La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha elevado un escrito al Parlamento Europeo en el que advierte de que cambiar completamente la gestión del agua en España, priorizando de manera extrema los criterios ambientales sobre los socioeconómicos, tal y como recomienda el Informe de la Comisión de Peticiones de la UE, afectaría a necesidades básicas como el abastecimiento de agua potable o el regadío con el impacto negativo que tendría sobre el PIB o la creación de empleo.
Fenacore pide al PE no priorizar los criterios ambientales sobre los socieconómicos en el tema del agua
En este sentido, y en contra de lo que refleja este informe, Fenacore defiende que la planificación hidrológica española ha seguido un proceso estratégico de evaluación ambiental, con el fin de que se cumpliera escrupulosamente la normativa comunitaria en esta materia.
De esta forma, cuando el informe solicita supervisar la aplicación de la legislación europea en relación a los caudales ecológicos en las cuencas del Ebro y el Tajo, los regantes españoles recuerdan que los caudales mínimos en los diferentes tramos de río se calcularon de acuerdo a estrictos criterios científicos y técnicos.
De esta forma, en el caso del Ebro, circula por su Delta una cantidad muy superior al mínimo garantizado (286 m3/segundo cuando el mínimo está fijado entre 80 y 150 m3/segundo), mientras que en el caso del Tajo, prácticamente se duplicó la reserva mínima estratégica actual de los embalses de Entrepeñas y Buendía, pasando de 240 a 400 hectómetros cúbicos.
Por otro lado, la recomendación de incluir en los planes los recursos procedentes de desaladoras para asegurar el suministro en cuencas deficitarias como la del Segura para no depender de trasvases es, en opinión de Fenacore, una medida complementaria, pero en ningún caso la solución definitiva para garantizar el abastecimiento por el elevado coste del agua desalada –el 60% del precio procede de los costes energéticos del proceso-; lo que la convierte en inasumible para los regantes en un momento además en el que, tras la desaparición de las tarifas específicas, la factura de la luz se ha elevado en más de un 100% en los últimos ocho años.
Asimismo, cuando sugiere mejorar la gobernanza de agua en la cuenca del Segura, optimizando la gestión del uso actual de recursos superficiales y subterráneos no se tiene en cuenta que estamos ante una zona de acusada escasez de lluvias y que si no fuera por el agua excedentaria del Tajo, no habría garantía para el abastecimiento de más de 2,5 millones de habitantes ni para los regadíos en una zona que, conocida como la “huerta mediterránea”, produce el 70% de las exportaciones nacionales de hortalizas y casi el 30% de frutales.
Cuando el informe sugiere un “diálogo constructivo” a la hora de preparar la planificación hidrológica entre autoridades, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales…, los regantes recuerdan que en todo proceso de este tipo es necesario cumplir con el principio de participación de los usuarios, que es un mandato de la Ley de Aguas, la Constitución Española y la Directiva Marco de Aguas.
En este caso, no sólo hubo un extenso y amplio proceso de participación pública durante 18 meses, sino que todos los planes obtuvieron un apoyo superior al 80% en el Consejo Nacional del Agua, donde están representados todos los actores implicados en la gestión del agua (usuarios, autonomías, ONG…).
El informe también sugiere a las autoridades españoles contar con un sistema adecuado para determinar el precio del agua, lo que a la larga garantizará la protección eficaz del medio ambiente; una recomendación que para los regantes también carece de fundamento pues la legislación española no sólo está adaptada ya al principio de recuperación de costes sino que incentiva el menor consumo con importantes reducciones en el importe del canon que los usuarios pagan.
Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “como suele decirse, nunca llueve a gusto de todos y aunque los regantes hemos hecho muchas concesiones, apoyando por ejemplo unos caudales mínimos demasiado ambiciosos, que incluso comprometen nuestra garantía de agua para regar; consideramos que estos planes representan un marco estable con el que llevar a cabo de forma segura, organizada y sin conflictos el reparto del agua en España, en el que con alrededor de 30.000 millones de metros cúbicos hay que atender todas las demandas. Además, este reparto se hace bajo criterios técnicos y no políticos, que es la única manera de garantizar el interés general sobre el localista”.
