel, las Asociaciones de OPs.
Los ganaderos que producen la leche, las industrias que la compran, y sus respectivas organizaciones, tienen una responsabilidad compartida en el fracaso del modelo de las OPs. Los productores, por sus dudas con relación a su capacidad de organización y reticentes a perder su contacto directo con la empresa.
Las propias OPs que se han formalizado, y sus promotores parecen más interesados en mantener su “estatus quo”, basado en grandes OPs, que en avanzar hacia estructuras operativas. En este contexto, la industria láctea parece sentirse cómoda y no parece receptiva a procesos de negociación que puedan debilitar su poder en el mercado.
Ha faltado el apoyo de las Administraciones Públicas con competencias en Agricultura, de las que cabría esperar un mayor compromiso en la consolidación funcional de las OPs y en el impulso a los procesos de negociación.
En los casi diez años de vigencia del Paquete Lácteo se han modificado diferentes aspectos normativos relacionados con los contratos y con las organizaciones de productores. Se ha tratado de suplir con modificaciones reglamentarias lo que eran carencias de las partes implicadas, como la regulación del llamado “mandato de negociación”.
Sin embargo, no se ha entrado en una modificación de los aspectos más relevantes, que limitan la viabilidad de los procesos de negociación: el tamaño mínimo de las OPs y la dotación de una mínima estructura técnica y organizativa que apoyen una capacidad real de entablar procesos de negociación.
La preocupación de la industria láctea por el devenir de la marea de expedientes de reclamación relacionados, con el Expediente de la CNMC “Industria Lácteas 2” y la situación de los productores, que ven cómo suben sus costes de producción, sin capacidad de negociar su repercusión en los contratos, debería servir de reflexión común sobre la necesidad y urgencia de abordar un marco de relaciones interprofesionales estables y equilibradas.
La convocatoria de la “Mesa Láctea” puede ser oportuna, pero estaría bien definir antes el objeto de la misma. Experiencias pasadas indican que abordar problemas coyunturales o incapacidades de las partes con modificaciones normativas, tomadas “in extremis”, no han aportado avances en las relaciones en la cadena productiva.
La prohibición de la “venta a pérdidas” y su inclusión en las cláusulas del contrato es un buen ejemplo, y la firma obligada de la cláusula de costes, en estas condiciones, parece un sarcasmo.
El mercado de la leche en origen es complejo por las fuertes asimetrías de poder e información existentes entre un elevado número de productores dispersos y un reducido grupo de industrias, a cada paso más concentrado.
El sector lácteo debería abordar la definición y puesta en práctica de un modelo de relaciones, que corrija una situación que apenas ha cambiado a lo largo de los años, a pesar de los contratos. Ese modelo pasa por establecer mecanismos de negociación entre la industria y las organizaciones de productores.
