Las medidas del RD-ley 13/2020 para favorecer la contratación temporal de trabajadores agrícolas para las campañas de recogida de fruta y hortalizas, que se inician este mes, han sido acogidas con disparidad de criterios. Aunque, por lo general, son valoradas, algunos consideran que no serán fáciles de aplicar, ni suficientes, y que sería necesario, como recomendó la CE, facilitar la contratación de temporeros foráneos.
Dispar valoración de las medidas para favorecer los contratos de trabajadores en el campo
Así, la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX) valora la aprobación de estas medidas, aunque considera que serán «insuficientes» para hacer frente a toda la demanda de temporeros que necesita el sector.
En declaraciones a EFEAgro el secretario general de FEPEX, José María Zalbidea, valoró la rápida respuesta del Gobierno para solucionar el problema de mano de obra en las campañas de fruta de hueso, ajo y cebolla, pero tememos que el resultado no va a ser el esperado por el sector», ha afirmado.
«Ojalá me equivoque», aseguró, «pero soy escéptico en que se puedan conseguir los 25.000 temporeros que hacen falta solo en Lleida en los próximos siete meses para los trabajos de recolección y aclareo en el sector de fruta de hueso con personas de otros sectores que estén cobrando la prestación por desempleo.
Zalbidea reconoció que las labores del sector hortofrutícola «requieren ciertas condiciones físicas», ya que es un trabajo muy intenso, lo que puede ser un hándicap para que se produzca un mayor acercamiento de personas que cobran el desempleo de otros sectores ajenos a la agricultura.
Sobre la medida de ampliar el visado de trabajo a los migrantes de temporada con contratos en origen, como por ejemplo las 7.000 temporeras marroquíes que trabajan en la fresa de Huelva, indicó que, a su juicio, las medidas adoptadas no habilitan que se puedan trasladar a otras regiones productoras a partir del 30 de junio.
Respecto a la contratación de jóvenes de entre 18 y 21 años de terceros países en situación regular, el secretario general de FEPEX cree que el campo puede «ser una salida para ellos», aunque ha mostrado su temor a que, en muchos casos, ésta «no sea su prioridad», y más si no han trabajado en el sector agrario.
En cuanto a que el criterio de proximidad de la normativa, recordó que muchas empresas hortofrutícolas están implantadas en varias regiones y la costumbre era trasladar la misma cuadrilla de un lugar a otro. En este sentido, pidió al Gobierno «implemente las directrices de la Comisión Europea relativas a la libre circulación de trabajadores».
De esta forma, según indicó se pondría en marcha «un corredor de trabajadores europeos, con todas las medidas de prevención y seguridad», que posibilite la llegada de temporeros de otros países comunitarios que ya han realizado otros años labores de campañas hortofrutícolas en España.
Según los cálculos de esta Federación, el sector de frutas y hortalizas requerirá en el mes de abril más de 16.000 trabajadores adicionales a los ya existentes, en torno a 18.000 en el mes de mayo, 28.000 en el mes de junio, 21.000 en julio, 28.000 en agosto y 15.000 en el mes de septiembre.
Ampliar posibilidades
Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, felicitó al ministro de Agricultura, Luis Planas, por la aprobación del citado RD-ley, ya que recogen muchas de las propuestas que le fueron trasladadas al ministro y su equipo en los últimos días, fruto de la interlocución permanente que mantienen desde la declaración del estado de alarma como consecuencia del Covid-19.
Para Cooperativas, estas contrataciones temporales, compatibles con prestaciones públicas por situaciones de desempleo, ERTES, renta agraria de trabajadores eventuales del REASS y otras, amplían notablemente las posibilidades de disponer de la mano de obra necesaria para los trabajos agrarios de las próximas semanas en las que se va a ir generalizando la recolección en sectores tan importantes como las frutas y hortalizas, que corrían el riesgo de perderse ante la falta de mano de obra.
Cooperativas también valora que estas medidas permitan que colectivos que se encuentran fuera del mercado laboral o en situación vulnerable puedan acceder a esta actividad y mejorar su renta con ingresos adicionales.
Esperamos que la gestión se desarrolle de forma ágil y las campañas agrícolas puedan llevarse a cabo con la mayor normalidad, a pesar de las circunstancias excepcionales del momento.
Cooperativas Agro-alimentarias de España quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la sociedad, y reiterar que los productores y las cooperativas de este país continúan trabajando con normalidad produciendo como siempre, alimentos sanos y seguros. La producción agrícola y ganadera es clave para abastecer a la industria y la distribución agroalimentaria y atender las necesidades de alimentos de la población española y europea.
Mano de obra bienvenida
Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA valoraron también los esfuerzos del Gobierno para facilitar la contratación agraria de parados para evitar la falta de mano de obra por las restricciones a la movilidad impuestas por la crisis del coronavirus.
Después de que el Ejecutivo anunciara que se permitirá compatibilizar el cobro de subsidios como el del paro y el trabajo temporal, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, indicó que «toda mano de obra es bienvenida».
«En un país donde vamos a llegar a cifras de algunos millones de parados o desempleados, que tengamos que coger a parados y que no pierdan la prestación nos tendría que hacer reflexionar», advirtió.
Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, consideró «positivo» que el Gobierno flexibilice la contratación agraria de parados ante la falta de temporeros en el campo.
La medida «es absolutamente necesaria para la recogida de fruta dulce, fruta de hueso y hortalizas. Se debe priorizar el empleo de proximidad para evitar problemas de movilidad y alojamiento», afirmó Blanco, subrayando que «no puede quedar ninguna cosecha en el campo» si se quiere garantizar la alimentación en la actual crisis por el coronavirus.
Por último, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, también se mostró a favor de la acción del Gobierno para aumentar la disponibilidad de mano de obra en el campo. «No hay un problema real en estas fechas pero sí que puede haberlo en 15 o 20 días», afirmó Ramos, para quien puede ser «una solución importante» recurrir a trabajadores de otros sectores que están en paro.
Riesgos
A su vez, los sindicatos UGT y CCOO advirtieron que existe el riesgo de que no haya suficientes interesados en trabajar en el campo durante las campañas de recolección, debido a los bajos salarios, incluso aunque se permita a los parados simultanear el cobro del subsidio con estos ingresos.
Portavoces de ambos sindicatos coincidieron en declaraciones a EFEAgro en valorar las medidas aprobadas por el Ejecutivo, aunque consideran que pueden «quedarse cortas» y lamentan que no se haya aprovechado la oportunidad para regularizar -aunque fuera temporalmente- el trabajo realizado por los miles de «sin papeles» empleados en este tipo de campañas de forma ilegal.
«Encontrar gente para trabajar va a depender de qué salario se les pague. Si se abona un precio por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -de 950 euros al mes- seguramente ni los trabajadores que estén cobrando otros subsidios como el de desempleo querrán ir», afirmó el responsable del Sector Agrario en UGT, Emilio Terrón.
Terrón recordó que desde los sindicatos denuncian desde hace años que una práctica habitual en el campo es pagar sueldos por debajo de lo estipulado, sin cumplir con la normativa, y de hecho critican que todavía haya convenios en vigor a nivel provincial con salarios que no llegan al mínimo establecido.
Veremos si ahora, cuando tendrán que ser españoles, en vez de extranjeros, los que recolecten la fruta -debido a las restricciones a la movilidad impuestas para frenar la propagación del coronavirus-, aceptarán cobrar 38 o 40 euros al día en vez de los 48 que se debería recibir», advirtió.
Además, Terrón opinión que habría sido útil permitir también a los afectados por algún Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) sumarse a estas campañas, algo que por el momento el Gobierno descarta.
«Se ha perdido la ocasión de dar una oportunidad a las personas que viven en asentamientos, que llevan muchos años en España sin papeles y sacarles de la economía sumergida», añadió
Desde Comisiones Obreras (CC.OO.) su responsable para el Sector Agrario, Javier Velasco, reconoció que el decreto del Gobierno incluye varias de las medidas propuestas por el sindicato y respaldó la decisión de no permitir el acceso a esos puestos de trabajo a los afectados por algún ERTE.
No obstante, lamentó que se haya desoído su petición de regularizar a «muchos trabajadores que trabajan en el campo sin contrato, que no tienen papeles y que viven por la zona», a menudo en asentamientos ilegales.
«Es posible que pese a estas medidas no se alcance el número de personas necesarias para la recolección. A ver quién quiere trabajar en el campo por unos siete euros la hora, que estamos hablando de un trabajo exigente a nivel físico y con el sueldo mínimo», argumentó.
Ambos sindicatos resaltaron cómo los cálculos del Ejecutivo han reducido casi a la mitad el número de trabajadores que necesita el campo en estas fechas: la semana pasada se hablaba de 100.000 a 150.000 y ahora la cifra se sitúa entre los 70.000 y los 80.000.
La exigencia de que los contratos sean por escrito y que el pago del salario se realice por transferencia bancaria son puntos positivos del decreto, de acuerdo con estas mismas fuentes sindicales, que apuntaron que ayudarán a minimizar las prácticas irregulares.
