La Organización Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) denunció la “enésima campaña de desinformación” promovida por la Citrus Growers Association (CGA) de Sudáfrica “con la intención de ocultar la infección desatada en el Norte y en el Este del país, y el fracaso de sus sistemas de lucha contra la ‘Mancha negra” (Citrus Black Spot, CBS o P. citricarpa)”.
Según su presidenta, Inmaculada Sanfeliu, esta es la respuesta de Intercitrus, tras conocer el anuncio realizado este lunes 11 de septiembre por la CGA y por la Fresh Produce Exporters’ Forum (FPEF) –la empresa responsable de la sanidad vegetal de los cítricos sudafricanos- en el que informaron que las exportaciones de naranjas al mercado de la UE concluirán de manera adelantada el 15 de septiembre.
Según su presidenta, Inmaculada Sanfeliu, esta es la respuesta de Intercitrus, tras conocer el anuncio realizado este lunes 11 de septiembre por la CGA y por la Fresh Produce Exporters’ Forum (FPEF) –la empresa responsable de la sanidad vegetal de los cítricos sudafricanos- en el que informaron que las exportaciones de naranjas al mercado de la UE concluirán de manera adelantada el 15 de septiembre.
Concretamente, será a partir de tal fecha cuando la FPEF dejará de realizar las inspecciones y expedir los certificados para los envíos con destino a Europa, pero sólo los de las naranjas procedentes de zonas del Cabo Oriental, donde esta plaga supuestamente sí está declarada oficialmente, señala Intercitrus.
Para la Interprofesional Citrícola española, “esta medida tendrá un efecto muy limitado y difícilmente contribuirá a reducir el riesgo fitosanitario, debido a que no afecta al resto de cítricos que también sufren la enfermedad (mandarinas, limones o pomelos); a que el grueso de la campaña de naranjas está ya acabado en esa provincia sudafricana; a que los buques que partan desde tal fecha servirán para mantener el suministro hasta los primeros días de octubre y solo, a partir de entonces o antes, la oferta de este cítrico podrá provenir de las provincias declaradas exentas que, nada es por casualidad, son también las más tardías (Cabo Occidental y Cabo del Norte).
Según relata Intercitrus, no es la primera vez, que la CGA toma una decisión unilateral similar. En los últimos once años lo ha hecho hasta en siete ocasiones: en 2013 ordenó la suspensión el 18 de septiembre, adelantándose así al bloqueo que la Comisión Europea (CE) se vio forzada a ordenar en noviembre –cuando la campaña había concluido- y en ese año acumuló hasta 36 interceptaciones por CBS.
En 2014 se dio la misma situación, también con una cifra de rechazos a causa de este hongo importante (28), adelantándose a las medidas para reforzar los controles que adoptaría Bruselas después.
Algo parecido se repitió en 2015 (con 15 rechazos) cuando la CGA suspendió las inspecciones desde el 17 de septiembre y ordenó, además, a sus operadores evitar los puertos españoles, tras cuestionar la forma en la que los funcionarios del Ministerio de Agricultura realizaban las inspecciones.
En 2017 se aplicó en octubre (y acumularon 24 rechazos por CBS), mientras que en 2018 se ordenó lo propio desde el 22 de septiembre pese a sufrir “solo” dos interceptaciones, y en 2022 la suspensión, como novedad, se organizó de manera escalonada entre el 16 y 22 de septiembre (con 28 rechazos en toda la campaña).
Este año y hasta el pasado mes de agosto, sin contabilizar los meses que con o sin suspensión ‘parcial’ serán los más intensos comercialmente (septiembre y octubre), Sudáfrica ya acumula hasta 32 detecciones.
En casi todos esos años y prueba de la ineficacia de la medida, los inspectores comunitarios volvieron a detectar CBS en fechas posteriores a la suspensión promovida por la CGA.
La presidenta de Intercitrus advierte que “pese a que Sudáfrica suele obtener grandes titulares “vendiendo” tales medidas como un gesto de “responsabilidad y compromiso” con la sanidad vegetal, lo cierto es que lo único que persiguen es evitar un mal mayor y que la CE suspenda las exportaciones de todos sus cítricos a Europa.”
Para Sanfeliu, “la CGA ha llegado este año si cabe más lejos en su “cínica actitud”, pues ha pasado de criticar la regulación comunitaria para prevenir la entrada de este peligroso hongo y tildarla de “proteccionista para beneficiar injusta y específicamente a la industria citrícola española” y presionar en función de ello a su gobierno para que denuncie a Bruselas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) –como ya ha logrado con la presentada contra el Cold treatment para la ‘Falsa polilla’- a exhibir esta medida como una muestra de su “espíritu de cooperación con los productores europeos de cítricos, especialmente de España” y hacerlo poco menos que como un acto de generosidad en virtud del cual “el sector sudafricano cede ahora la gestión de la demanda de cítricos al Hemisferio Norte”.
Intercitrus reclama que, para impedir que esta enfermedad colonice la citricultura europea, se introduzca un criterio objetivo, como es recuperar un artículo en el reglamento comunitario que permita a la UE ordenar un cierre automático cautelar de su frontera en caso de que se detectaran más de 5 interceptaciones de partidas contaminadas por esta plaga. Algo que ya existió en el pasado y que se retiró en su momento, precisamente por la presión sudafricana.
En la actualidad, la Interprofesional Citrícola española, “dada la incapacidad acreditada por Sudáfrica en el control de esta enfermedad, exige una reacción inmediata de la Comisión, que debería ordenar el cese de las importaciones del conjunto de cítricos procedentes de este país.
La organización interprofesional advierte, además, que políticas de gestión de plagas, tan cuestionables como las promovidas en el país austral, sirven para poner en valor las producciones españolas, que sí son plenamente fiables y seguras en cuanto a calidad y garantía de suministro.
Por último, Intercitrus señala que “no puede más que censurar el serial de falsedades que ha venido sosteniendo públicamente la CGA, con tal de justificar su ineficacia o falta de voluntad a la hora de controlar una enfermedad que, de hecho, está regulada en la UE como “enfermedad prioritaria”, en el top 20 de todas las plagas de mayor impacto económico y medioambiental.