El PE-PAC sigue verde: acuerdo sobre los desacuerdos. Por Vidal Maté

Vidal Maté

Vidal Maté

Ministerio de Agricultura y los consejeros del ramo de toda las comunidades autónomas celebraron una segunda Conferencia Sectorial consagrada a la elaboración del Plan Estratégico de la PAC donde señalar cómo distribuir los más de 47.000 millones de euros que recibirá la Administración española para el próximo periodo. Y, tal como estaba previsto, dominaron las diferencias sobre los puntos de compromiso, por lo que deberán seguir las negociaciones técnicas de cara a lograr en otoño un acuerdo político en un tercer intento para llegar a Bruselas a tiempo con los deberes hechos.

No ganaron los divergentes, pero tampoco la posición oficial, no hubo votaciones, si bien Atocha tiene en su haber que los debates se van a llevar a cabo, no con un documento alternativo, sino sobre la base del documento oficial presentado a las comunidades autónomas.

La principal conclusión es que el PE-PAC para 2023, dos años después de que se iniciaran las negociaciones para su elaboración, está verde y no precisamente solo por los fondos que se prevé destinará a las políticas medioambientales, sino por lo que se debe avanzar aún para lograr un consenso entre los intereses de todas la comunidades autónomas y la Administración central.

En este contexto, el ministro no pudo hacer otra cosa que limitarse a señalar la diversidad de la actividad agraria en España y, en consecuencia,  los diferentes intereses lógicos de cada territorio, pero alabando los deseos de consenso, y repetir el volumen de los fondos a percibir y su distribución, algo que no aumenta el volumen de los mismos, en el objetivo de lograr una PAC más justa con una redistribución más social y sostenible desde la perspectiva medioambiental y de los  agricultores.

De cara a la elaborar el Plan Estratégico, hay cuestiones de fondo como la redistribución de los pagos, el apoyo a los profesionales de la actividad donde, sobre el papel, no existen diferencias, así como sobre la necesidad de impulsar el relevo generacional o apoyar la presencia de la mujer en la actividad, algo que, en todos los casos, debería ir acompañado por otras medidas complementarias vía desarrollo rural y otros departamentos para hacer atractiva la vida en ese medio, cosa que no se logra solamente aumentando mínimamente el porcentaje de ayudas por razones de sexo o de edad.

Dominan los acuerdos sobre los desacuerdos en lo que afecta a los techos en el cobro de las ayudas y en el ajuste de las mismas para su aplicación en la política de redistribución, ingresos cortos para llegar por esta vía a ese 10% de los pagos que se pretende destinar a la misma con el apoyo a las primeras hectáreas de una explotación. Sin embargo, sigue dominando las divergencias cuando se baja al terreno.

Agricultura plantea en su propuesta la reducción de cincuenta a una veintena de regiones de cara a acelerar los procesos de convergencia y así poner fin a la actual situación de graves situaciones discriminatorias que se consagraron en 2015 en aras de la estabilidad de unos, aunque fuera en perjuicio de una mayoría. Veinte regiones manteniendo las cuatro posibles opciones de cultivos de secano, de regadío, pastos permanentes y cultivos permanentes parecen excesivas, sin llegar a las cuatro que se plantean desde las posiciones más duras.

POLÍTICA DE CONVERGENCIA

La política de convergencia aplicada en los últimos años ha sido un fracaso al mantener las viejas diferencias y además por lo que supone el mantenimiento de los derechos históricos, donde los ingresos corresponden a situaciones del pasado, en muchos casos, con unos derechos en base a una actividad que hoy no se produce. Agricultura contempla la convergencia de ayudas en una misma región al 85% para 2027 y llegar al 100% en 2029, porcentajes que para una parte de las comunidades autónomas se presentan como muy lejanos en cuanto a que supone mantener situaciones injustas para los miles de agricultores que tienen reducidas las ayudas por hacer lo mismo. No obstante, corregir y acelerar esos procesos se ve como un paso adelante para una mayoría de territorios frente a Andalucía, que sería la principal perdedora por esta vía de ajustes, aunque gana por el apoyo sectorial al olivar.

Los debates sobre los ecoesquemas han puesto de manifiesto que faltan muchos trabajos técnicos para la aplicación de lo que supone será la principal novedad de la nueva reforma, por lo que significa de nuevas posibilidades de ayudas para los agricultores y ganaderos y, sobre todo, porque éstos se llevan nada menos que el 25% de los fondos, en su mayor parte, un 23%, de los pagos directos. Es mucho dinero lo que se aporta a la nueva medida como para no despertar recelos y desconfianza entre algunas comunidades autónomas para evitar que una parte muy importante de los mismos no pueda ser capturada por las pequeñas y medianas explotaciones viables a quienes se pretende apoyar, al menos sobre el papel, en la futura PAC.

De cara al Plan Estratégico, otra meta está en avanzar sobre la definición del profesional que debe ser el destinatario prioritario de las ayudas más allá de estar dado de alta en la Seguridad Social como trabajador por cuenta propia o que tenga unos ingresos de la actividad agraria de, al menos, el 25% sobre sus ingresos totales. Hay comunidades autónomas que entienden que ser profesional debería ir más allá y dar un trato de mayor apoyo a quienes realmente viven de la actividad. No hay diferencias para reconocer el papel de los pequeños agricultores como prioritarios en muchos territorios.

En consecuencia, sobre la mesa, un PE-PAC que llega verde tras la primavera, que deberá madurar en los meses de verano y otoño antes de las heladas del invierno.