Es la primera vez que el sector agrario y agroalimentario cuentan con una herramienta de estas características, denominada instrumento financiero de gestión centralizada y Castilla y León se convierte, así, en la primera Comunidad Autónoma con una medida cuyo fin es favorecer la incorporación de jóvenes agricultores, la modernización de explotaciones y la inversión industrial en el medio rural.
Mapama y Junta de Castilla y León firman el primer acuerdo sobre el Instrumento Financiero
La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, firmó en la tarde del pasado 31 de octubre con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y el presidente de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), José Ramón Bujanda, el acuerdo mediante el cual se pone en marcha el instrumento financiero (IF) del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla y León.
Se trata de una herramienta que, según la Consejería de Agricultura regional, permitirá ofrecer al sector agrario y agroalimentario 523 millones de euros hasta 2023 en préstamos con condiciones especiales y que están garantizados con fondos públicos. Y, además, teniendo en cuenta que estos préstamos se devolverán y podrán, de nuevo, concederse y utilizarse, lo que permitirá triplicar este importe por el efecto multiplicador.
Este nuevo instrumento, que estará dotado con 90 M€ (de los cuales 56,7 millones los aporta el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), 23,3 millones la Junta regional y otros 10 millones el Mapama), tendrá como objetivo favorecer la inversión en el sector agrario y agroindustrial y, por tanto, en el medio rural.
Es la primera vez que el sector agrario y agroalimentario, en su conjunto, cuenta con una herramienta de estas características y Castilla y León se convierte, de esta manera, en la primera Comunidad Autónoma de España que dispone de esta medida financiera y una de las primeras de Europa.
A partir de ahora, será el Mapama el responsable de aplicar este modelo en otras CC.AA. que muestren interés.
Con esta herramienta, la Junta de Castilla y León apoyará proyectos de inversión a través de préstamos que concederán las entidades financieras a los agricultores, ganaderos e industrias con condiciones especiales, préstamos que estarán garantizados con fondos públicos de este instrumento.
Se trata, de esta manera, de favorecer principalmente la incorporación de jóvenes con explotaciones competitivas y de impulsar la modernización de explotaciones agrarias y la inversión industrial en el medio rural, aprovechando la materia prima y teniendo en cuenta la Agenda Agroalimentaria +50, que desarrollará la Consejería de Agricultura y que marcará las orientaciones de planificación agroindustrial a medio y largo plazo. Una estrategia asociada a la nueva demanda de alimentos que prevé la FAO a nivel mundial en el horizonte 2050, según la cual se precisarán aumentos de la producción actual en 200 Mt de carne y 900 Mt de cereales.
Acceso a la financiación
Antes de poner en marcha este IF, la Junta regional y el Mapama han llevado a cabo una evaluación ex ante de la situación de mercado que afecta al sector agrario y agroalimentario. Esta evaluación ha detectado que es un sector dinámico, que apuesta por la inversión y por su competitividad, pero que es necesario apoyar con garantías para mejorar el acceso a la financiación de las entidades privadas.
La Consejería de Agricultura cuenta ya con líneas específicas de apoyo a proyectos inversores en el sector agrario y agroalimentario a través de ayudas a fondo perdido. Son subvenciones a la modernización de explotaciones agrarias, a las inversiones en la incorporación de jóvenes agricultores y también a proyectos que presentan los empresarios de la industria alimentaria.
Así, los presupuestos para 2018 recogen ayudas a fondo perdido para el conjunto de proyectos en explotaciones agrarias con más de 39,6 M€ y para la industria alimentaria con más de 33,8 millones. Pero estas subvenciones, que solo pueden concederse hasta un porcentaje de la inversión, necesitan financiación privada para afrontar la totalidad de la inversión. Esta financiación privada normalmente es obtenida con préstamos de entidades financieras que requieren garantías para que sean concedidos.
Por ello, es en esta parte donde se incorpora el nuevo apoyo a través del Instrumento Financiero (IF), con la aportación de las garantías. Este instrumento garantizará el 20 % del conjunto de la cartera de operaciones que puedan realizarse y, en el caso de que sea una operación individual, el 80 %. En consecuencia, las entidades financieras aportarán el 80 % de la garantía de la cartera y el 20 % en operaciones individuales.
Esta financiación se transferirá, de forma progresiva y según se vaya utilizando a un fondo que gestionará la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA), empresa pública española tutelada por el Mapama, que actuará como intermediario financiero en la gestión del IF y realizará los análisis de riesgo de las operaciones y que formalizará, con las entidades financieras, las garantías de los préstamos a los proyectos para los que se haya solicitado apoyo a la garantía
Dotación inicial
Inicialmente se hará una dotación al fondo de 22,1 M€, importe que figura en los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Esta cuantía permitirá préstamos superiores a los 128 M€ el próximo año.
Para ello, la Consejería aprobará una convocatoria abierta para que se puedan solicitar las garantías en préstamos hasta este importe global. Las peticiones se podrán presentar directamente en las entidades financieras.
En esa primera convocatoria, 39 M€ de préstamos irán destinados a proyectos en explotaciones agrarias y para inversiones de jóvenes agricultores. El resto, 89 millones, serán para proyectos industriales alimentarios y forestales.
El catálogo de préstamos que se ofrecerán en un principio será de una duración de 5, 8, 10 y 12 años de vida, contemplándose la posibilidad de uno o dos años de carencia. Estos préstamos serán compatibles, además, con las subvenciones a fondo perdido ofrecidas por la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Objetivo del IF
Tras la firma, la ministra García Tejerina destacó que el objetivo de este instrumento es que todos los agricultores, ganaderos y selvicultores de España se beneficien de unas mejores condiciones de financiación. En particular, la ministra se refirió a las facilidades que este instrumento proporciona a los jóvenes para que puedan tener acceso al crédito.
Asimismo, García Tejerina explicó que este IF ha sido incorporado como un elemento novedoso en la programación comunitaria de fondos europeos para el periodo 2014-2020. Debido a su gran potencial, España lo incorporó en 2015 en el Marco Nacional de Desarrollo Rural, con el objetivo de impulsar su puesta en marcha y utilización.
Entre sus principales características, la ministra destacó su flexibilidad, ya que permite que cada comunidad autónoma decida cómo, cuándo, cuánto y a qué finalidad destina esta herramienta de financiación. Se trata, añadió, de una política netamente territorial, que permite y propicia un enfoque nacional cuando hay voluntad de acuerdo para defender los intereses de los agricultores.
Inversiones viables
Por lo demás, García Tejerina detalló que con el IF se apoyan inversiones viables, mediante una herramienta alternativa que se suma a las subvenciones. Además, permite reutilizar los recursos inicialmente aportados para constituir fondos en la concesión de garantías de nuevas operaciones de crédito.
Al mismo tiempo, facilita a los agricultores, ganaderos y selvicultores el acceso a fondos para poder desarrollar sus proyectos y, de esta manera, conseguir una mejora clara en sus estructuras productivas.
Según comentó, este acuerdo se ha alcanzado tras dos años de intenso trabajo con la Comisión Europea y se firma en primer lugar con Castilla y León, aunque hay varias comunidades autónomas que han mostrado su interés en suscribirlo, como Castilla-La Mancha y Extremadura. La ministra espera que esta primera firma sea el inicio de “una productiva andadura”.
Precisamente, el 16 octubre, (BOE, de 27 de octubre de 2017) , la Dirección General de Desarrollo Rural del Mapama y SAECA firmaron un convenio para regular las condicionesde gestión y ejecución del Instrumento Financiero de gestión centralizada de adhesión voluntaria, previsto en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
El texto es el que sigue: