El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este 22 de junio el Real Decreto-ley 10/2017 para su transformación como proyecto de ley por vía de urgencia, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas del Duero, Júcar y Segura, aunque varios grupos urgieron un debate más amplio para encontrar soluciones a un problema ya “estructural”.
Convalidado el Real Decreto de medidas urgentes para paliar la sequía
La convalidación del RD-ley fue respaldada con 258 votos a favor, frente a 77 en contra y ninguna abstención, mientras que su tramitación mediante procedimiento de urgencia fue aprobado por 345 votos a favor y solo uno en contra.
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha compareció en el la Cámara Baja para exponer y someter a su convalidación este RD, aprobado el pasado 9 de junio por el Consejo de Ministros, y que permitirá al Ejecutivo actuar “con rapidez y diligencia” para adoptar medidas urgentes que contribuyan a paliar los efectos que está produciendo la sequía.
En primer lugar, García Tejerina informó al Pleno del Congreso de la escasez de precipitaciones y de reservas hidrológicas en diferentes puntos del país, una situación que están padeciendo numerosas producciones agrarias en diferentes comunidades autónomas, que justifican la puesta en marcha de una serie de medidas, incluidas en el citado Real Decreto.
La ministra explicó que las cuencas más afectadas son la del Segura (en situación de emergencia), y las del Duero y el Júcar (en situación de alerta). Las de Júcar y Segura ya cuentan con un RD de sequía en vigor, desde 2015, mientras que se tramita con la máxima urgencia la aprobación del RD de sequía y de medidas excepcionales en la demarcación del Duero.
Isabel García Tejerina detalló a los diputados el nuevo RD, que establece medidas de apoyo a los titulares de las explotaciones agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía, es decir, las demarcaciones del Duero, del Segura y del Júcar, en el presente año.
Por ello, y conforme a lo previsto en los Planes de Sequía (que gestionan las situaciones de escasez de recursos en las distintas cuencas hidrográficas para minimizar los impactos mediante) se conceden exenciones al pago del canon de regulación y en la cuota de la tarifa de utilización del agua.
También en el pago de la tarifa de conducción de las aguas incluida en la Ley de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y en la cuota de este año de la tarifa de conducción de las aguas por la infraestructura del post-trasvase.
Así, se beneficiarán los titulares de las explotaciones agrarias de las cuencas del Duero, del Júcar y del Segura que, en este año (y sin efecto retroactivo), hayan tenido una dotación de agua inferior o igual al 50% de la normal –tal y como hizo el Gobierno en el periodo 2005-2009– o que hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos de al menos un 20% de la producción en normal en zonas desfavorecidas y de un 30% en las demás zonas.
Estas exenciones de cánones y tarifas supondrán un ahorro para los regantes, según la ministra, de casi 54 millones de euros. De éstos, 37,2 millones se ahorrarán los titulares de derechos al uso de agua para riego de la cuenca del Segura, 8,5 millones, los titulares de la cuenca del Júcar, y 8 millones, los regantes de la cuenca del Duero.
Moratoria de pagos
Por otro lado, el RD prevé que las empresas y los trabajadores por cuenta propia titulares de explotaciones agrarias en toda España afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica, podrán obtener una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondiente a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018 (ambos inclusive), así como en el pago de las cuotas por las jornadas reales correspondientes a ese mismo periodo.
Además, el Real Decreto-Ley prevé que se puedan actualizar los contratos de cesión de derechos de agua entre concesionarios de las cuencas del Segura, del Duero y del Júcar, con carácter excepcional y temporalmente limitado, y en el ámbito de cada una de las cuencas.
Así, los concesionarios de la cuenca del Segura podrán autorizar contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas, entre ellos mismos, hasta el 30 de septiembre de 2018.
Con el mismo carácter y vigencia temporal podrán autorizarse estos contratos de cesión de derechos entre concesionarios de la cuenca del Duero, mientras que los concesionarios del Júcar tendrán como vigencia temporal el 30 de septiembre de este año.
Por último, el Real Decreto-Ley actualiza el tipo de gravamen correspondiente al canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, previsto en la Ley de Aguas, en todas las demarcaciones competencia del Estado (intercomunitarias), para dotar a los órganos competentes y a los organismos de cuenca de los necesarios recursos para la protección medioambiental y la mejora del dominio público hidráulico, en aplicación del principio de recuperación de costes de los servicios de gestión del agua y en virtud del texto refundido de la Ley de Aguas
Gran esfuerzo
La ministra destacó que el Gobierno de España, hasta el momento, “ha hecho un gran esfuerzo para poner en marcha numerosas actuaciones, que han permitido minimizar los impactos ambientales sociales y económicos que se producen en situaciones de sequía, por ejemplo en las cuencas del Segura y del Júcar, que están declaradas desde mayo del año 2015, donde se han movilizado cerca de 280 hectómetros cúbicos adicionales, con la incorporación de agua desalada, la extracción de pozos de sequía, el intercambio de derechos y el aprovechamiento de volúmenes remantes por avenidas de años anteriores”.
García Tejerina destacó también el impulso a lo largo de la pasada legislatura de inversiones en materia de agua por importe de 300 M€, a lo que sumó la puesta en servicio de la desaladora de Torrevieja y el incremento de la producción en las de Águilas y Valdelentisco.
Ahora, con la aprobación de este Real Decreto-Ley, el Gobierno prevé continuar dando respuesta a las situaciones de sequía con numerosas medidas para minimizar sus impactos ambientales, sociales y económicos.
Improvisadas e insuficientes
Por su parte, el portavoz socialista de Cambio climático, Ricardo García Mira, aseguró en el Pleno del Congreso de los Diputados que hace falta cada vez más una política de cooperación solidaria entre las comunidades autónomas, así como entre los diferentes sectores y grupos de interés en los ámbitos de la energía, la agricultura y la industria.
Y estas políticas, añadió, deben ser impulsadas de un modo general para evitar no sólo impactos mayores, sino desequilibrios en la atención a estos problemas”. Por ello, el responsable socialista subrayó que “la política del agua debe ser una política compartida que implique la participación de todas las comunidades y de sus agentes sociales, económicos y políticos”
Con motivo de la convalidación del Real Decreto Ley sobre Medidas Urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, el portavoz socialista destacó que “cuanto más patente se va haciendo el fenómeno del calentamiento global, más perceptibles empiezan a ser sus impactos dentro del ciclo hidrológico.
“Así se evidencia en nuestro país, en donde los períodos de sequías e inundaciones no sólo son cada vez más predecibles, sino que son también cada vez más frecuentes, con importantes cambios en los patrones de precipitaciones y una mayor irregularidad en su distribución e intensidad”, añadió García Mira.
En este sentido, señaló que España experimenta en distintos puntos cambios ya muy evidentes que dejan “escenarios con graves carencias hidrológicas y un importante impacto sobre la agricultura y el regadío”.
El portavoz socialista recordó que según el Foro Económico Mundial, la crisis del agua es uno de los principales riesgos que afronta la sociedad y este riesgo tiene ya un ámbito global con impactos ya predecibles a lo largo de la próxima década”.
Por ello, García Mira, resaltó que la política del agua debe ser “racional” y de “la gestión de su carencia, debe contemplar tres cualidades clave, si queremos considerar al agua por encima de cualquier otra consideración de orden político o económico: es un elemento indispensable para la vida del Planeta; es un bien público, y ostenta la categoría de derecho reconocido”.
En este punto, el diputado socialista señaló que en materia de agua, el GPS “defiende sostenibilidad en la planificación y gestión, defensa de la titularidad pública del bien frente a la privatización, y aseguramiento del suministro de agua para todos los ciudadanos”. Unos principios básicos “imprescindibles” para la adopción de decisiones políticas responsables”, Y, en este sentido, criticó “la insuficiencia de estas medidas; recogidas en el RDL; su falta de definición; y la necesidad de extenderlas a otras cuencas”, tal como han manifestado los sectores afectados.
Aplazamientos, no reducción
Entre los sectores que se mostraron críticos con estas medidas, el diputado del PSOE citó a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que considera el paquete de medidas claramente reducido.
Además, sobre la moratoria a las cotizaciones a la Seguridad Social, “aparecen dudas razonables en la aplicación, pues se trata de una medida problemática para los agricultores y ganaderos el próximo año, en tanto que no supone ninguna reducción sino simplemente un aplazamiento”.
Por otra parte, “el Decreto habla solo de excepciones en relación a la cuenca hidrográfica Tajo-Segura, cuando también deberían contemplarse estas excepciones respecto a las del Duero y del Júcar, cuencas en las que también la sequía golpea con dureza a la agricultura y la ganadería, añadió, para destacar que a la “insuficiencia de las medidas, hay sumar la indefinición de las aprobadas por el Gobierno, pues se desconoce, entre otros aspectos, el modo en que se definirán las zonas de sequía meteorológica”.
Por otro lado, también criticó que dicho Decreto “deja sin atribuciones ni facultades para su desarrollo a las CCAA, reservándose el Mapama la decisión para definir la sequía meteorológica de modo unilateral”.
Pero, además, añadió García Mira, está la necesidad de extender estas medidas a otros territorios no contemplados en el ámbito de aplicación del Real Decreto. Así, indicó que “la cuenca del Ebro, y, especialmente, las sub-cuencas aragonesas de la margen derecha, son las grandes olvidadas del Gobierno de Rajoy, si tenemos en cuenta que viven uno de los peores momentos de los últimos años”.
En este sentido, resaltó “la escasez de precipitaciones en las últimas fechas y la ausencia de nieve para el deshielo han provocado que apenas discurra agua en el propio río Ebro a su paso por Zaragoza. Los daños totales se cifran en 120 millones de euros, debido a la sequía”.
Además, aseguró que la sequía meteorológica ha afectado principalmente al Noroeste del país (Galicia, Asturias, Castilla-León). “La Rioja presenta igualmente una situación muy grave. El sector agrícola ha perdido unos 47 M€, sobre todo en la ganadería extensiva y los cereales, que ha sido especialmente severa en La Rioja Alta.
En la cuenca del Duero, la situación es trágica, al coincidir tanto sequía meteorológica como hidrológica. Existe una situación de emergencia en el margen derecho del Duero, en Palencia y, especialmente en Murcia, región ignorada sistemáticamente por este Gobierno, y donde una sequía hidrológica agrava día a día la situación y para la que este Decreto llega tarde y mal, con medidas ampliamente insuficientes”.
Además, “Castilla-La Mancha está igualmente afectada con impacto en la cuenca del Guadiana y el Tajo. Especialmente, en las provincias de Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real, con pérdidas próximas a los 180 millones de euros”, subrayó.
“Extremadura denunció también pérdidas en pastos y cultivos, próximas a los 80 M€. Andalucía oriental sufre sequías que perjudican a sus cosechas de cereales y olivares. Su ganadería está afectada igualmente debido a la ausencia de pastos, provocando un cambio a la alimentación basada en pienso, y su consiguiente sobrecoste.
Castilla y León perdió hasta dos tercios de su cosecha, que eleva las pérdidas a los 1.000 M€, sobre todo por la sequía y en Galicia, la situación de sequía ha provocado impactos valorados en unos 2 millones de euros”.
Igualmente, resaltó que “en Valencia, el sector ha perdido en torno a 4 M€. En Madrid, la sequía ha supuesto la pérdida del 40 % de la cosecha de cereales y del 60% de la de leguminosas y proteaginosas. La pérdida de pastos es cercana al 50% y los ganaderos llevan soportando este sobrecoste desde principios de abril.
En Cataluña, la situación en Lleida se califica ya de sequía, y afecta a diversos cultivos”. Asimismo, recordó el diputado socialista, “en Canarias, en la zona Sur de las islas la sequía está provocando que se pierdan muchos cultivos de secano. En esencia, la gran parte de estos territorios quedan al margen de la iniciativa, y no hay una garantía de suministro del agua en ellos”.
Por todo esto, el portavoz socialista considera las medidas del Ejecutivo “improvisadas y muy insuficientes, y al decreto poco ambicioso”. Además, propuso que este debate tenga lugar “a través de la organización de las actividades de discusión y reflexión que sean oportunas, y conduciendo su tramitación como Proyecto de Ley en esta Cámara”, ya que solo mediante “una perspectiva integral en la gestión del agua, podremos afrontar las consecuencias de esta sequía, y otras predecibles, que en un contexto de cambio climático, constituyen desde hace tiempo una realidad indiscutible”.
Otros grupos
El portavoz de Ciudadanos (GCs), Miguel Ángel Garaulet, exigió a la ministra que convoque de una vez la Mesa del Agua para iniciar el debate que concluya en un Pacto Nacional del Agua, que ofrezca soluciones al problema de la sequía, ya que las medidas extraordinarias que recoge el RD-ley, que respaldaron en la votación, solo es “poner una venda en la herida.”
Por su parte, Joseba Agirretxea, del Grupo Vasco (EAJ-PNV) apoyó la convalidación del RD-ley, aunque demandó también que hay que ponerse a trabajar ya, con planteamientos a más largo plazo, con el fin de avanzar en medidas adicionales, que serán más necesarias por los previsibles efectos del cambio climático.
Asimismo, el diputado Isidro Martínez, del Grupo Mixto, respaldó las medidas del Gobierno en ámbitos como la fiscalidad, el acceso a la financiación, los seguros agrarios o la PAC, mientras que el diputado Sergi Miquel i Valentí aseguró que esta norma es “un parche que no arregla para nada una situación crítica que necesita de medidas transversales”.
Francesc Xavier Eritja, del Grupo Esquerra Republicana (GER) criticó el procedimiento de urgencia de la norma y que abra la puerta a la privatización o mercantilización del agua, así como la gestión del Gobierno en este ámbito, que prioriza la sobreexplotación por encima de las posibilidades de regeneración, generando estrés hídrico.
A su vez, el diputado Pedro Arrojo Agudo (GCUP-EC-EM) demandó un cambio en las políticas actuales de gestión del agua, que considera “imprudentes e irresponsables”, “que han permitido trasvases masivos al Segura, dejando a la cabecera del Tajo exhausta y arruinada”.
Por último, la diputada Ascensión Carreño, del Grupo Popular apeló a sus homólogos a que olviden las guerras del agua y voten a favor del RD-ley para permitir que los agricultores se beneficien de las exenciones de pago de tasas y cánones de riego y de la moratoria de las cotizaciones sociales.
