El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y Antonio Prieto, portavoz de UPA-UCE, comparecieron ayer ante los medios de comunicación para valorar las últimas novedades informativas sobre la investigación de UPA-UCE aparecidas este fin de semana en la prensa regional. Tras las revelaciones de que el asesor contable, fiscal y laboral robó durante años a la organización, Ramos lamenta que el autor confeso de un delito “muy serio” esté libre mientras los dirigentes Huertas y Alcón permanecen en prisión cuando “ha quedado demostrado que el trabajo está hecho”.
El asesor de UPA-UCE robó durante años a la organización agraria
Desde UPA se han mostrado “indignados” de que el autor confeso de haber robado alrededor de 400.000 euros a la organización entre los años 2008 y 2015 haya quedado en libertad: “No entendemos que este sea el único delito que se ha demostrado que se ha cometido y que esta persona esté en libertad. Mientras tanto, los dirigentes de UPA-UCE siguen en prisión preventiva”, incide Lorenzo Ramos.
Para UPA-UCE, Apolo tenía acceso a todas las cuentas de la organización por la responsabilidad que ostentaba dentro de la misma, por lo que queda demostrado que abusó de la confianza depositada en él para lucrarse a nivel personal, tal y como ha reconocido en sus declaraciones ante la jueza.
Por su parte Antonio Prieto señala que en su momento se contrató a Apolo para contar con alguien experto en la organización que conociera bien el plano contable, fiscal, laboral y financiero: “Si la persona que contratas para eso te dice que es legal, no lo pones en duda”, hace hincapié Prieto.
Respecto al acuerdo al que se llegó con el exasesor, Ramos y Prieto señalan que ellos no conocen los términos del mismo puesto que no estuvieron presentes en las reuniones en las que se negoció; pero que la decisión de no denunciar se tomaría para “intentar recuperar lo que nos había robado”.
Ramos recalca que “no se ha demostrado que UPA-UCE haya cometido ningún delito” ya que la organización puede demostrar que “los expedientes de asesoramiento se han realizado”. Desde UPA reiteran que las ayudas han sido supervisadas por la Administración: “Todos los requisitos de la convocatoria se han cumplido”. También la exigencia de un gabinete técnico específico para llevar a cabo las asesorías a los agricultores.
En este sentido, Ramos lamenta el trato de la Guardia Civil en este caso: “El trato que han recibido nuestros trabajadores por parte de la Guardia Civil ha sido bochornoso”. También denuncian las declaraciones a la prensa de la institución, en las que se expresaba que cuando se les llamó se les informó de que iban a ser detenidos: “Eso es mentira, se les llamó para declarar”.
Desde UPA-UCE exigen justicia con la organización y con sus dirigentes: “Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario, pero con los datos que tenemos encima de la mesa no hay ningún motivo para que nuestros compañeros sigan en prisión”.