El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, presidieron este miércoles 15 de julio un encuentro con 11 CC.AA. para abordar la situación de los temporeros dedicados a las tareas de recolección hortofrutícola ante la epidemia del Covid-19.
El Gobierno y 11 CC.AA. abordan la situación de los temporeros agrícolas ante la pandemia del Covid-19
En la reunión, celebrada por videoconferencia, participaron los titulares de las Consejerías de Sanidad y de Agricultura de las CC.AA. de Cataluña, País Vasco, Andalucía, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla La Mancha, Navarra, Extremadura y Castilla y León. Todas ellas, Comunidades en las que la actividad agraria y hortofrutícola supone un importante movimiento de trabajadores temporeros en distintos periodos del año.
Todas las partes se mostraron de acuerdo en que la recogida de la fruta es una actividad esencial en nuestro país, pero que es necesario proteger la actividad para que no genere o agrave un problema de salud pública que, en este caso, está más asociado a las condiciones de vida o de transporte de los trabajadores temporeros que con la propia actividad desarrollada en sí.
Los ministros quedaron con los responsables autonómicos de Sanidad y Agricultura seguir manteniendo encuentros periódicos para anticiparse a las próximas campañas agrícolas que están por llegar este año (fruta de pepita, vendimia, recogida de aceituna, horticultura de invierno…etc.).
El ministro de Agricultura, Luis Planas, incidió durante la presentación del Anuario 2020 de la organización agraria UPA, que “la dignidad del trabajo en el campo debe implicar a todos los agentes del campo, incluidos los temporeros, cumpliendo con la legislación.”
«La dignidad del trabajo debe implicar a todos y también a los temporeros. Es muy importante la capacidad de anticipación desde el punto de vista de los contratos de trabajo y la legislación, que se cumple en el 99,9 % de las explotaciones, pero también en la movilidad y el alojamiento», señaló Planas.
El ministro defendió al sector hortofrutícola y destacó que los focos de contagio del Covid-19 se están dando «probablemente en el transporte, la movilidad y el alojamiento» de esos trabajadores, que actualmente participan en la recogida de frutos de temporada en distintos puntos de España.
Las buenas condiciones de movilidad y alojamiento constituyen un «elemento fundamental de la dignidad de un país como España», apuntó Planas, quien recordó también «la obligatoriedad de los contratos escritos para todas las transacciones por encima de 2.500 euros».
Así como el sector primario garantizó el abastecimiento de alimentos y bebidas durante la pandemia, el ministro también hizo un llamamiento a atender las necesidades en lo referente a la salud pública, señalando que los agricultores y ganaderos «tenían razón» al reivindicar precios justos en el campo y que el Gobierno se mostró «sensible» a sus peticiones promoviendo la reciente reforma de la ley de la cadena alimentaria. «Si alguien no quiere cumplirla, que se busque otra excusa», indicó Planas, que insistió en que es «responsabilidad de todos» que se respete la norma.
Planas instó, finalmente, por reequilibrar la cadena con una mayor transparencia en la formación de precios y el fortalecimiento del poder de negociación de agricultores y ganaderos, al tiempo que reconoció que «tardará su tiempo crear esa nueva cultura de negociación incluyendo los acuerdos escritos».
Gastos sanitarios
Por otra parte, el comisario de Agricultura de la Comisión Europea, Janusz Wojciechowski, rechazó en una respuesta europarlamentaria que pudiera ampliarse la lista de acciones y gastos subvencionables de los fondos operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) al gasto incurrido con motivo del Covid-19 en material sanitario para los trabajadores en las campañas de temporada de este sector.
La pregunta parlamentaria la hizo el eurodiputado de Ciudadanos (Cs) del Grupo Renew Europe, Adrián Vázquez Lázara, inquiriendo a la Comisión Europea si pensaba incluir entre los gastos cubiertos por los programas operativos del Reglamento (UE) nº 1308/2013 de la OCMA los gastos en material sanitario de las OPFH.
El europarlamentario español argumentaba que, con la crisis del Covid-19, las empresas del sector hortofrutícola se estaban viendo en la necesidad y obligación de poner equipos de protección individual (EPI) a disposición de sus empleados para garantizar su salud.
Sin embargo, Vázquez Lázara indicaba que la introducción de estos equipos y medidas sanitarias podía añadir costes que amenazaba la viabilidad de las mismas.
En su respuesta, Wojciechowski señala que la Comisión ha adoptado ya recientemente medidas excepcionales para el sector de las frutas y hortalizas y ha establecido un «paquete de flexibilidad», que permite al sector adaptarse urgentemente a la crisis.
Cabe señalar, añade, que “estas medidas de emergencia temporales se aplican al año 2020, aunque algunas pueden tener consecuencias para los próximos años (por ejemplo, el cálculo del valor de la producción comercializada).”
En concreto y, por lo que se refiere al gasto en material sanitario, añadía que “la Comisión no considera adecuado, ni siquiera temporalmente, ampliar la lista de acciones y gastos subvencionables, pues todo gasto de personal, incluido el de asistencia sanitaria, ya se considera un gasto subvencionable (con arreglo al umbral establecido y si se limita a la ejecución de los fondos operativos y los programas operativos), de conformidad con el punto 2 del anexo III del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/8912 .”
El comisario aseguraba también que el apoyo a los gastos de equipos de asistencia sanitaria no entra en el ámbito de aplicación de la ayuda al Desarrollo Rural, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1305/20133 . Sin embargo, para responder al impacto de la crisis del Covid-19 en la agricultura y el sector agroalimentario, los colegisladores había adoptado una nueva medida de Desarrollo Rural excepcional y temporal, que tiene por objeto abordar los problemas de liquidez que ponen en peligro la continuidad de las actividades agrícolas y de las pequeñas y medianas empresas (pyme) dedicadas a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas.
La medida, según Wojciechowski, ofrece a los Estados miembros la posibilidad de conceder a los agricultores y a las pyme especialmente afectadas por la crisis de Covid-19 una subvención a tanto alzado de hasta 7.000 € para los agricultores y de 50.000 € para las pyme. Y, en este caso, los beneficiarios pueden utilizar este apoyo para cubrir cualquier tipo de gasto en función de sus necesidades.
