Los consejero de Medio Ambiente de Castilla, Galicia, Asturias y Cantabria mantuvieron este miércoles 3 de marzo una reunión telemática con representantes institucionales de las CC.AA. de País Vasco, Andalucía, Murcia, Aragón, Madrid y la ciudad autónoma de Ceuta, así como con los máximos responsables nacionales de las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA.
Diez CC.AA. y 3 OPAs piden a Ribera dejar en suspenso la inclusión del lobo en el LESRPE
Tras este encuentro, todos ellos suscribieron conjuntamente una carta abierta a toda la ciudadanía de apoyo a la gestión del lobo ibérico, desde el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia.
La iniciativa común pretende reclamar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd) que retire el procedimiento de aprobación de la orden, por la que se pretende incluir al lobo en el listado de especies no cinegéticas.
La carta abierta suscrita conjuntamente por representantes de la decena de CC.AA. y de las organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional es la siguiente:
CARTA ABIERTA EN APOYO A UNA GESTIÓN DEL LOBO IBÉRICO BASADA EN EL RESPETO AL MUNDO RURAL, EL CONSENSO SOCIAL Y LA COEXISTENCIA
Las Administraciones Públicas y organizaciones agrarias abajo firmantes:
Apoyamos la gestión del lobo ibérico en el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna, que reconocen la diversidad de situaciones de la especie en las diferentes regiones europeas no como un problema, sino como una oportunidad para una gestión adaptada a las singularidades locales y siempre basada en la mejor información disponible y en la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva.
Rechazamos que se reduzca el marco competencial y de actuación de las Comunidades Autónomas para gestionar la especie. El actual estatus legal permite que las Comunidades Autónomas que así lo consideren puedan otorgar un máximo nivel de protección que impida cualquier control letal, pero también facilita que otras puedan gestionarlo bajo el actual régimen, que garantizando su estado de conservación favorable, habilita los controles de ejemplares, incluso mediante normas cinegéticas como permite la Directiva Hábitats.
Respetamos sinceramente la independencia del Comité Científico y de aquellas personas que desde el ámbito de la ciencia o desde su mero posicionamiento personal, abogan por la inclusión del Lobo Ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Con la misma rotundidad exigimos respeto al trabajo que desde hace años vienen realizando los técnicos de las diferentes Comunidades Autónomas, que a su formación académica añaden la experiencia en la gestión cotidiana de la especie en un mundo real en el que además de las consideraciones ecológicas deben tenerse muy en cuenta las de tipo social y económico que, en un medio humanizado como es el que habita el lobo, son componentes muy relevantes.
Lamentamos que se confunda la discrepancia con el dictamen del Comité Científico con la descalificación que jamás ha estado en la intención de los firmantes. Es el propio dictamen el que, a falta de una justificación legal para incluir el Lobo en el LESPRE, considera que otros criterios de inclusión, como su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad, rareza o grado de amenaza, están poco formalizados y no dejan de ser muy subjetivos lo que puede dar lugar a inconsistencias en el LESPRE. A pesar de esa consideración, el mismo Comité recomienda la inclusión.
Negamos que la consideración de los indudables valores culturales, científicos o ecológicos del Lobo sea incompatible con su actual estatus legal de la especie. Esos valores y el objetivo de conservar la especie son la piedra angular de los planes de gestión de las Comunidades Autónomas.
La actual Estrategia, vigente desde 2005, simboliza un punto de encuentro entre las Comunidades Autónomas responsables de la conservación y gestión directa de la especie y el Ministerio con competencias en Medio Ambiente con funciones de coordinación y establecimiento de criterios orientadores y normativa básica. Apoyamos su actualización y recordamos que ha sido el marco de referencia en la gestión de la especie y ha permitido, entre otros logros, que el lobo haya incrementado tanto su área de distribución como su número en gran parte del país,
Damos la bienvenida al Gobierno de España a la realidad de la gestión del lobo, pero rechazamos tajantemente que sus anuncios de apoyar al sector ganadero en las zonas loberas y a las Comunidades Autónomas, que llevamos años cargando en solitario con las derivadas sociales y económicas que implica la gestión del lobo, supongan aceptar que la especie sea incluida en el LESPRE. Tales apoyos nunca deben hacerse a costa de detraer fondos de otras medidas en una futura PAC, ya de por sí muy condicionada en sus presupuestos, y no precisan que el lobo cambie su estatus legal.
Mostramos nuestro apoyo incondicional a la ganadería extensiva, fundamental en la economía de las zonas rurales, y que precisa en las zonas loberas de un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de la reducción de los daños y la justa indemnización cuando estos se produzcan.
Reconocemos el valor ecológico y cultural que tiene la ganadería extensiva, jugando un papel clave en el mantenimiento de la biodiversidad y de determinados hábitats naturales.
Hacemos un llamamiento al Ministerio a volver al escenario de consenso y diálogo, renunciando a continuar con la tramitación de la inclusión del Lobo en el LESPRE. Conoce el Ministerio el rechazo frontal de las Comunidades que albergan la inmensa mayoría de los lobos de nuestro país y, por tanto, no puede escudarse en dictámenes no vinculantes, ignorando cuál es el origen de este procedimiento, y forzando situaciones inéditas en órganos de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas donde el diálogo y el consenso habían sido las señas de identidad hasta la fecha.
Trabajemos en la elaboración de una nueva Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo en España, partiendo de las lecciones aprendidas de la aplicación de la Estrategia de 2005, desde la plena lealtad institucional y con la participación de los representantes de los sectores interesados: administraciones, ganaderos, propietarios de terrenos, expertos, conservacionistas y científicos, lejos de ideas preconcebidas y posicionamientos estrictamente ideológicos, respetables pero que no pueden condicionar la gestión de una especie que habita medios socialmente complejos y ecosistemas intervenidos por la acción del hombre desde tiempos inmemoriales.
Proceso de diálogo
Una vez que se retire el procedimiento de tramitación de la Orden ministerial, gobiernos autonómicos y organizaciones agrarias demandarán a Teresa Ribera que abra un proceso de diálogo y consenso con todos los actores implicados, con el objetivo de negociar un plan global de gestión del lobo ibérico que garantice su preservación y el futuro de la ganadería extensiva.
Las tres organizaciones agrarias, UPA, COAG y ASAJA, calificaron de “muy positivo” el encuentro, al tiempo que señalaron “la importancia de la unidad del sector y las Administraciones regionales” para defender la imprescindible labor de la ganadería extensiva para el desarrollo económico y social del medio rural, la gestión del territorio y el mantenimiento de la biodiversidad.
Según estas tres OPAs, “la inclusión del lobo en el listado de protección especial (LESRPE) supone, en la práctica, dejar de gestionar y controlar al lobo al Norte del Duero. Un depredador que causa pérdidas constatadas de más de 6 millones de euros al año a los ganaderos en España y devora más de 10.500 cabezas de ganado, fundamentalmente en Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y Madrid.
Se calcula que en España hay unos 3.000 lobos, añade estas OPAs, muy por encima de países como Francia, Alemania, Suiza, Noruega o Suecia. Unas cifras que, en todo caso, son estimaciones, pues el censo está pendiente de actualizar desde 2012. A pesar de ello, el Gobierno pretende incrementar aún más esa cifra, lo que aumentaría la presión sobre los ganaderos “de forma insoportable”.
