El Consejo de Ministros aprobó este martes 8 de febrero, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), sendos reales decretos para adaptar la normativa nacional a las flexibilidades introducidas por la legislación comunitaria, con el fin de ayudar a viticultores y bodegas a afrontar las dificultades derivadas de la pandemia de Covid-19.
El Gobierno aprueba normas para flexibilizar las autorizaciones de plantación vitícola y las medidas del PASVE
Se trata de dos nuevas normativas que, por un lado, modifican el RD 1338/2018, de 29 de octubre, que regula el potencial de producción vitícola y, por otro, el RD 1363/2018, de 2 de noviembre de medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) 2019-2023.
En referencia al primero, los cambios al real decreto que regula el potencial de producción vitícola, prolongan hasta el próximo 31 de diciembre de 2022 la vigencia de las autorizaciones de nueva plantación y de replantación que caducaban en los ejercicios 2020 y 2021.
Con esta modificación se permite, además, según el MAPA, que los titulares de las referidas autorizaciones administrativas de nueva plantación y replantación, que no deseen beneficiarse de esta prórroga, puedan renunciar a las mismas sin ser, por el contrario, objeto de sanción administrativa. No obstante, para ello deberán comunicarlo antes del próximo 28 de febrero a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma que la concedió.
Por otro lado, para evitar discriminación con los titulares de autorizaciones que en 2021 ya hayan renunciado a las autorizaciones que vencían en 2020, éstos podrán retractarse de su declaración anterior. A tal fin, deberán hacerlo por escrito también antes del 28 de febrero de 2022, y beneficiarse de esta prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022.
Toda esta flexibilidad normativa se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021, lo que permitirá que la ampliación de la vigencia sea automática desde la entrada en vigor del Reglamento de Organización Común de Mercados (OCMA) el 7 de diciembre de 2021.
El objetivo último de esa normativa es impedir que los viticultores pierdan las autorizaciones que tienen concedidas, pero que no pudieron ejecutar en plazo por razón de la pandemia de la Covid-19.
Con el fin de que la pandemia no mermase los derechos de los viticultores, la incorporación a los nuevos textos legislativos para la Política Agraria Común (PAC), cuya trasposición a la normativa nacional para su aplicación se aprueba este 8 de febrero, fue defendida por España en Bruselas, durante el trascurso de las negociaciones para cerrar el correspondiente texto de la reglamentación europea.
Transición para el PASVE
El segundo real decreto, aprobado en Consejo de Ministros este martes 8 de febrero, permitirá a los viticultores acceder sin incidencias a las ayudas previstas en el vigente Programa de Apoyo (PASVE), garantizando una transición ordenada hacia la nueva Intervención Sectorial para el sector Vitivinícola, adoptada en el marco de la nueva PAC, una vez que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2023.
Asimismo, esta normativa incorpora las flexibilidades aprobadas para 2022 por la Unión Europea (UE), como consecuencia de la Covid-19, para las distintas medidas del PASVE, como la reestructuración y reconversión de viñedos, de inversiones en bodegas, de cosecha en verde y de promoción en terceros países.
De esta forma, añade el MAPA, se favorece el acceso a las ayudas a los viticultores y bodegas afectados por las incidencias causadas por la pandemia. Esta flexibilidad se aplicará a todas las solicitudes de pago, que se presenten a más tardar el 15 de octubre de 2022, cierre del ejercicio financiero comunitario.
El RD introduce, además, un periodo transitorio para poder abonar todas aquellas operaciones que hayan sido aprobadas dentro del marco del PASVE 2019-23, con presupuesto de la nueva Intervención sectorial del sector vitivinícola, dentro del Plan Estratégico de la PAC hasta 2025. Esta modificación afectará a todas las operaciones aprobadas antes del 31 de diciembre de 2022 y, como máximo, hasta el 15 octubre de 2025.
Esta regulación se aprovecha también para modificar la demarcación del apoyo a las inversiones en bodegas en base a distintos fondos; medida que se introduce para establecer la posibilidad de que, desde este pasado 1 de febrero de 2022, hasta la entrada en aplicación de la intervención sectorial de Inversiones en vino, prevista en el Plan Estratégico de la PAC para España, las solicitudes de ayuda se puedan auxiliar con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Todo ello, considerando que el 31 de enero de 2022 finalizó el plazo de presentación de solicitudes de ayuda dentro del PASVE 2019-2023.
Asimismo, se clarifica que la demarcación no será aplicable a las medidas establecidas con cargo al Instrumento Europeo de Recuperación (EURI).