La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, informó a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada de manera virtual este lunes 11 de enero, sobre la redacción del proyecto de Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa, producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
El Miterd prepara un nuevo RD sobre protección de las aguas de la contaminación por nitratos de fuentes agrarias
El objetivo de este Real Decreto, que se presentará al próximo Consejo Nacional del Agua, según Ribera, es establecer las medidas necesarias para prevenir y reducir la contaminación de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas, causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de esa clase.
Asimismo, la vicepresidenta cuarta del Gobierno informó a los consejeros autonómicos de una nueva convocatoria del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Ecosistemas, dotada con 8,3 millones de euros procedentes de subastas de derechos de emisión, a celebrar con cargo a los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado de 2021.
El PIMA Ecosistemas actúa en el ámbito de los bosques, pastos y sistemas agrarios y su objetivo es el diseño de medidas que consideren, de manera conjunta, la mitigación del cambio climático (por la mejora de los sumideros naturales) y la adaptación a sus efectos, de manera que ambas vertientes se refuercen mutuamente, logren eficiencias sinérgicas; maximicen el uso de recursos limitados, y minimicen cualquier conflicto potencial, mejorando la eficacia en la lucha contra el cambio climático y contribuyendo también a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) en sectores clave como son el forestal y agrario.
Por otro lado, Ribera detalló a los representantes territoriales los criterios para la distribución de los recursos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de saneamiento y depuración, gestión de residuos y conservación de la biodiversidad y los criterios seguidos para su reparto y territorialización.
Más en concreto, Ribera explicó la propuesta de subvención a las CC.AA. destinadas al saneamiento y depuración en las aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes equivalentes, que no cumplen con la Directiva europea de aguas residuales.
Estas subvenciones conforman el llamado Plan de saneamiento y depuración para aglomeraciones menores de 5.000 habitantes equivalentes, que se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el componente de preservación del litoral y recursos hídricos.
El objetivo de este plan es habilitar fondos para que las Comunidades Autónomas puedan llevar a cabo inversiones en saneamiento y depuración en aglomeraciones urbanas comprendidas entre los 2.000 y los 5.000 habitantes equivalentes, que no cumplan con los requisitos establecidos en la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y, por tanto, se encuentran en procedimientos de infracción o no conformes con la Directiva.
Se podrán acoger a esta subvención aquellas actuaciones que no estén declaradas de interés general del Estado, es decir, que la competencia sobre las infraestructuras sea autonómica o municipal, salvo que mediante protocolo o convenio con la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas o Entidades Locales hayan asumido la ejecución de actuaciones de interés general, en cuyo caso, sí podrán ser financiadas con cargo a esta subvención.
Este plan de saneamiento y depuración para pequeñas aglomeraciones complementa y amplía las inversiones que en los últimos años la Dirección General del Agua del Miterd está realizando en actuaciones de saneamiento y depuración declaradas de interés general con financiación europea del Fondo de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, y que va a continuar con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con los Fondos Europeos del Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
El objetivo último es alcanzar la total conformidad con la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, para lo cual se acelerarán las inversiones necesarias durante el periodo 2021-2023, concentrando en esta primera convocatoria un total de 100 millones de euros en ayudas para la construcción de estas infraestructuras.
La vicepresidenta Ribera explicó, al respecto, los criterios para la distribución regional de estas ayudas, que en todos los casos deben asegurar el cumplimiento de la directiva, la innovación tecnológica y contribuir a los objetivos del reto demográfico.
Gestión de residuos
En la reunión también se abordaron las bases para la territorialización de las subvenciones dirigidas a financiar inversiones en materia de gestión de residuos. Dentro del componente de “Política Industrial de España 2030” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está recogido el “Plan de apoyo a la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular y a la normativa de residuos”, que abarca una serie de reformas para el despliegue de la economía circular en España y se acompaña de un programa de inversiones.
El importe total de las inversiones en materia de residuos asciende a 421,12 millones de euros, que abarcan los 415,25 millones de euros correspondientes al Plan de Recuperación y las cantidades contempladas en los PGE 2021 para otros programas en materia de residuos: 4 millones del PIMA Residuos y 1,87 millones del Programa de Economía Circular.
Otras líneas de financiación del Plan de Recuperación, dedicadas a la introducción de la Economía Circular en la empresa, serán objeto de futuras convocatorias.
Los criterios para el reparto territorial de estas cantidades tienen en cuenta la generación de residuos municipales, la distancia de cada Comunidad Autónoma respecto al objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado para 2025 y su densidad de población.
Las ayudas se destinarán a proyectos en cuatro grandes líneas de actuación, que son las que fueron identificadas para España por la Comisión Europea en junio de 2019 como necesarias para cumplir con los retos comunitarios en materia de residuos municipales y de envases:
- Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de las existentes: 199,40 millones de euros (47,35% de total).
- Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente: 68,52 millones de euros (16,27%).
- Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente: 136,06 millones de euros (32,31%).
- Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc), mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes y para la preparación de CSR (Combustible Sólido Recuperado): 17,14 millones de euros (4,07%).
Las CC.AA. deberán distribuir el dinero que se les asigne entre estas cuatro líneas manteniendo los porcentajes de distribución, si bien contarán con ciertas flexibilidades.
Dispondrán de un plazo máximo de quince meses desde la aprobación del acuerdo de Consejo de Ministros para aprobar las convocatorias autonómicas de concesión de las ayudas y proceder a su adjudicación.
En cuanto al plazo de ejecución de los proyectos financiables, se podrán tener en consideración los proyectos iniciados con fecha posterior al 1 de marzo de 2020, si bien su ejecución deberá finalizar como muy tarde el 31 de mayo de 2026.
Conservación de la biodiversidad
En tercer lugar, Teresa Ribera avanzó los criterios de reparto de fondos para inversiones previstas en el componente de conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Si bien aún hay cuestiones pendientes para la configuración final de este fondo, el Miterd trabaja con las CC.AA. para ir avanzando en los proyectos susceptibles de optar a estas inversiones, que para este 2021 ascienden a 601 millones de euros, de los 1.167 contemplados hasta 2023.
De esta cantidad hay un bloque de más de 425 millones de euros cuya ejecución está prevista íntegramente por la Administración General del Estado (AGE) y que irá destinado a la mejora y gestión de conocimiento, la implementación del Convenio CITES, medio marino, renovación de bases BRIF o adquisiciones y renovación de aviones anfibios contra incendios.
Los restantes 740,5 millones de euros sí tendrán una concreción en el territorio, bien a través de la actuación de las CCAA, a través de inversión directa o de convocatorias de subvenciones por parte de la Fundación Biodiversidad, el Organismo Autónomo Parques Nacionales o la propia Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.
En este bloque se contemplan inversiones de 60 millones de euros para actuaciones de corrección de tendidos eléctricos en prevención de electrocuciones de avifauna; otros 130.5 millones de euros dedicados a la recuperación de zonas afectadas por la minería, y 550 millones para actuaciones de infraestructura verde y restauración, recuperación de especies y ecosistemas, actuaciones forestales, biodiversidad urbana, etc.
