El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha pedido al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, cambios urgentes en el régimen jurídico del lobo, a la vista de los graves problemas a los que se enfrentan los ganaderos, y en general el mundo rural, como consecuencia del alarmante aumento del número de manadas de lobos en el territorio europeo y especialmente en España.
Los datos recopilados por esta organización agraria, mientras se dan a conocer los nuevos censos elaborados por las CC.AA. en España y el resultado de la recogida de datos abierta desde la Comisión Europea hasta el pasado 22 de septiembre sobre la situación del lobo y grandes carnívoros en la Unión, presagian un aumento descontrolado de las manadas de lobos en el territorio UE en los últimos años.
Los datos recopilados por esta organización agraria, mientras se dan a conocer los nuevos censos elaborados por las CC.AA. en España y el resultado de la recogida de datos abierta desde la Comisión Europea hasta el pasado 22 de septiembre sobre la situación del lobo y grandes carnívoros en la Unión, presagian un aumento descontrolado de las manadas de lobos en el territorio UE en los últimos años.
Según ASAJA, la propia presidenta de la CE, Ursula von der Leyen llegó a reconocer que “la concentración de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos”.
Y este es el principal motivo, añade esta organización agraria, de que la CE haya promovido recientemente la recopilación de datos para revisar el estado de conservación del lobo a nivel europeo, instando a las autoridades locales a hacer pleno uso de las excepciones existentes en la normativa comunitaria.
ASAJA señala que, en el caso de España, desde que en 2021 el lobo dejara de ser especie cinegética al Norte del Duero, territorios donde se localiza la especie, y pasara a formar parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), las manadas de lobos han crecido descontroladamente, y por consecuencia también, los ataques a las ganaderías.
Esta asociación agraria cita algunos ejemplos: en el año 2022, solo en Castilla y León se registraron más de 3.000 ataques, con un resultado de 5.104 reses muertas, con un incremento del 15% de estos ataques y del 20 % de los animales muertos, cuando los años previos estos indicadores de crecimiento estaban entre el 2-3% y el 5-7% respectivamente.
En Cantabria, los ataques aumentaron un 85% y un 54% los animales muertos; en Galicia, un 11% los ataques y un 10% los animales muertos; en La Rioja, se pasó de 159 ataques por lobo en 2021 a 307 en 2022, prácticamente el doble, y en Asturias, los daños causados por el lobo a la cabaña ganadera aumentaron un 12 % en 2022.
Como explica el presidente de ASAJA en su carta al comisario de Medio Ambiente, «se exige un enfoque más equilibrado que proteja tanto a la fauna silvestre, como a nuestras comunidades rurales. Entre otros puntos, resulta necesario que se paguen ayudas directas por cada aborto tras un ataque, además de por la merma de producción en carne o leche y el lucro cesante por cada animal muerto”.
ASAJA sostiene, al respecto, que «para abordar eficazmente esta problemática y garantizar una coexistencia adecuada, ASAJA considera esencial revisar la legislación actual europea, y sobre todo nacional, modificando el estatus de protección del lobo en la UE y transponiéndolo al marco jurídico nacional , a fin de introducir una mayor flexibilidad a la luz de la evolución de esta especie en nuestro país.
En este sentido, concluye la organización agraria, «varios países ya han establecido excepciones para la gestión de sus poblaciones de grandes carnívoros, como es el caso del lince en Letonia, los glotones en Finlandia, el oso en Rumanía, y el lobo en Suecia.»
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