El “dumping climático”, una preocupación más para los agricultores europeos frente a la competencia exterior. Christiane Lambert Presidenta del COPA
El “dumping climático”, una preocupación más para los agricultores europeos frente a la competencia exterior.
La agricultura europea se encuentra entre las más eficientes y avanzadas del mundo en cuanto a su compromiso con el clima y el medio ambiente, y sabemos que esto sólo irá a más con las ambiciones del “Pacto Verde”. El futuro de nuestros agricultores dependerá (también) de un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono con fronteras realistas.
Por Christiane Lambert Presidenta del COPA.Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA).
Como profesionales del sector, somos y seremos los primeros a los que afecta el cambio climático. Asimismo, nos hemos comprometido a que Europa sea climáticamente neutra de cara a 2050, mediante la reducción de nuestras emisiones, la producción de biocombustibles y, sobre todo, el aumento del “sumidero de carbono” que supone la agricultura.
Muy a menudo se pasa por alto que en la producción de los alimentos que consumimos, el sector agrícola ya cumple, y por sí solo, este cometido de almacenamiento de carbono en pro de toda la sociedad.
Tal vez los medios de comunicación no se hagan eco de ello, pero en toda Europa se están poniendoen marcha proyectos de este tipo, incluso teniendo en cuenta la disminución de los ingresos de la producción agrícola.
Por supuesto, todo voluntario que se ofrezca para luchar en la primera línea de una revolución se expone al riesgo muy real de morir como un héroe. A medida que la agricultura se ha ido globalizando con los años, los productores europeos de cultivos herbáceos se han visto obligados a vender su grano a precios globalizados, ya que el mercado europeo está completamente abierto.
Uno de los principales riesgos a los que tendrá que enfrentarse nuestro sector agrícola como consecuencia del Pacto Verde Europeo es el “dumping climático” de los países que voluntaria o involuntariamente avanzan más lentamente en la puesta en práctica de una agricultura más ecológica.
En materia de cereales y oleaginosas, la principal competencia proviene de Rusia, Ucrania, Brasil y Argentina. Tomar medidas contra el calentamiento global en Europa es una cosa, pero convencer a nuestros socios comerciales de que se comprometan con la misma rapidez y firmeza es otra totalmente distinta.
Estoy convencida de que las importantes diferencias que existen en lo referente a los medios o las ambiciones para alcanzar los objetivos climáticos entre Europa y la competencia tendrá un efecto devastador para la agricultura europea.
Es así que se da lugar a la fuga de carbono. De esta manera, nuestra agricultura acabaría siendo ese héroe muerto: sólo produciría volúmenes limitados de alimentos de alta gama, mientras que a la producción de alimentos básicos la sustituiría la de alimentos producidos en otros lugares , en los que no se aplican las mismas limitaciones que tanto nos cuestan y sin ganar nada en cuanto a la consecución de los objetivos climáticos.
Mercado de carbono y política comercial
Por el contrario, si se les anima a hacerlo, todos los agricultores del mundo podrían contribuir a este nuevo cometido climático y es aquí donde entran en juego el mercado del carbono y la política comercial.
En este contexto, apoyamos la idea de que se establezca un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono para los productos agrícolas, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones.
El principio es sencillo: la imposición de una tasa por el carbono, que contienen los productos importados, evitaría la deslocalización de la producción a países con requisitos menos estrictos. Cuando la ponemos por escrito, la medida parece obvia, pero la realidad es mucho más compleja, ya que comprende la política climática europea y las normas comerciales internacionales.
Para concretar, sin entrar en demasiados detalles, el principal mecanismo de la política climática europea es el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE; en inglés: ETS), que está en vigor desde 2005 y obliga a nuestras principales industrias a pagar un precio por cada toneladade dióxido de carbono que emitan.
Este régimen, que no se aplica a la agricultura, es objeto de críticas porque, para evitar la fuga de carbono, es decir la fuga que ocurre al deslocalizarse nuestras refinerías o acerías, se otorgan derechos de emisión gratuitos, lo que hace bajar el precio de los derechos en el mercado europeo del carbono y, por tanto, la eficacia de la política climática.
Para salir de este círculo vicioso, Europa estudia en la actualidad la posibilidad de suprimir los derechos de emisión gratuitos y sustituirlos por el Mecanismo de Ajuste en Frontera de las emisiones de carbono (en inglés: CBAM) por el cual las empresas extranjeras que exporten productos a la UE pagarían también el mismo precio por los derechos de emisión que en el mercado europeo, en función del carbono emitido durante el proceso de producción. Con esto se daría una doble ventaja: contribuir a la financiación de la política climática y evitar la competencia desleal y las fugas de carbono desde Europa.
El Mecanismo de Ajuste en Frontera de las emisiones de carbono se considera un complemento al régimen ETS, al que está estrechamente vinculado. Por ello, según los planes europeos, se aplicaría a todas o algunas de las industrias sujetas al RCDE y abarcaría el sector eléctrico y los sectores industriales de alto consumo energético, como la electricidad, el cemento, el acero, el aluminio, las refinerías de petróleo, el papel, el vidrio, los productos químicos y los fertilizantes, con lo que se excluiría, por lo tanto, a la agricultura.
Y si el Mecanismo de Ajuste en Frontera de las emisiones de carbono fuese a incluir a los productores de fertilizantes, pero excluyera a los agricultores, muy rápidamente la situación se volvería insostenible. Si el Mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono no se aplica a los productos agrícolas, tampoco debería aplicarse a los fertilizantes.
Los fertilizantes nitrogenados son el insumo más importante en la producción de cultivos y la principal partida de costes variables para nuestras explotaciones de cereales y oleaginosas.
Sin embargo, el precio de los fertilizantes ya es más alto en Europa que en otros lugares porque nuestro mercado de estos insumos está protegido por derechos de aduana y medida “antidumping”, que cuestan a los agricultores europeos 600 M€ al año.
Si a esto se añadiera un Mecanismo de Ajuste en Frontera, el precio de los fertilizantes se dispararía, aumentando aún más el coste de la producción agrícola en Europa, al tiempo que haría más competitivo y atractivo el uso de alimentos importados.
Doble castigo
En definitiva, aplicar el Mecanismo de Ajuste en frontera de las emisiones de carbono sólo a las principales materias primas para la producción de cultivos sería injusto y provocaría el efecto contrario al previsto, es decir, una fuga masiva de carbono de la agricultura europea.
En resumen, esto ejemplifica a la perfección el famoso “castigo doble” al que nos referimos que sufren los agricultores, que es difícil de justificar de cara a nuestros ciudadanos.
Me gustaría llamarles la atención sobre este punto esencial. O bien la agricultura y sus sectores derivados se incluyen en el futuro Mecanismo de Ajuste en Frontera de las emisiones de carbono, o bien han de excluirse también las actividades de suministro agrícola y, en particular, los fertilizantes nitrogenados, pues de lo contrario nuestra agricultura perderá toda competitividad.
Cuanto más complejo es un régimen y más frágil es su equilibrio, más debe escucharse a la comunidad agrícola en el seno de este debate, que promete ser esencial para la supervivencia de muchos sectores agrícolas, en especial la de los cultivos herbáceos.
Desde la perspectiva agrícola, el Mecanismo de Ajuste del Carbono en Frontera podría servir como una medida para evitar la fuga de carbono en todos los sectores agrícolas, siempre y cuando sea coherente con el sistema arancelario europeo y con las expectativas del sector agrícola.
Nuestra posición definitiva con respecto a esta propuesta dependerá en gran medida de la forma general, en la cual hayan quedado la concepción, la cobertura, la administración y las repercusiones legales.
Por ello, pedimos a los responsables políticos de la UE que lleven a cabo una cuidadosa evaluación de impacto, con el fin de que podamos disponer de todos los elementos de cara a lograr una concepción de esta herramienta política, que sepa ajustarse realmente a los intereses de los millones de agricultores de la Unión.
