Las organizaciones representativas del sector hortofrutícola español han enviado una carta a los europarlamentarios españoles en la que les solicitan que garanticen la protección fitosanitaria de las plantaciones comunitarias, frente a la entrada de productos y materiales vegetales de terceros países.
El sector hortofrutícola español solicita al PE que mejore el sistema de seguridad sanitaria de las plantaciones
Recientemente se han iniciado las negociaciones en el marco de los Trílogos, para alcanzar un acuerdo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas de protección contra las plagas de los vegetales, la “Ley de Sanidad Vegetal”. Una de las cuestiones más importantes y controvertidas de ese Reglamento es el principio que debe regir las condiciones bajo las cuales la UE permitirá en el futuro la entrada de productos y materiales vegetales desde terceros países.
El sector español recuerda que, casos recientes como el de la Xyllela fastidiosa o las reiteradas interceptaciones de Black Spot, afectan sobre todo a los países del Sur de la UE. Estas amenazas, como otras plagas altamente devastadoras y sin posibilidad de ser erradicadas una vez introducidas, ponen en riesgo de contagio a las plantaciones mediterráneas y demuestran que los sistemas de protección actuales son absolutamente insuficientes.
El sector español defiende la propuesta liderada por Francia y España de instaurar por Reglamento una “lista positiva”. De esta forma solo podrían entrar en la UE aquellos productos procedentes de aquellos países que, por ofrecer suficiente seguridad y control y no entrañar riesgos fitosanitarios, estuvieran expresamente permitidos. Esta medida no actuaría como “barrera comercial”, porque no afectaría a la mayoría de los flujos tradicionales, que no presentan riesgo y que quedarían incluidos en la lista positiva. Esta propuesta supone un cambio frente al enfoque actual de “lista negativa”, que ha resultado ineficaz y según el cual, cualquier importación está autorizada, salvo que haya sido explícitamente prohibida.
Desde el sector español se espera que las instituciones comunitarias revisen en profundidad este enfoque y no antepongan los intereses comerciales en detrimento de la protección de las plantaciones y producciones europeas.
