La tramitación del estudio y posterior aprobación de los Planes Estratégicos de los Estados miembros de la UE por parte de la Comisión Europea va lenta, con retrasos y algún tirón de orejas a quienes aún no han enviado su documentación.
El PEPLA, el consenso y la transparencia. Por Esther Herranz.
Por Esther Herranz. Experta en la UE y en Agricultura (Diputada europea 2002-2019), profesora y apasionada del sector agrario.
España envió el Plan Estratégico con una agilidad inusitada, aunque para ello sacrificó el consenso y el debate interno, siendo el propio Gobierno quien, a la postre, impuso su diseño y su idea sobre la opinión de las Comunidades Autónomas, sindicatos, cooperativas, asociaciones y demás agentes sociales a los que afectará directamente.
Otros países europeos prefirieron tomarlo con más sosiego y reflexión interna, y así la siempre cumplidora Alemania, los muy conocidos Luxemburgo o Bélgica o algunos de los, cada vez menos, nuevos Estados miembro como Bulgaria, Letonia, Rumanía aún no han enviado nada.
Aún no se ha hecho público ningún avance sobre las valoraciones comunitarias al respecto de nuestro Plan Estratégico. El comisario Wojciechowski ha anunciado que se podrá conocer en red cómo va el proceso de valoración, si el Estado miembro consiente en ello. Así que dependerá del MAPA que podamos conocer, o no, cómo va valorando Bruselas el Plan Estratégico de España.
Visto cómo fue el proceso de elaboración, seguramente el Gobierno de España no quiera hacer públicas las críticas, valoraciones o aclaraciones que Bruselas pida al respecto. Me alegraré de equivocarme si es que aceptan dar publicidad al proceso, pero dados los antecedentes del modus operandi del Gobierno, me temo lo peor.
Así que no queda otra que pedir ya a nuestros representantes directamente elegidos, los diputados europeos, que pidan de inmediato información al respecto de los avances y comentarios emitidos e, inmediatamente, nos los hagan saber a los ciudadanos y resto de Administraciones.
Han sido tantas las críticas y las reclamaciones dentro de España ante el Gobierno sobre ese documento, que creo necesaria una opinión externa, la de Bruselas, para saber si el Plan es conforme a las prescripciones de la nueva PAC y cómo se contribuirá, desde el sector primario, a la consecución del Pacto Verde Europeo. Pero lo más importante es si el Plan conseguirá mantener la rentabilidad de las explotaciones, la renovación generacional y frenar el abandono de la actividad, principal problema social del campo español, y eso tan importante me malicio que no lo va a valorar la Comisión Europea, eso no.
“Chequeo de salud”
Quedará al albur de las circunstancias, de las condiciones del momento, de las ideas que puedan aportar las CC.AA., dentro del estrecho margen de maniobra que les deje el Plan o de la originalidad de algún departamento ministerial que, en este nuevo tiempo político, no tiene por qué saber sobre agricultura y ganadería, pues ahora cualquiera puede opinar y sentar cátedra sobre estos asuntos.
Llegará este verano y, con casi toda probabilidad, se aprobarán los planes, pero quedará pendiente lo más importante: cómo se ejecutará y las consecuencias que traerá para el sector. Lamento decir que, si el objetivo es solo reducir la producción europea en aras de aumentar la sostenibilidad, estamos ante una PAC que desde el inicio necesita un “chequeo de salud”, porque la sostenibilidad bien entendida empieza por mantener el ecosistema rural y para ello se hace imprescindible mantener la actividad productiva, cosa que no está en absoluto asegurada con este Plan Estratégico de España.
Ya está prevista la revisión del sistema en 2025, por lo que sugiero que vayamos tomando nota de lo que funcione, de lo que sea francamente mejorable y de lo que directamente deba corregirse.
Para empezar, apunto al sistema de toma de decisiones. La Conferencia Sectorial de Agricultura debe votar, con luz y taquígrafos, haciendo gala de exquisita transparencia, sobre documentos que, como éste, afectan de manera tan directa y evidente a sus competencias y a las de sus administrados. Y que, los modos y las maneras del Gobierno de España en noviembre y diciembre, no vuelvan a repetirse.
La salud del sistema político español y el respeto al sistema autonómico deberían ser una prioridad a la hora de elaborar un documento, que represente a España ante cualquier instancia.
