El control de las plagas que dañan los cultivos y las plantas es necesario tanto para salvaguardar la seguridad alimentaria, como para garantizar ingresos viables a los agricultores por su producción, señala la Comisión Europea, y esto debe hacerse minimizando los riesgos para las personas y el medio ambiente. Este enfoque, que utiliza métodos naturales siempre que sea posible y fitosanitarios químicos como último recurso, se denomina “Gestión Integrado de Plagas’ (GIP).
Al respecto, la Comisión Europea publicó este martes 28 de febrero una “base de datos”, que presenta una descripción general de los métodos de dicha gestión integrada, actualmente disponibles, acompañada de un estudio que evalúa su eficacia y las perspectivas de una mayor adopción.
Al respecto, la Comisión Europea publicó este martes 28 de febrero una “base de datos”, que presenta una descripción general de los métodos de dicha gestión integrada, actualmente disponibles, acompañada de un estudio que evalúa su eficacia y las perspectivas de una mayor adopción.
Así, la base de datos incluye alrededor de 1.300 ejemplos de prácticas, técnicas y tecnologías en ocho principios de GIP, establecidos a nivel internacional y de la UE, como el uso de la rotación de cultivos y la fertilización equilibrada, el control de organismos nocivos, la aplicación específica y reducida y, lo que es más importante, la preferencia por métodos de control de plagas no químicos.
La base de datos incluye también unas 273 «directrices específicas para cultivos» desarrolladas por las autoridades nacionales y los organismos públicos de los Estados miembros para aplicar los requisitos de la GIP, en virtud de la Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas.(SUD).
Según la Comisión, esta descripción general de las prácticas, establecida después de dos años de trabajo, muestra que existe una gran variedad en las opciones de adopción e implementación de métodos de gestión integrada en los países de la UE.
Todos los ejemplos se presentan en los idiomas nacionales con una breve introducción en inglés.
Esta “caja de herramientas”, señala Bruselas, pretende inspirar a las autoridades nacionales, asesores agrícolas, etc., para desarrollar e implementar enfoques de GIP, después de adaptarlos a las condiciones agrícolas y agroclimáticas locales/regionales.
La base de datos, alojada en la Plataforma de Modelado de Datos de Economía de Recursos (DATAm) del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), se actualizará periódicamente con ejemplos adicionales.
Paralelamente a esta gran descripción general, un estudio explora las prácticas actuales de GIP y su potencial para ayudar a reducir la dependencia de los pesticidas químicos, su coste de implementación y su efectividad general.
El estudio también investiga los factores clave que afectan la reducción de la dependencia del uso de pesticidas y las barreras y factores claves asociados a ello.
Al parecer, añade la CE, la presión de la sociedad civil, un marco regulatorio incentivador y un entorno económico favorable representan impulsores para reducir el uso de plaguicidas químicos que, a menudo funciona mejor cuando se combina con otros objetivos, como son las prácticas de conservación del suelo, la reducción del uso de fertilizantes y la provisión de servicios ecosistémicos, como la preservación de polinizadores o la restauración de hábitats naturales (por ejemplo, los setos).
No obstante, la Comisión reconoce que la falta de suficientes alternativas viables y asequibles a las prácticas convencionales continúa siendo la principal barrera para reducir nuestra dependencia de los fitosanitarios químicos.
Las compras colectivas de equipos o soluciones de tipo contractual pueden ser una opción para hacer frente a los posibles costes asociados a algunos métodos alternativos, indica Bruselas.
El apoyo a nivel nacional y de la UE, a través de medidas de información y difusión para todas las alternativas existentes y a las nuevas tecnologías, es crucial para aumentar la aplicación exitosa de la Gestión Integrada de Plagas.
La CE señala que la “caja de herramientas” que presenta representa un esfuerzo para promover y apoyar el uso de la GIP por parte de los agricultores, como lo requiere la actual Directiva sobre Uso Sostenible de Fitosanitarios (SUD), y también va más allá de la misma de forma voluntaria.
La CE mantiene el objetivo de reducir un 50% el uso y riesgo de pesticidas químicos
La Estrategia “De la Granja a la Mesa” establece dos objetivos en términos de reducción de plaguicidas: una reducción del 50% para 2030 en el uso y riesgo de pesticidas químicos, y la prohibición del uso de los pesticidas más peligrosos.
La Directiva sobre uso sostenible de plaguicidas (SUD ) establece las condiciones que las autoridades nacionales deben establecer para garantizar el uso sostenible de plaguicidas por parte de los agricultores y otros usuarios profesionales.
Esto incluye el uso de enfoques de Gestión Integrada de Plagas (MIP) establecidos en ocho principios generales. En el contexto de la Estrategia “De la granja a la mesa” y para reforzar la aplicación de los objetivos SUD, la Comisión adoptó en junio de 2022 una propuesta de Reglamento que sustituye al SUD .
Establece objetivos de la UE para la reducción de pesticidas y proporciona objetivos nacionales, así como requisitos más específicos a nivel de los usuarios, incluso para la GIP en forma de “reglas específicas para cultivos”.
Asimismo, La nueva PAC incluye varios instrumentos para los agricultores en sus esfuerzos por reducir el uso de pesticidas.
Los programas medioambientales, caso de los ecorregímenes o las exigencias de la condicionalidad reforzada, del primer pilar de la PAC proporcionan un presupuesto previsto de un mínimo de 48.500 millones de euros para prácticas ambientales y climáticas, incluida la reducción de fitosanitarios y la agricultura orgánica.
También, los compromisos de gestión en el marco del segundo pilar de la PAC (Desarrollo Rural) cuentan con un presupuesto comunitario previsto como mínimo de 21.140 millones de euros (complementado con cofinanciación nacional).
El segundo pilar de la PAC también puede apoyar inversiones en agricultura de precisión, que contribuyan a la reducción de fitosanitarios.
Asimismo, las medidas de mercado de la PAC (intervenciones) en sectores como las frutas y hortalizas o el vino pueden financiar acciones colectivas para promover prácticas como la gestión integrada de plagas o la producción integrada, así como la producción ecológica.
Igualmente, en el marco de los Servicios de Asesoramiento Agrícola, los Estados miembros deben asesorar a los agricultores sobre una serie de cuestiones, entre las que se incluye el uso sostenible de plaguicidas, a través, por ejemplo, de la Asociación Europea de Innovación (EIP-AGRI).
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