Las diferentes organizaciones e instituciones del sector agrario español y comunitario han demandado más responsabilidad al “trílogo” institucional (Consejo, Parlamento Europeo y Comisión Europea) para que posibiliten un acuerdo cuanto antes sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) del periodo 2023-2027, tras más de dos años de negociación y den valor al trabajo que ya viene desarrollando la agricultura y europea para una orientación más “verde”, pero también más sostenible socialmente y económicamente.
El sector agrario pide más responsabilidad ante el fracaso institucional para reformar la PAC
ASAJA: Falta de voluntad para cerrar un acuerdo satisfactorio
Tras el fracaso en la que parecía la última ronda de negociaciones en los trílogos de la PAC, la organización agraria ASAJA lamenta la falta de voluntad política para alcanzar un acuerdo satisfactorio y espera que en las próximas semanas se puedan acercar posiciones en torno a un compromiso que garantice la estabilidad, viabilidad y competitividad de nuestras explotaciones en los próximos años.
Al respecto, ASAJA insta a los negociadores de la PAC a asumir su responsabilidad para lograr un acuerdo que salvaguarde por igual el rendimiento económico y ambiental, puesto que esta política común determina la renta de millones de ganaderos y agricultores, así como nuestra seguridad alimentaria, nuestra independencia estratégica y la sostenibilidad de nuestros territorios.
Esta organización agraria lamenta, igualmente, el partidismo demostrado por la Comisión Europea (CE), a través de su vicepresidente, Frans Timmermans, y el propio comisario de agricultura, Wojciechowski que, en esta fase de negociaciones, en lugar de actuar como instrumento facilitador del acuerdo, tendiendo puentes entre las partes realmente involucradas en el proceso, se han situado claramente en las posiciones más radicales de una de ellas, con clara intención desestabilizadora, como recordó tanto el Ministro de Agricultura, Luis Planas, como otras muchas delegaciones durante la sesión del Consejo de más de dos días y sus noches de duración.
Por otro lado, ASAJA recuerda que, cuando se habla de nuevas ambiciones climáticas y medioambientales, los agricultores y ganaderos ya están sometidos y están asumiendo numerosos e importantes compromisos en esta materia en la actual PAC. E insta a los nuevos esfuerzos deben ser debidamente justificados, incentivados y remunerados. Como indica el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato “es difícil ser más verde cuando los números cada vez son más rojos para el agricultor y ganadero”.
En este sentido, ASAJA resalta que ante la reducción de los fondos de la PAC –que se acordó en el pasado Consejo de julio de 2020-, la creciente competencia internacional y los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales que lidera la UE, los agricultores deberán realizar nuevos e importantes esfuerzos para cumplir con todas las exigencias. Al contrario, de lo que desde otros colectivos se ha atacado insistentemente y sin fundamento, los compromisos de nueva PAC post 2023 no tratan de un “blanqueamiento ecológico”, sino un desafío importante tanto para las pequeñas como las medianas y grandes explotaciones.
Para esta organización agraria, “los agricultores y ganaderos trabajamos sobre el terreno y somos conscientes de los problemas medioambientales. Somos y seremos los primeros en sufrir sus consecuencias, es por eso que los negociadores de la UE deberían confiar en que el sector hará un esfuerzo suplementario siempre que sea legisle de una manera realista. De hecho, quisiéremos recordar a nuestros legisladores que de sus decisiones dependen que se implementen nuevas inversiones en las explotaciones, empleos en el medio rural o incluso de los sueños de los futuros agricultores europeos.
Por último, ASAJA confía en que, finalmente, Parlamento Europeo y Consejo aprueben antes del fin de la presidencia portuguesa (30 de junio) este importante paquete y que, después de tres años de negociaciones, se logre un acuerdo equilibrado y satisfactorio para los intereses y expectativas de millones de agricultores españoles y europeos.
COAG: reconvertir agricultores profesionales en jardineros
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) mostro su rotundo rechazo a que se destine un 25 % de las ayudas de la PAC a los eco-esquemas, porque en la práctica supone un recorte encubierto para financiar políticas “verdes” con fondos agrarios.
El Secretario General de COAG, Miguel Blanco, ha sido muy crítico con el principio de acuerdo que, en este punto, han llegado Eurocámara, Comisión y Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, durante las negociaciones llevadas a cabo durante los últimos tres días para alcanzar un acuerdo global de la nueva PAC 2023-2027, que finalmente se ha postergado hasta el Consejo de finales de junio.
COAG considera inquietante que, con estos planteamientos, la PAC se aleje de su verdadero objetivo: producir alimentos en cantidad y calidad suficiente para los 500 millones de ciudadanos europeos.
“Resulta intolerable que, tras los aprendizajes que nos deja la pandemia, obviemos el carácter estratégico del sector agrario y desde las instituciones comunitarias se quiera reconvertir a los agricultores profesionales en los jardineros de Europa”, subrayó Blanco.
Además, esta organización agraria señala las serias contradicciones de la UE en este sentido. El sector agrario está obligado a asumir las estrategias europeas (Paquete Verde y Estrategia de la Granja la Mesa) y adaptar sus producciones a los más altos estándares de calidad y respeto medioambiental, para lo que correspondería indefectiblemente reforzar el presupuesto de la PAC.
Al contrario, ante estos retos ambiciosos resulta lamentable un recorte de los fondos agrarios que supone una pérdida del 12% del poder adquisitivo aprobado por el Consejo Europeo para periodo 2021- 2027. Ello supondrá mayores costes para agricultores y ganaderos, que no se verán compensados.
“Y no sólo eso, según destacó el secretario general de COAG, puesto que “de forma paralela la UE sigue firmando acuerdos de libre comercio con terceros países que ahondan en la desregulación del mercado, debilitando las normas higiénico-sanitarias y el principio de precaución, y son la puerta de entrada de importaciones que no cumplen con los estándares de calidad, seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente y bienestar animal de la UE, y caldo de cultivo para la competencia desleal y la presión a la baja de los precios en el campo. Es una sentencia de muerte para las pequeñas y medianas explotaciones y un fraude para los consumidores”.
Al respecto esta organización agraria participará el próximo 14 de junio en la manifestación convocada en Lisboa con motivo del Consejo de Ministros de la UE, junto a las diversas organizaciones agrarias europeas, pertenecientes a la Coordinadora Europea Vía Campesina. Para Miguel Blanco, “el modelo social y profesional de agricultura es el gran perdedor porque esta orientación de la PAC deja en manos de grandes empresas multinacionales y fondos de inversión especulativos la agricultura europea. Ya lo estamos viviendo en el día a día de muchos sectores, en donde la expulsión y el cierre de explotaciones por falta de rentabilidad es un hecho.”
UPA: proteger el modelo de explotación familiar
La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) lamentó que las negociaciones no hayan llegado “a buen puerto”, pero reconoce que aún no es tarde para lograr un gran acuerdo que proteja especialmente al modelo mayoritario de la agricultura y la ganadería en España: el formado por explotaciones familiares de pequeña y mediana dimensión.
“La PAC va mucho más allá de ser una política para los agricultores y ganaderos, es una política que garantiza alimentos sanos, saludables y a precios asequibles a toda la población. Es por tanto una de las políticas más importantes de Europa”, señaló esta organización agraria.
Para UPA, el techo máximo de ayudas (“capping”) es una de las claves para el futuro de la PAC. “¿Qué sentido tiene que haya grandes terratenientes percibiendo sumas enormes de dinero, cuando los pequeños agricultores y ganaderos se ven abocados al cierre?”, reflexionan desde esta organización. El techo máximo de ayudas es una reivindicación histórica y una conquista social “irrenunciable”, que el propio Parlamento Europeo respalda.
UPA pidió al ministro de Agricultura, Luis Planas, que no dé ni un paso atrás en la exigencia de una ayuda redistributiva de, al menos, el 12%. Esta ayuda debe servir para lograr la ansiada ‘justicia social’ en las ayudas al campo que vienen de Europa. “Ese apoyo debe ser uno de los puntales del futuro del medio rural español y europeo. Protegiendo a los más pequeños estaremos luchando por el reto demográfico y contra la despoblación, y fomentando los modelos de agricultura y ganadería más sostenibles”, aseguraron.
Sobre la llamada “condicionalidad” social de las ayudas, UPA cree que los derechos laborales deben cumplirse todos “sí o sí”. Vincular la percepción de una ayuda al cumplimiento de derechos es una “incongruencia”.
Tanto la Comisión, como el Parlamento y el Consejo “deben ser muy conscientes”, a juicio de UPA, de los avances que la agricultura y la ganadería han hecho en estos años en competitividad, sostenibilidad y modernización. “No podemos permitirnos que ningún agricultor o ganadero se vea obligado a abandonar por no cumplir nuevas exigencias de carácter medioambiental”, recalcaron.
Cooperativas Agro-alimentarias: garantizar la sostenibilidad económica
Cooperativas Agro-alimentarias de España considera que las últimas peticiones de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo sobre la denominada “arquitectura verde” deben tener en cuenta la sostenibilidad del sector agrario europeo, no sólo medioambiental, sino también desde el punto de vista económico y social, y la Comisión Europea debe jugar un papel de mediador entre las posiciones del Consejo y del Parlamento y no intentar imponer posiciones que van más allá de su propuesta de 2018.
En el contexto actual de la mayor crisis económica en la UE desde la 2ª Guerra Mundial, con una crisis también en el sector agrario, con las medidas de confinamiento todavía en vigor, con un descenso de los fondos destinados a la sostenibilidad económica del sector para el periodo 2021-2027, con el aumento de las importaciones de países terceros y de los requisitos a imponer a los agricultores europeos, la PAC debe ser considerada una política europea de apoyo a este sector estratégico, señalaron.
Según Cooperativas, la CE pretende imponer compromisos del Pacto verde a la PAC como si ésta fuera capaz de resolver todos los problemas medioambientales de la UE y del mundo.
“Es necesario recordar que la agricultura y la ganadería europea representan el 1% de las emisiones mundiales de CO2, que han bajado estas emisiones en un 20% desde 1990, las emisiones de nitratos un 18% y el uso de antibióticos un 34% desde 2008”. Sin embargo, añaden, la renta de los agricultores sigue siendo un 50% más baja que la del resto de los sectores económicos.
Según un estudio del USDA, si la UE aplica por sí sola la Estrategia “De la Granja a la Mesa” provocará una reducción de la producción agraria UE, un aumento de las importaciones, una caída de los precios de los agricultores y un aumento de los precios a los consumidores.”
Además, lamentan que la Comisión Europea no haya elaborado ningún estudio de impacto y que pretenda introducir medidas y obligaciones muy concretas dentro de la PAC sin valorar sus repercusiones.
Las cooperativas y sus socios, señalan, están plenamente comprometidos con los objetivos del Pacto Verde, pero no podrán cambiar el modelo de producción sostenible con la imposición de medidas imposibles de llevar a la práctica, políticas incoherentes entre sí y con una reducción continua de recursos. El sistema productivo de la UE ya es el más avanzado a nivel mundial en términos medioambientales, de seguridad y calidad alimentaria y de bienestar animal, señalan.
A pesar del bloqueo de las negociaciones por la “arquitectura verde”, destaca esta organización, el “trílogo” ha hecho progresos en temas importantes para España, como ampliar el sistema de frutas y hortalizas basado en organizaciones de productores a otros sectores; la ampliación de autorizaciones de plantación de viñedo hasta 2045; la ampliación del artículo 167 de la OCM única para el sector del aceite de oliva, y alguna ampliación más de medidas sobre la gestión de mercados.
Cooperativas Agro-alimentarias propuso desde el principio de la negociación que se diseñen medidas que mejoren la concentración de oferta y fomentar el cooperativismo, así como medidas públicas de gestión de crisis. Para hacer frente a los retos actuales, los productores estarán mejor preparados si están asociados a empresas como las cooperativas, que mejoran su posición en el mercado, les permite realizar inversiones conjuntas, captar un mayor valor añadido, reducir costes de producción, aprovechar las economías de escala y aplicar medidas medioambientales bajo un enfoque colectivo que tendrán un impacto positivo mayor.
Al respecto, desde Cooperativas se hace un llamamiento para que las importaciones a la UE cumplan los mismos requisitos que los productores europeos y unos mecanismos de gestión de crisis junto con una reserva de crisis ágil y eficaz.
El Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea deben alcanzar un acuerdo final en junio con la presidencia portuguesa, porque llevamos ya dos años de retraso de aplicación de la actual PAC, y el sector necesita seguridad y base para poder trabajar y hacer lo que el conjunto de la sociedad demanda, concluyen.
COPA-Cogeca: decepción por haber fracasado la oportunidad para reforma la PAC
El COPA-Cogeca, que defiende los intereses de los agricultores europeos y de sus cooperativas, manifestaron su profunda decepción respecto a los debates acerca de la futura PAC, al haber fracasado la oportunidad de lograr un acuerdo durante la negociación del “trílogo” sobre la PAC, que muchas partes interesadas consideraban decisiva.
Según esta organización, “era un fracaso previsible, dada la débil posición del comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, y su escaso conocimiento de la realidad agrícola en Europa”.
En una carta dirigida precisamente este viernes 28 de mayo a la presidenta europea, Ursula von der Leyen, el COPA-Cogeca pide que la Comisión actúe como «un intermediario honesto, que facilite un acuerdo político entre los colegisladores. Los negociadores europeos deben actuar juntos con la mayor premura y asumir su responsabilidad, con miras a lograr un acuerdo que salvaguarde por igual el rendimiento económico y ambiental del sector agrario.
La PAC, señala esta organización, determina el apoyo que reciben millones de agricultores que contribuyen a nuestra seguridad alimentaria, a nuestra independencia estratégica y a la sostenibilidad de nuestros territorios.
“Tal vez no acabemos de entender todo lo que está en juego hoy en la arena de Bruselas, en especial, después de los peligros para la cadena de suministro alimentario que logramos sortear durante la COVID-19. No se debe dar por sentado esta capacidad de resistencia que conseguimos mantener”, añadieron.
El COPA-Cogeca señala que la PAC en vigor exige a los agricultores y cooperativas agrarias requisitos medioambientales de gran calado. Con la nueva condicionalidad reforzada, las propuestas de eco-programas y las medidas ambientales y climáticas del segundo pilar. Al respecto, los agricultores de la Unión Europea tendrán que redoblar sus esfuerzos, superando con creces los de cualquier otro agricultor del resto del planeta. Los agricultores son quienes trabajan en el terreno y sufren en primera instancia los efectos del cambio climático o la pérdida de biodiversidad”.
Esta organización añade que “a lo largo de los años los agricultores nos hemos comprometido a ser más sostenibles, cuidar más del medio ambiente y contribuir a atenuar el cambio climático. Estamos comprometidos con la PAC y con sus buenos resultados. Al contrario de lo que esgrimen algunas ONG que nunca han pisado una granja, esto no es «blanqueamiento ecológico», sino un desafío importante tanto para las pequeñas como las grandes explotaciones.”
El Consejo, los diputados del Parlamento Europeo y la Comisión deberían confiar en que los agricultores harán un esfuerzo suplementario. Los elementos principales para alcanzar un acuerdo ya están sobre la mesa. “Confiamos en que la Comisión facilite un acuerdo político entre los colegisladores y, asimismo, confiamos sinceramente en que el Parlamento Europeo y el Consejo aprueben con celeridad este paquete de medidas, tras años de negociaciones. Cuanto antes logremos un acuerdo, antes podremos poner en marcha otras medidas concretas sobre el terreno.”, concluyó el COPA-Cogeca.
Carmen Crespo: la falta de flexibilidad del PE ha impedido acuerdo
La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, que asistió en representación de las CC.AA. españolas a la reunión del Consejo de Ministros lamentó que la “falta de flexibilidad” del Parlamento de la UE haya impedido un acuerdo por la PAC
Crespo confía en que el entendimiento se alcance en la cita de junio en Luxemburgo, con una premisa: “Ambición medioambiental, sí, pero con posibilidades y tiempo.”
La consejera señaló que “después de días duros de negociación, teníamos la esperanza de que se llegase a un acuerdo porque el marco general es vital para la aprobación posterior del Plan Estratégico Nacional y las posibilidades de una PAC contundente para Andalucía en los próximos diez años”, subrayó.
A su juicio, los representantes de los Estados miembros “han hecho lo posible por llegar a un acuerdo en la PAC, a lo largo de estos días, pero la propuesta del Parlamento ha sido demasiado ambiciosa y poco flexible en las cuestiones medioambientales y sociales, y la Comisión no ha tendido puentes, como es su obligación”.
La consejera recordó la importancia del acuerdo, pues están en juego los recursos económicos y las posibilidades para una década, con tres cuestiones básicas por las que no se ha alcanzado el necesario consenso: primero, una agricultura sostenible, pero posibilista; en segundo lugar, sin competencia desleal de terceros países y, por último, con mecanismos de gestión de crisis ágiles.
El punto principal de fricción, añadió Crespo, fueron los ecoesquemas, el nuevo régimen de pago para promover la protección del medio ambiente y el clima, mediante el presupuesto del primer pilar. “No podemos pedir a los agricultores que hagan más con menos recursos. Evidentemente, tenemos que ir hacia una agricultura más sostenible, pero debemos partir de que los agricultores ya están haciendo una agricultura sostenible. En Andalucía tenemos un 23,5% de superficie de agricultura ecológica, la de producción integrada es cada vez mayor, estamos apostando por el control biológico de plagas en nuestros cultivos… La ambición medioambiental está clara, pero tiene que ser posibilista, con tiempo y recursos económicos. No se pueden plantear cuestiones imposibles porque garantizar la rentabilidad de la actividad de los agricultores es importante”, afirmó.
Pese a todo, Crespo confió en que durante el mes de junio, en Luxemburgo, se alcance el acuerdo final. “España está de acuerdo con las propuestas de consenso de la presidencia portuguesa, que plantea una posición equilibrada en la aplicación de los ecoesquemas”. “Ambición medioambiental, sí, pero con posibilidades y tiempo –añadió Crespo-, sin que supongan costes adicionales inasumibles a la producción”.
La consejera señaló que Andalucía, como representante de las CC.AA. de España, puso “encima de la mesa” la necesidad de eliminar la competencia desleal de terceros países. “Si se exigen condicionantes a nuestros agricultores que elevan los costes de producción, hay que exigir lo mismo a los productos que vienen importados. Si esto no se cumple, no tendremos una buena PAC para el futuro”.
Por último, Crespo subrayó que “una buena PAC implica una buena OCMA”, porque “sin mecanismos de gestión de crisis que permitan hacer retiradas compensando a los agricultores, las pérdidas por crisis de mercado continuarán”.
Clara Aguilera: por una PAC social, económica y medioambientalmente sostenible
El Grupo Socialista (S&D) del Parlamento Europeo recalcó su compromiso de luchar por una PAC sostenible, que mejore los derechos sociales, impulse el desarrollo económico de los agricultores y agricultoras y de las comunidades rurales, y sirva para combatir el cambio climático.
Clara Aguilera, portavoz socialista en la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, expresó su decepción ante la falta de acuerdo: “Estamos decepcionados ante el resultado de las negociaciones, pero mantenemos la esperanza de que conseguiremos cerrar un buen acuerdo en junio”.
La eurodiputada subrayó que, tanto el grupo socialdemócrata en la Eurocámara, como el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la presidencia portuguesa del Consejo, “seguiremos trabajando para llegar a un acuerdo que defienda los intereses de la agricultura española”. Aguilera lanzó un mensaje de tranquilidad para el sector agrario y recordó que la sostenibilidad ambiental que promueve esta reforma debe ir acompañada de sostenibilidad social y económica.
“Confiamos en que, con buena voluntad por parte de todas las partes involucradas, todavía se pueda llegar a un compromiso justo”, destacó la eurodiputada.
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