Los principales representantes del sector agrario valenciano -la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), La UNIÓ de Llauradors y la Federació de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat- han decidido unir sus fuerzas para exigir al Ministerio de Hacienda que rectifique la reciente Orden que establece la mejora fiscal para las tributaciones de carácter agrario correspondientes a 2016 e incluya en un nuevo texto legislativo a los alrededor de noventa pueblos que, en uno u otro cultivo, han sido excluidos de la rebaja de módulos de forma arbitraria e injusta.
El campo valenciano exige la inclusión de noventa pueblos y cultivos marginados de la mejora fiscal
Los presidentes de AVA-ASAJA, La UNIÓ de Llauradors y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias –Cristóbal Aguado, Ramón Mampel y Cirilo Arnandis, respectivamente- han remitido un escrito a los ministerios de Hacienda y Agricultura, así como al departamento agrario de la Generalitat Valenciana y a la Delegación del Gobierno, en el que se detalla el agravio comparativo al que se han visto sometidos gran número de localidades y cultivos y se insta a las administraciones, a cada uno en el ámbito de actuación que le corresponde, a rectificar los errores detectados antes de que concluya el plazo de presentación de las declaraciones de la renta el próximo 30 de junio.
«Y es que, efectivamente, la discriminación que han sufrido determinados términos municipales y ciertos cultivos resulta incomprensible porque todos ellos padecieron con igual rigor que otras zonas que sí se han visto beneficiadas por la reducción fiscal los devastadores efectos de incidencias climáticas como la sequía, el granizo, la gota fría o el viento. Resulta difícil de entender que, por citar sólo alguno de los casos más llamativos, localidades con tanto peso en la citricultura valenciana como Gandia o Xàtiva, o territorios tan eminentemente vinícolas como Utiel, Requena y Pinós, o que poblaciones donde el caqui tiene un protagonismo tan indiscutible como en L´Alcudia, Carlet, Algemesí o Alzira, o productos que incluso cuentan con su propia denominación de origen (DO) como la alcachofa de Benicarló hayan sido marginadas por el decreto que el Ministerio de Hacienda publicó».
En la carta que los máximos representantes del sector agrario valenciano dirigen a los responsables políticos de los departamentos del Gobierno central y autonómico ya citados se incluye como documento adjunto una completa relación de los municipios y cultivos discriminados.
Las organizaciones agrarias y las cooperativas entienden que «la responsabilidad del desatino que supone la orden gubernamental para la rebaja de módulos es compartida por los dos ministerios y por la conselleria, ya que la publicación de dicha orden corresponde a Hacienda, pero para su elaboración se basa en el informe previo que le traslada el Ministerio de Agricultura, informe que se basa a su vez en los datos que le aporta la Conselleria de Agricultura». Por ello, y con el objeto de conocer el origen de los errores que han desembocado en tantos olvidos incomprensibles, y tremendamente perjudiciales para la renta de cientos de agricultores, AVA-ASAJA, La UNIÓ y la Federació de Cooperatives Agro-alimentàries han solicitado a la Conselleria que les remita el informe en cuestión.
