El Gobierno español tiene intención de permitir un techo o "capping" de ayudas directas para la próxima Política Agraria Común (PAC), que no entrará en vigor hasta 2022, que podría llegar a 100.000 euros por beneficiario, pero ligado al empleo agrario creado.
Elevar el límite de ayudas por beneficiario de la futura PAC hasta 100.000 € si se crea empleo agrario
Según el ministro de Agricultura, Luis Planas, el límite se mantendrá, como plantea la Comisión Europea, en los 60.000 euros por beneficiario, pero llegar hasta los 100.000 euros estará condicionado a los gastos de la mano de obra en la explotación, con el fin de primar el aumento del empleo asalariado en el campo.
En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados del pasado 24 de febrero, Planas afirmó que, en cualquier caso, aunque se trata de un debate abierto, España aplicará ese techo flexible, al margen de lo que determine el Parlamento Europeo.
Por otro lado, el titular de Atocho defendió que estas ayudas serán percibidas por el agricultor que sea reconocido como «genuino», aunque el ministro prefirió denominarlo el agricultor «real», que tiene como actividad principal la producción agraria. «Eso es importante reconocerlo, añadió, Planas, a pesar de la diversidad y la multifuncionalidad de este trabajo y de la actividad agraria que existe en España.
El ministro abogó también por seguir la tendencia de simplificar la tramitación administrativa de las ayudas PAC para los perceptores que perciban menos importes, siendo la intención del MAPA de lograr que las declaraciones de las mismas puedan efectuarse entre 2024 y 2025 como se hace ahora con la declaración de la renta (IRPF), de modo electrónico, a través de dispositivos, como el «smartphone» (móvil inteligente) o la «tablet (tableta).
Además de la ayuda básica a la renta, los agricultores y ganaderos podrán optar a una retribución adicional para aquellas producciones que apuesten por llevar a cabo una serie de actuaciones , incluidas en lo que conoce como «eco-esquemas, dirigidas a la reorientación de la producción primaria en la economía «verde». Prácticas como la rotación de cultivos, destinar una superficie mínima «verde» o la agricultura de conservación se incluirán en un «catálogo de acciones» que podrán ser obligatorias o voluntarias (no todos los agricultores tienen que inscribirse, pero sí todos aquellos, que serán la mayoría, que quieran lograr una retribución adicional por su esfuerzo en este sentido).
El ministro manifestó que su departamento tiene intención de revisar las 52 regiones agronómicas establecidas en la anterior reforma de la PAC, abogando por tener una visión abierta para determinar si deben mantenerse o no los «derechos históricos» de pago de determinados territorios, anticipando que se hará una reflexión con las CC.AA. para concretar cómo efectuar un tránsito al respecto para plantear una reforma que tengan en cuenta y prime sobre todo la realidad productiva d los agricultores y ganaderos.
Planas recordó también haber solicitado a Bruselas una revisión global del etiquetado de los productos agroalimentarios, no tanto enfocado a la seguridad de los mismos, como a la transparencia sobre su origen para garantizar la libertad de elección del consumidor, que podrá escoger un alimento teniendo en cuenta dónde se ha producido y en qué condiciones.
