La Jornada "El Seguro Agrario ante el desafío del cambio climático", organizada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y celebrada este 19-N en el Ministerio de Agricultura dejó al descubierto la necesidad, por no decir la obligación, de todos los agentes que intervienen directa o indirectamente en el sistema español de seguro de adaptarse al nuevo escenario de la variabilidad y la incertidumbre climática.
El cambio climático pone en riesgo la solvencia y sostenibilidad del sistema y de los agentes del seguro agrario
El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, que inauguró la jornada, defendido un incremento continuado y sistemático del presupuesto destinado a los seguros agrarios en los próximos años e instó a reflexionar y debatir sobre las repercusiones del cambio climático en esta herramienta clave de gestión del riesgo para garantizar la viabilidad de las explotaciones agroganaderas, silvícolas y acuícolas.
Planas afirmó que, aunque los riesgos derivados de este fenómeno no son nuevos y ya se encuentran cubiertos por el actual sistema, sí ha aumentado el grado de incertidumbre, al preverse un aumento de la frecuencia y la intensidad con la que se producen los daños.
España, por su situación geográfica, presenta una elevada variabilidad climática y es especialmente vulnerable al cambio climático. Fenómenos como sequía o inundaciones, cada vez más frecuentes, afectarán a la viabilidad de las explotaciones. De hecho, durante la última década se han registrado los tres años de máxima siniestralidad desde que se puso en marcha el seguro, hace más de 40 años, en referencia a 2012, 2017 y 2018.
La gran variabilidad climática a la que se encuentra expuesto el sector agrario en España se incrementará en el futuro, según los informes científicos, por lo que hay que asegurar la sostenibilidad del sistema para que siga siendo un instrumento clave de apoyo a las rentas de los productores en momentos críticos por los daños producidos en las explotaciones por fenómenos naturales adversos.
Con el aumento de la siniestralidad surgen una serie de consecuencias que hay que abordar con “absoluta transparencia” por todos los actores que conforman el sistema de seguros agrario para garantizar su solvencia y su propia sostenibilidad.
El ministro afirmó que, en esta situación, los asegurados tendrán que hacer frente a la adecuación de las primas (una forma de decir, en otros términos, que tendrán seguramente que afrontar subidas de su coste); el MAPA y las CC.AA. tendrán que contar con mayor dotación presupuestaria para ayudar a los productores a suscribir las pólizas de seguros; el Consorcios de Compensación de Seguros tendrá que contar con un nivel de reservas adecuado; y las entidades aseguradoras tendrán que compatibilizar el mantenimiento de su nivel de solvencia, con la oferta de primas a un precio asequible para el asegurado.
Además, añadió Planas, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), en coordinación con todos los integrantes del sistema, tendrá que rediseñar líneas de seguro para adaptarlas a las nuevas circunstancias, sobre todo, las derivadas de la incidencia del cambio climático.
Validez y vigencia
En líneas generales, se defendió la vigencia del actual sistema español de seguros agrarios, que es muy valorado en Europa y que ya cumplió 40 años a finales del pasado año, pero también se vio la perentoria necesidad de introducir cambios y modificaciones para adaptarlo a los efectos que ya están viendo del cambio climático en los últimos años, sobre todo en estos tres últimos, con adversidades climáticas extremas de sequía y pedrisco extensas e intensas sobre el territorio.
De hecho, se vino a decir que es necesario hablar ya de una gestión integral de los riesgos e la agricultura, en el que el seguro agrario juega un papel importante y determinante, pero que no debe ser la única herramienta, ni la única garantía para afrontar los peligros y amenazas del cambio climático en este sector.
También se vio necesario un mayor esfuerzo de transparencia para comunicar y explicar las modificaciones que se vayan a introduciendo y se pidió igualmente una mayor coordinación y compromiso entre todos los agentes que participan del sistema (MAPA/Enesa, organizaciones agrarias y cooperativas, Agroseguro, Consorcio de Compensación de Seguros, CC.AA., etc.) en la búsqueda de las soluciones y de las adaptaciones necesarias del mismo.
Desde Agroseguro se estima que 2019 concluirá con unas indemnizaciones de alrededor de 616 millones de euros, algo menos que los más de 700 millones de los dos años anteriores 2017, por sequía y 2018 por pedrisco, principalmente), lo que obligará a tener que acudir al reaseguro para cubrir la diferencia entre ingresos por primas e indemnizaciones.
La primera parte de la Jornada se disertó sobre el impacto y la adaptación de la producción agraria al cambio climático: sobre tendencias, variabilidad e incertidumbre, a cargo de Margarita Ramos, del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (Ceigram-UPM), en el que se dio ejemplos de cómo el sector agrario ya está tratando de adaptarse a los cambios del clima.
En esta línea, Mónica Sánchez Bajo, de la Subdirección General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para la Transición Ecológica hizo referencia al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y a las consecuencias y amenazas de ese cambio en los diferentes sectores, a la vez que ya se está preparando un nuevo plan para el periodo 2021-2030 para los próximos meses, que incluirá ya medidas concretas de acción.
Por su parte, Joaquín Manuel Rodríguez Chaparro, de la SG de Agricultura y Alimentación del MAPA, reafirmó el hecho de que el sector agrario no solo sufre, sino que también es causa del cambio climático, y que hay que actuar en ambos ámbitos, a pesar de que la actividad agraria solo podrá realizar un esfuerzo de adaptación y mitigación, no de eliminación, de este cambio, compensándolo con su importante labor de sumidero. Al respecto, imbricó el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC), las conclusiones del Acuerdo de París (COP21 de 2015) y del informe IPPC (agosto 2019) con el Plan Estratégico de la futura PAC (PEPAC), que está en fase de elaboración y que deberá tenerlas en cuenta en sus objetivos.
Seguro y cambio climático
Entrando en materia, las intervenciones de los representantes del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) del Ministerio de Economía y Empresa, Francisco Espejo Gil, de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro),Inmaculada Poveda, y de las organizaciones agrarias, Pablo Resco (COAG) coincidieron en que el cambio climático supone un paradigma para el futuro del sistema de seguros agrarios, que obligará a adaptaciones (cambio continuo) ante la constatación de adversidades climáticas (más lentas, pero constatables) e hidro-meteorológicas (extremas y limitadas en el tiempo) tanto de propio sector que transfiere los riesgos a cambio del pago de una prima, como a las empresas públicas o privadas que gestionan esa transferencia.
Para el CCS es necesario que el sistema asegurador se dote de mecanismos de estabilidad y suficiencia financiera para que pueda sobrevivir, adaptándose a los cambios que sean necesarios.
Para Agroseguro, la tendencia creciente y cada vez más frecuente de los fenómenos meteorológicos adversos, que obliga al pago de mayores indemnizaciones a los asegurados, no puede poner en riesgo la solvencia y el equilibrio técnico del sistema de seguros agrarios.
Y, al respecto, las primas deben ser suficientes para abonar las indemnizaciones. Eso hace necesario que se eleve el presupuesto que subvenciona actualmente a los agricultores el 42% del coste total de las primas del seguro, por parte del MAPA (30%) y de las CC.AA. (12%).
En cualquier caso, se planteó que tanto el sector asegurador, como el sector agrario asegurado y la propia Administración, tendrán que adaptarse a este nuevo panorama y compartir riesgos, con una colaboración más constructiva de todos.
Desde el sector agrario, Pablo Resco (COAG) hizo referencia a que a la importancia del seguro agrario, pero también a las deficiencias y a las incongruencias del propio sistema para dar respuesta suficiente y válida a la diversidad de problemas y situaciones de los asegurados. De ahí, las numerosas quejas de agricultores y ganaderos ante el fuerte incremento de las primas y, en su caso, de las franquicias y, por el contrario, al descenso de garantías y coberturas que desaniman en muchas ocasiones la contratación de este insumo.
Abordar cambios
En la mesa redonda, en la que participaron el director de ENESA, José María García de Francisco; el presidente de la sectorial de Seguros Agrarios de Cooperativas Agro-alimentarias, Ignacio Molina; el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti; el subdirector de Seguros Agrarios del CCS, Domingo Varela, y el investigador del Ceigram, José María Sumpsi, se reafirmó la plena validez del sistema español de seguros agrarios, pero también la necesidad de abordar cambios y adaptaciones en este instrumento imprescindible, más si cabe ante este escenario complejo de cambio climático, donde parece claro que habrá un incremento de la siniestralidad, cuyo coste deberá ser compartido.
Al respecto, se pidió que se hiciese referencia no ya al seguro agrario, sino a una gestión integral del riesgo agrario, que se afinara más en la gestión de las primas de contratación para no desanimar aún más la contratación; que se explorasen vías de cofinanciación con la UE (segundo pilar de la PAC, Desarrollo Rural); que se potenciase la capacidad financiera del reaseguro ante los nuevos escenarios, etcétera.
También se hizo un llamamiento a una mayor transparencia informativa y a una mayor participación, colaboración, lealtad y compromiso por parte de los diferentes actores o agentes que intervienen en sistema asegurador.
