La reforma de la Ley 12/20132 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que entre sus novedades prohíbe la denominada “venta a pérdidas”, superó este jueves 2 de diciembre su último debate en el Congreso de los Diputados.
El Congreso de los Diputados aprueba el texto definitivo de la reforma de la Ley de la Cadena Agroalimentaria
La Cámara Baja aceptó casi todas las enmiendas que se habían introducido en el Senado, muchas de ellas eran correcciones técnicas, dando revisión así en segunda lectura al proyecto de ley presentado por el Gobierno.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, expresó en el Pleno del Congreso de los Diputados su agradecimiento a los grupos parlamentarios por la tramitación de esta ley, que, a su juicio, supone «un antes y un después en la regulación de la cadena agroalimentaria».
En declaraciones a los medios, Planas aseguró que la reforma es «la más importante» que se aprobará en esta legislatura para el sector agrario y agroalimentario, si bien aún se necesitará un tiempo para ver sus efectos, porque se trata de «un cambio de cultura (en las relaciones comerciales) muy profundo».
Entre los objetivos, Planas mencionó los de lograr más transparencia en la formación de los precios a lo largo de la cadena agroalimentaria; un mayor equilibrio entre los distintos eslabones en la formación del valor y mejores instrumentos de negociación para el primer eslabón de la misma, los agricultores y ganaderos, frente a los eslabones siguientes.
Según Planas, “eso no va a garantizar que todos los problemas del sector agrario y agroalimentario queden resueltos, pero es un instrumento prioritario para tener relaciones comerciales a la altura del siglo XXI».
El ministro volvió a recordar que en una primera reforma de la Ley 12/2013, en 2020, se introdujo la obligación de incluir en los contratos, obligatorios para las transacciones de más de mil euros, la indicación de que el precio pactado entre los operadores cubre los costes de producción.
La norma votada por el Congreso de los Diputados, tras un año de tramitación, traspone la Directiva europea sobre las prácticas comerciales desleales en las relaciones que existen entre empresas del sector agroalimentario.
Asimismo, quedan finalmente contempladas en la revisión normativa situaciones específicas como la del plátano de Canarias o la posibilidad de que las cooperativas sustituyan el contrato obligatorio de suministro por la fijación de plazos y términos de pago a los socios productores, así como que en la primera venta en las lonjas de pescado la factura juegue el papel del contrato.
Aún insuficiente
La mayor parte de los grupos parlamentarios de la Cámara Baja consideró que la reforma legal no es todavía suficiente para atajar los problemas de la cadena alimentaria, por lo que no se descarta que haya que volver a modificarla de nuevo más adelante, si no cumple en la realidad con los objetivos perseguidos.
Así, en el debate de las enmiendas, el diputado socialista, Juan Francisco Serrano, destacó que se trata de una «reforma protectora, garantista, de alto calado social y que supera la lógica del más fuerte, pues viene a colmar las aspiraciones colectivas de un sector que ha tenido una reivindicación histórica, como es la de reclamar precios justos en el campo.”
Por su parte, el parlamentario del Partido Popular, Joaquín García Díez, acusó al Gobierno de no buscar el consenso con otros grupos, negando que la modificación legislativa vaya a servir para acabar con la “venta a pérdidas” y para contemplar los costes de producción del sector agrario”, dos promesas que, afirmó “se verán incumplidas».
A su vez, Ricardo Chamorro (Vox) fue crítico con la «falta de ambición nacional para defender al sector primario, frente a las importaciones de países terceros que lo están «destruyendo», mientras que Isabel Franco (Unidas Podemos) destacó que se aprueba «una de las mayores esperanzas de los productores para lograr precios justos», aunque añadió “toca ahora aplicarla y desarrollarla con urgencia, valentía y rigor».
También los diputados catalanes de ERC, Xavier Eritja, y del PDeCat, Concep Cañadell, lamentaron que finalmente no se hayan incluido sus enmiendas sobre la posición de dominio como causa de desequilibrio en la cadena alimentaria.
Por parte del parlamentario del BNG, Néstor Rego, se señaló que “los productores siguen «indefensos«, algo similar a lo que afirmó María del Carmen Martínez (Ciudadanos), que insistió en que los agricultores siguen quejándose, porque «una ley pensada para protegerlos les vuelve a dejar sin herramientas», dado que “la fijación del coste efectivo de producción por sí mismo no soluciona los problemas».
Por último, el diputado del PNV, Joseba Agirretxea, anunció la abstención de su grupo a las enmiendas, tras reprochar que la norma le deja «un sabor agridulce» porque, a su juicio, “persisten los mismos problemas de la cadena que antes de la reforma.”
