La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores (COAG) mostró en un comunicado su rechazo «frontal» a la apertura de las fronteras comunitarias a los pollos de Marruecos tras sostener «durante años» que no reunían las condiciones, destacando que las autoridades comunitarias ha autorizado finalmente la entrada desde este país de productos cárnicos de aves de corral, tal y como recoge el reglamento de desarrollo 2022/1040 publicado el jueves 30 de junio en el DOUE.
Para COAG, coincide esta apertura con la «crítica situación» por la que están atravesando los ganaderos avícolas españoles ante el «brutal incremento» de los costes de producción derivados del aumento de los costes de la energía (+150 %), piensos (+35 %) y unos precios en el umbral de la rentabilidad, ha añadido la organización.
Esta situación puede verse agravada por este aumento de las importaciones de países terceros que, según COAG «no cumplen con las exigentes normativas y altos estándares en materia de bioseguridad, calidad y bienestar animal de la UE».
Para el responsable de este sector en COAG, Eloy Ureña, en «estos momentos no son necesarias porque el esfuerzo y la responsabilidad de los granjeros garantiza el abastecimiento de pollo para los próximos meses».
Con todo este contexto, desde COAG se pide a la UE y al gobierno español «menos importaciones de terceros países y más apoyos a las granjas avícolas locales«.
Por su parte, la organización agraria Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se ha manifestado también en contra de la apertura de las fronteras de la Unión Europa a los pollos de Marruecos.
A través de un comunicado, UPA ha indicado que desconoce «qué se esconde tras esta decisión», pero a su juicio «no es difícil imaginar que las industrias quieran asegurarse el suministro de pollo si los bajos precios terminan por hundir a los granjeros españoles».
Por ello, UPA ha exigido al Gobierno y a las comunidades autónomas que actúen para lograr que se cumpla la Ley de la cadena alimentaria de forma que se puedan cubrir los costes de producción de los granjeros, que, según señala, «superan con creces los precios percibidos».
UPA ha asegurado que, de no subir los precios a los granjeros, organizará protestas ante las principales integradoras y ante la patronal que las aglutina, Avianza, «para denunciar los abusos» que se están cometiendo.
La organización ha detallado que menos de un 5% del precio que paga un consumidor por el kilo de pollo llega a los granjeros, lo que representa un porcentaje «irrisorio y totalmente insuficiente».
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