F. Miranda:“es comprensible que quien recibió derechos PAC de alto valor en el pasado quiera dilatar la convergencia lo máximo posible”

Entrevista íntegra publicada en la edición AgroNegocios papel nº 751

AgroNegocios.- ¿Considera el MAPA que existen argumentos suficientes para avanzar más rápido que en años anteriores en el proceso de convergencia interna del pago básico de la PAC en 2021 y 2022? 

Fernando Miranda.- Sí, existen argumentos suficientes, que, además, han quedado reforzados con el análisis realizado en la elaboración del Plan Estratégico y las propias recomendaciones de la Comisión Europea.

El grado de convergencia alcanzado actualmente en España es aún muy bajo. Tan sólo un 48 % de los beneficiarios reciben pagos cuyo importe se sitúa entre un 80 % y un 120 % del valor medio de las regiones en que se encuentran. Es decir, aún admitiendo una horquilla amplia en torno a ese valor medio regional, como la que puede representar un 20 % por encima y por debajo de la media, más de la mitad de las explotaciones se sitúan fuera de ese rango. Y, además, son más los que se sitúan por debajo del 80 %, el 31 %, que los que están con valores superiores al 120 %, que son el 17 %.

Por otro lado, el ritmo del periodo 2015-2019 retrasaría la convergencia completa hasta el año 2036. Fecha inasumible para dar respuesta a una de las necesidades más claramente identificadas en el Plan, como es que dos explotaciones que se enfrentan a las mismas circunstancias deben recibir el mismo apoyo a la renta. Máxime si tenemos en cuenta que el origen de las diferencias de los importes que reciben los beneficiarios se remonta a los cultivos o al ganado que se tuvo hace más de quince años.

Ante esto, el Ministerio de Agricultura realizó en julio de 2020 una propuesta a la Conferencia Sectorial para avanzar paulatinamente en el proceso de convergencia a lo largo del periodo transitorio, una vez se supo que éste iba a tener una duración de dos años. En todo caso, la decisión adoptada permite una transición paulatina que evita distorsiones económicas, pues sólo un 0,5 % los perceptores que verán reducidos sus importes en más de un 25 %.

¿Existe por parte del Ministerio un calendario previo para alcanzar la plena convergencia interna del pago básico para luego suprimir los derechos históricos individuales y pasar a un sistema de pago por superficie?

En base al análisis de necesidades del Plan Estratégico, y tras analizar la posición de las diferentes CC.AA., el Ministerio propuso en la Sectorial de julio de 2020 que, durante el periodo 2021-2027, debía conseguirse la plena convergencia de los importes por hectárea, dentro de cada una de las regiones que se determinen, así como pasar posteriormente a un sistema de pago por superficie. Es, por tanto, una propuesta y, como tal, será debatida junto con el resto de elementos de la estrategia de intervención del Plan Estratégico en este semestre, con el fin de cerrar el modelo de aplicación de la PAC.

¿Llevan razón los que dicen que no ha habido consenso entre el MAPA, las CC.AA. y el sector, y que estos no tenían conocimiento de lo que podía suceder?

En la Conferencia Sectorial de finales de julio pasado, el Ministerio propuso a las CC.AA. avanzar en el proceso de convergencia. En el debate que se produjo, una gran mayoría de las Comunidades se mostró a favor de concluir el proceso de convergencia en el período 2021-2027 incluso sin esperar a su conclusión. El mensaje era claro: había que acelerar la convergencia, pues con el ritmo actual, concluiría en 2036. Por tanto, en el proyecto de real decreto que hicimos público solo unas semanas después, en septiembre, propusimos acelerar el ritmo de convergencia durante el período transitorio. Durante la tramitación del proyecto de real decreto, tal y como constatamos en la Conferencia Sectorial de julio, sólo dos CC.AA. (Andalucía y Galicia) se manifestaron por no incrementar el ritmo de convergencia, otra más señaló explícitamente que debía concluirse en 2023 y el resto no manifestó alegaciones a nuestra propuesta, con lo que no teníamos razón alguna para pensar que no tuviera apoyo. Entre septiembre y febrero fueron numerosas las reuniones que mantuvimos con las CC.AA. y con el sector, como suele ser norma en el Ministerio, por lo que diálogo ha habido en todo momento.

Hay que recordar que la convergencia del valor de los derechos de pago nace en el mismo momento en que se asignan estos derechos. Todo el mundo sabe que el objetivo es que los beneficiarios reciban el importe que corresponde al valor medio de su región. Dicho esto, es comprensible que quien recibió derechos de alto valor quiera que la convergencia se dilate tanto como sea posible, pero eso supondría otorgar un tratamiento discriminatorio frente a quienes recibieron derechos de valor inferior al valor medio regional.

El sector agrario andaluz y la Junta regional, ¿defienden solo a los que verán reducidos el valor de sus derechos de pago, al acercarse a la media regional, y no a los que verán que suben para acercarlos a a esa media?

No soy yo quien puede responder a eso.  Sí puedo decir que el impacto a nivel autonómico de esta convergencia para Andalucía es completamente neutro. De hecho, como dato adicional  que muestra el carácter progresivo de esta convergencia, tengo que decir que, de media, solo se va a mover el 3,5 % de los importes en cada región y lo harán siempre dentro de esa misma región, desde las explotaciones de mayor importe por hectárea a las de menor.

 ¿No hay manera de conocer cuántos y qué tipo de agricultores y ganaderos están recibiendo pagos por derechos históricos de hace más de 15 años, en su mayoría incluso más elevados que su media regional y que no tienen ya nada que ver con su actual actividad agraria?

El FEGA acaba de publicar un informe muy detallado, en el que se puede consultar, por cada una de las 50 regiones de convergencia, la dispersión del valor medio de los derechos por estratos, con indicación del número de beneficiarios en cada caso. Si comparamos el valor medio de la región con menor importe por hectárea con el valor medio de la región con mayor importe, vemos que la relación es de 1 a 23. Si hacemos este mismo ejercicio por beneficiario, la relación es de 1 a 160.000. Esto nos da la idea de la enorme dispersión en el valor de los derechos de pago en donde, con cientos de miles de perceptores, las casuísticas son lógicamente muy numerosas. Por eso es importante, como proponemos de cara al nuevo periodo, utilizar adecuadamente cada uno de los instrumentos.

La ayuda básica se debe regir por el principio de que dos explotaciones en iguales circunstancias deben cobrar el mismo importe por hectárea, el del valor medio de la región, lo que requiere, partiendo de la situación actual, pasar por un periodo de convergencia. Y, luego, emplear adecuadamente los elementos redistributivos que el reglamento permitirá, tales como el “capping”, la degresividad de las ayudas o el pago redistributivo. Igualmente, en determinados sectores productivos, las ayudas asociadas o vinculadas a la producción serán el instrumento a emplear.

Pero, ¿qué beneficiarios van a ver más reducidos el valor de sus importes de pago básico en este proceso de convergencia?

Sí, existen perfiles claros de explotaciones que verán más reducidos sus importes por la convergencia. Son, sencillamente, las que poseen importes individuales más elevados respecto a sus medias regionales y que, en no pocos casos, pueden ser de hasta cinco o  diez veces superiores o más.

En lo que se refiere a los sectores agrícolas, se trata de explotaciones cuyos importes de ayudas representan de media el 75 % de su dimensión económica, cuando la media en el conjunto de las explotaciones agrícolas ese porcentaje es de un 22 %. Por tanto, son productores que están utilizando, en muchas ocasiones, sus derechos de elevado valor en pastos o barbechos, limitándose a hacer una actividad agraria de mantenimiento.

En otro grupo están los productores ganaderos que tienen una dimensión económica muy superior a la media general (puede llegar a ser el doble, en función del sector), principalmente en modelos más intensivos de producción, con un elevado rendimiento económico y una menor dependencia en su actividad de las ayudas.

En sus recomendaciones, la CE plantea que España tiene aún el deber de concluir el proceso de convergencia interna, pero ¿fija un calendario en concreto? ¿Podría hacerse a lo largo del periodo de duración de la nueva PAC y concluirse en 2027?

Las recomendaciones se formulan para todo el periodo, hasta 2027, sin un calendario concreto. Por tanto el periodo que plantea la pregunta es posible, por supuesto. En todo caso, como indica la propia Comunicación de la Comisión, en la que se formulan las recomendaciones, el grado en que cada Estado plantee estrategias de intervención que, de manera inequívoca, permitan dar respuesta a las mismas, será uno de los elementos que la Comisión emplee para la aprobación de los planes estratégicos. No podemos olvidar que los Estados proponemos los planes, pero es la Comisión quien los aprueba y tendrá muy en cuenta que, en la aplicación de la ayuda básica a la renta, los importes se asignan a los beneficiarios con criterios objetivos y no discriminatorios.

¿Están la mayoría de las CC.AA. a favor de acelerar este proceso? ¿Y las organizaciones agrarias?

Como he dicho, solo dos de las 17 CC.AA., Andalucía y Galicia, se opusieron a esta reanudación de la convergencia interna en el periodo 2021-2022. En cuanto a las organizaciones profesionales agrarias, es complicado muchas veces alcanzar una posición nacional, por las diferentes sensibilidades y matices territoriales. En este caso, hubo posturas que abogaron por ralentizar o incluso paralizar el proceso de convergencia, mientras que otras solicitaron que el ritmo de convergencia durante el periodo transitorio se negociara al tiempo que la futura PAC.

 ¿Qué ventajas puede tener para el sector agrario español acelerar o anticipar el proceso de convergencia? ¿Tiene que ver con que en 2023 podrían cobrar la ayuda básica a la renta otras producciones (frutas y hortalizas, incluida la patata, y parte del viñedo) ¿con la idea de que un nuevo sistema de  pago por superficie facilitará  la movilidad de la tierra, mejorando el acceso a la misma de los jóvenes?

La decisión sobre el ritmo de convergencia no está relacionada con la incorporación de nuevas superficies. Lo que sí es cierto es que, cuando concluya la convergencia, las reglas del juego serán más claras para todos. Cuando esto suceda, en cada región todas las explotaciones recibirán el mismo importe de ayuda por hectárea. Y este aspecto será un elemento de trasparencia en la compraventa y arrendamiento de tierras, pues ahora cada transacción es diferente en función de la historia del beneficiario o de los propios derechos. Así, por ejemplo, dos fincas o parcelas iguales, una junto a la otra, ahora valen distinto, según sea el valor de sus derechos de la PAC, y no digamos ya si una de ellas no los tiene.

Cuando esta convergencia concluya, será más fácil también saber qué apoyo recibe o debe recibir cada sector productivo. Ahora, por ejemplo, un ganadero puede tener unos derechos de elevado valor, porque estuvo en el período de referencia de su cálculo, y su vecino, un joven recién instalado, tendrá derechos por el valor medio de su región de la reserva nacional. Si damos una ayuda acoplada al sector ganadero, es posible que al primero le estemos sobre-compensando y al segundo no le llegue.