Innovación y política hidráulica en zonas regables: el caso de la zona Genil-Cabra. Por Eduardo Moyano Estrada (IESA-CSIC)
Eduardo Moyano Estrada (IESA-CSIC)
Una de las grandes innovaciones de la política agraria del franquismo fueron los planes de transformación de zonas regables. Eran planes basados en complejas obras de ingeniería hidráulica para posibilitar la puesta en riego de tierras de secano.
Dado que el objetivo social perseguido por esos planes (reestructuración de la propiedad de la tierra y asentamiento de pequeños colonos) tuvo un impacto menor del esperado, su balance final ha tenido sobre todo la componente económica de revalorizar las tierras regadas e incrementar las producciones agrarias en las zonas afectadas.
Entre la limitación del riego y el ahorro de agua
En la práctica, la extensión del riego en esas zonas solía quedar por debajo de los niveles establecidos en los planes de transformación, dejando, en consecuencia, importantes áreas sin regar dentro del perímetro de actuación.
Unas veces porque no se disponía del agua suficiente cuando se hacía efectiva la ejecución de los proyectos (al transcurrir varios años desde su aprobación), otras, por cambios climatológicos no previstos (menor intensidad de lluvias, sequías prolongadas…) o por cambios en la estructura social de la zona (reordenación de la propiedad, concentración/parcelación…).
Lo cierto es que, en algunas de esas zonas, quedaban grupos de agricultores que veían pasar el agua cerca de sus explotaciones, pero no podían aprovecharla para regar cuando muchos de sus vecinos sí podíanhacerlo. En algunos casos, se daba incluso la circunstancia de que, en una misma explotación, había una parte de la misma que se beneficiaba de la concesión de riego y otra que no.
La realidad de muchas zonas regables ha sido, sin embargo, la de generar un importante ahorro de agua, gracias a la buena gestión de las Confederaciones Hidrográficas (CC.HH.), a la implantación de nuevas tecnologías (riego por goteo, riego a la demanda…) y a las buenas prácticas de los agricultores organizados en sus comunidades de regantes.
De hecho, el consumo real de agua en muchas de estas zonas está por muy por debajo de la cantidad que tienen concedida por la correspondiente Confederación Hidrográfica, siendo un excelente ejemplo de eficiencia (hacer más con menos) y de innovación, basado en la aplicación de la tecnología y en la buena gestión de los recursos.
Ello plantea, no obstante, la cuestión de qué hacer con el agua sobrante en estas zonas: si revertirla en la propia zona, aumentando la superficie de riego en aquellas tierras que, como he señalado, continúan de secano al no haber podido regarse, o si generar “bancos de agua” con posibilidad de comercializar el recurso hídrico a otras comunidades deficitarias.
Es ésta una cuestión que entra dentro de otro aspecto importante de la innovación, a saber: la innovación social y política, y que consiste en cambiar determinadas inercias en la toma de decisiones para favorecer el desarrollo socioeconómico de un territorio a través del regadío.
El caso de la zona regable Genil-Cabra
Un caso paradigmático de este asunto lo podemos encontrar en la zona regable Genil-Cabra, ubicada en la Campiña Sur de las provincias de Córdoba y Sevilla. Esta zona fue declarada de interés general en 1974 y abarca un área de 40.000 hectáreas, de las que 37.010 son consideradas útiles para el riego.
No obstante, en la actualidad sólo están en regadío 24.372 hectáreas. Eso significa que sólo se aprovechan dos tercios de la superficie potencialmente regable, por lo que aún hay margen de ampliación para un tercio de la misma (12.639 has), siempre que no implique aumentar la actual concesión de agua, ni generar un excesivo coste económico para el erario público.
Allí, un millar de agricultores agrupados en la Plataforma “Por la ampliación del regadío a la margen derecha del Canal Genil-Cabra”, lleva más de 30 años solicitando a la CH del Guadalquivir que, aprovechando el ahorro de agua logrado en la zona, se amplíe el riego a un área que forma parte del perímetro de la zona regable, pero a la que, por diversas circunstancias, nunca ha llegado el agua. Dicha ampliación significaría la puesta en riego de 5.530 has, repartidas entre los municipios cordobeses de Aguilar, Moriles y Puente Genil.
Su propuesta está avalada por sólidos argumentos técnicos, jurídicos y socioeconómicos, y cuenta además con el apoyo de los alcaldes de esos tres municipios y de todas las fuerzas políticas allí representadas. También cuenta con el respaldo de las organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG y UPA).
La viabilidad técnica y económica del proyecto
El proyecto presentado por la Plataforma no implica aumentar la actual dotación de agua, ni tampoco supondría coste económico para el erario público, estando además avalado por la normativa que regula el Plan Hidrológico del Guadalquivir. Veamos por qué.
En primer lugar, porque en la actualidad se está utilizando menos de la mitad de la dotación de agua que tiene asignada la zona regable, gracias a las tecnologías de ahorro de agua instaladas en las explotaciones y a las buenas prácticas agrícolas.
Pensemos que la zona regable Genil-Cabra contempla una dotación anual por ha de 4.823 m3, mientras que la media de consumo en el periodo 1990-2017 ha sido de sólo 2.130 m3/ha. Ello dice mucho en favor de los agricultores de la zona, con actitudes proclives a la modernización del regadío y a las estrategias innovadoras.
En segundo lugar, porque, debido a ese ahorro, existe capacidad suficiente en las estaciones principales de bombeo de la zona regable, por lo que no sería necesario construir nuevas instalaciones. Hay que tener en cuenta, además, que el área para la cual los agricultores solicitan la ampliación del riego, es lindera con el propio canal a lo largo de los 20 km que cruzan por el término municipal de Puente Genil, con lo que el coste de llevar el agua a esa zona sería mínimo.
En tercer lugar, porque gran parte de las explotaciones ubicadas en esa área cuenta ya con infraestructuras de riego, que fueron instaladas por sus propietarios y financiadas por ellos mismos para regar en precario, estando a la espera de que algún día el sueño de la ampliación se haga realidad.
En cuarto lugar, porque el proyecto está en sintonía con el RD 1/2016 que aprueba la revisión de Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, donde se dice que “el organismo de cuenca podrá destinar hasta el 45% de los recursos ahorrados, a futuras ampliaciones dentro de la demarcación”.
Una oportunidad para la innovación
Tal como señala el informe de la citada Plataforma, el aumento de la superficie de riego supondría, además, garantizar la regularidad de las cosechas, hoy sometida a la incertidumbre climatológica de los secanos, y aumentar sus rendimientos productivos. Asimismo, sería una buena ocasión para implantar nuevos cultivos en una zona, como ésta, donde se da una importante presencia de industrias agroalimentarias.
A ello habría que añadir el indudable impacto socioeconómico del proyecto, ya que beneficiaría a un millar de agricultores (en su mayoría, pequeños y medianos agricultores), creando riqueza y nuevos puestos de trabajo.
En definitiva, el caso aquí mencionado ilustra bien el debate sobre la innovación social y política que sería necesaria en las zonas regables para aprovechar el ahorro de agua generado en ellas, gracias a una buena gestión de las estructuras de gobernanza (CH y comunidades de regantes) y a las buenas prácticas de los agricultores. Esa agua podría ser revertida en la propia zona para aprovecharla en pro del desarrollo socioeconómico del territorio y sobre la base de proyectos agrarios innovadores.
