Después de más de tres años de negociaciones, la reforma de la PAC se cerró finalmente en 2021 en la Unión Europea y los Estados miembros tienen que presentar antes de final de año sus planes de aplicación nacional, como el que España ha enviado hoy a Bruselas para ser revisado. Organizaciones agrarias y otras entidades, como la coalición Por Otra PAC, discrepan de los resultados.
Discrepancia en OPAs y otras organizaciones sobre las propuestas del Plan Estratégico nacional
El presidente de la organización agraria ASAJA, Pedro Barato, considera en declaraciones a la agencia Efeagro que el reparto de los fondos se podía haber hecho «de otra forma», ya que el acordado «penaliza a la agricultura profesional».
Asegura que le hubiera gustado que las organizaciones agrarias hubieran participado más activamente en su diseño y ve 2022 como un año de transición en el que confía que se puedan todavía cambiar algunos aspectos del Plan Estratégico nacional.
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, se muestra «decepcionado» por el resultado de las negociaciones de una PAC que «no es justa ni social, ni responde a las necesidades de las pequeñas y medianas explotaciones europeas».
Afirma que la nueva política agraria impone «una serie de requisitos medioambientales a cargo del agricultor profesional sin regular otros aspectos del mercado como las importaciones» y reclama que las ayudas redistributivas vayan dirigidas a los productores que viven del campo, a quienes «no se protege en absoluto».
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, apunta que con la reforma de la PAC se han introducido novedades importantes, como los techos máximos de ayudas por explotación o los pagos redistributivos, aunque hubiera preferido que se avanzara más en ambos casos.
«La agricultura familiar ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y ha garantizado el abastecimiento durante la pandemia», remarca Ramos, a favor de que los que más cobran reciban menos en favor de las explotaciones más profesionales.
Para el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, los agricultores tendrán que adaptarse a las nuevas normas comunitarias con el mismo presupuesto de la PAC de antes, pese a competir en los mercados internacionales con países terceros que no afrontan tales exigencias.
El coordinador estatal de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, critica la definición del agricultor activo, «que va a corregir poco o muy poco los actuales desequilibrios en el reparto de ayudas y deja al plan sin margen para compensar a los profesionales frente a algunos de sus mecanismos, como la convergencia o el recorte en el presupuesto de la ayuda básica».
Para ASAJA Sevilla la propuesta penaliza la diversidad productiva y supone un claro agravio para los agricultores y ganaderos andaluces que, si no se logra modificar y entra finalmente en vigor en 2023 tal y como ahora está redactada, perderán más 450 millones de euros en el quinquenio 2023-2027.
POR OTRA PAC
«El texto, que actualmente está en consulta pública, tiene, según fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el objetivo de ser una política agraria más justa y más verde, y sin embargo refleja una escasa ambición socioambiental». Por ello, recientemente nuevas entidades, como Bandera Negra por el Mar Menor, Triodos Bank España, Fundación Ecoanime, Plant on Demand y Neo Agri se han sumado a la carta que pide a los dirigentes una PAC que esté a la altura de los grandes desafíos a los que se enfrenta.
En total, 100 organizaciones reclaman medidas ambiciosas capaces de luchar contra el despoblamiento rural, la crisis climática y de biodiversidad, o la pandemia y el riesgo creciente de nuevas zoonosis.
La misiva, que fue enviada en julio de este año a cinco ministerios -los de Agricultura, Pesca y Alimentación; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y Agenda 2030- y a las Consejerías de Agricultura, ha sido coordinada por la Coalición Por Otra PAC, conformada por organizaciones provenientes de diversos ámbitos como la ganadería extensiva, el consumo, el medio ambiente, la justicia social, la producción ecológica, la nutrición, el bienestar animal y el desarrollo rural.
