El Comité Especial de Agricultura (CEA), formado por representantes de los Estados miembros de la UE y preparatorio de las reuniones posteriores del Consejo de Ministros, y la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo dieron un paso más en la propuesta de directiva comunitaria que pretende regular las prácticas comerciales desleales (PCD) en la cadena alimentaria.
La futura directiva sobre PCD en la cadena alimentaria avanza en el Consejo y en la Eurocámara
El CEA logró ayer un importante acuerdo sobre la posición negociadora que mantendrá el Consejo de Ministros en relación con la citada propuesta y solicitó a la presidencia semestral austriaca que inicie cuanto antes negociaciones con el Parlamento Europeo para seguir avanzando.
Asimismo, la Comisión de Agricultura (Comagri) de la Eurocámara votó el informe sobre la propuesta del eurodiputado italiano de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Paolo de Castro, aprobándolo, tras admitir una serie de enmiendas, por abrumadora mayoría (38 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones) para lograr una cadena de suministro de alimentos más justa y equilibrada en beneficio de todos los actores de la misma y de los consumidores.
La previsión es que, una vez superado el trámite de la Comagri, el Pleno del PE lo apruebe en la sesión del próximo 22 de octubre. A partir de esa fecha, comenzaría la negociación a tres partes (Comisión Europea, Consejo y Parlamento Europeo), en un trílogo del que se espera pueda salir un acuerdo antes de final de año.
La votación a favor en la Comagri fue bien recibida por toda la cadena europea de suministro de alimentos, puesto que supone dar un paso clave e importante para garantizar la equidad y la seguridad para todos los que participan en la misma
La legislación garantizará que se respeten los contratos acordados entre los agricultores, la industria transformada y los minoristas y que ninguna de las partes pueda aplicar prácticas de comercio desleal (UTP, en sus siglas en inglés).
Las Comisiones de Mercado Interior (IMCO), de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) y de Desarrollo (DEVE) aportaron con sus informes de opinión importantes contribuciones al informe del eurodiputado De Castro, destacando el compromiso del Parlamento de la UE de no tolerar prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos.
Apoyo institucional
Según señalan varias asociaciones representativas de la cadena de suministro alimentario (AIM, CEJA, COPA-Cogeca, FoodDrink Europe, EFFAT, IFOAM EU), los 11 millones de agricultores y las 293.000 industrias alimentarias de Europa piden ahora el apoyo de la Comisión Europea y del Consejo para garantizar que esta propuesta legislativa sea adoptada antes de finales de 2018 para completar a nivel comunitario la legislación vigente contra las PCD en 20 Estados miembros.
El CEA y el PE coinciden en que en el ámbito de la futura directiva habría que incluir no solo a los alimentos, sino también a los productos agrícolas y a los servicios auxiliares. También que los proveedores puedan presentar denuncia en su Estado miembro, aunque la PCD se haya producido en otro país comunitario.
Asimismo, ambas instituciones consideran como PCD tanto las demoras en los pagos, sobre todo en los productos agrícolas y productos perecederos que se realicen más allá de los 30 días previstos, como la cancelación unilateral de un pedido de producto perecedero a menos de 60 días de la entrega inicialmente acordada.
También que los Estados miembros puedan continuar manteniendo las reglas contra las PCD o incluso introducir otras nuevas más estrictas que las que sea obligado aplicar a nivel comunitario, una vez entre en vigor la directiva.
El Parlamento Europeo, más ambicioso respecto a esta normativa, quiere que el ámbito de aplicación de la futura directiva no se limite a la venta de productos de un proveedor PYME a un comprador que no lo es, sino que busca que abarque a todos los proveedores y compradores, independiente de su dimensión.
Asimismo, el PE quiere ampliar la lista de PCD de la Comisión Europea a los pagos efectuados para productos no perecederos a más de 60 días, a partir del último día del mes en que recibió la factura o, en su caso, del día acordado de entrega de la mercancía.
Igualmente, el PE quiere que se califique como PCD la negativa del comprador a firmar un contrato por escrito con el proveedor o cuando aquél haga un mal uso de la información confidencial relacionada con el contrato de suministro o venda por debajo de coste de producción (“venta a pérdida”), a menos que se acuerdo por adelantado entre ambas partes.
Gran parte de estos aspectos ya están incluidos en la Ley 12/2013 española de medida para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, aunque queda pendiente y por resolver el nuevo encaje legal que se le dará a la “venta a pérdidas”.
Gran paso
Cooperativas Agro-alimentarias de España, desde la vicepresidencia de Grupo de Trabajo de Cadena alimentaria del COPA-Cogeca, considera un gran paso la aprobación en la Comisión de Agricultura (Comagri) del Parlamento Europeo del informe del ponente Paolo de Castro, sobre PCD en la cadena alimentaria, que incluye ciertas modificaciones para mejorar la propuesta de la Comisión Europea del pasado 12 de abril.
En este sentido, Cooperativas destaca que ha transmitido en todo momento la necesidad de una regulación europea en este ámbito, tras trabajar los últimos años estrechamente con el resto de las organizaciones agrarias españolas y europeas.
Entre las modificaciones más significativas se incluye que una práctica es desleal la cometa quien la cometa y la sufra quien la sufra, independientemente del tamaño del operador.
Un aspecto importante que desde Cooperativas Agro-alimentarias hemos trabajado de manera específica y que los europarlamentarios han incluido en la lista de PCD a perseguir por los Estados Miembros es el concepto de “ventas a pérdidas” necesario para que dicha regulación sea más efectiva.
Respecto a los contratos de suministro si bien no son obligatorios, los eurodiputados proponen que, si el proveedor lo pide, el comprador debe realizarlo por escrito con una serie de condiciones como duración y precio.
La Directiva no se aplica en el caso de organizaciones de productores y cooperativas, si establecen en sus estatutos las condiciones de pago de los productos a sus miembros.
Asimismo, solicitan que se mejore la condición de anonimato y que las asociaciones de operadores puedan presentar quejas en nombre de sus miembros por incumplimiento de los contratos.
Incluso aclaran las condiciones de aplicación en caso de que la sede social del operador este fuera de la UE, con el fin de que puedan escapar a la aplicación de la normativa.
El informe votado define como PCD “aquella que se aparta manifiestamente de la buena conducta comercial, es contraria a los principios de buena fe y comercio justo y que es impuesta de manera unilateral por una de las partes; impone o intenta imponer una transferencia injustificada y desproporcionada del riesgo económico del comprador al proveedor; un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones al proveedor en la relación comercial antes, durante o después del contrato”.
Actualmente, existen en más de 20 países de la UE alguna forma de regulación sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria y, por tanto, una normativa europea es necesaria para proteger el mercado interior, si bien se propone que las normas nacionales de los países puedan ser más estrictas que esta Directiva, como el caso de la Ley 12/2013 de Cadena Alimentaria en España, respetando así su contenido.
Cooperativas espera que el Plenario de la Eurocámara ratifique el informe del Paolo De Castro, cuyo trabajo y el del resto de eurodiputados está siendo crucial para proteger al sector productor de las prácticas desleales en toda la UE.
Una vez que el Plenario ratifique este informe empezará la negociación en el Trilogos, (Parlamento Europeo, Comisión Europea y Consejo), esperando que haya un acuerdo antes de finalizar el año.
Acabar con los desequilibrios
La eurodiputada socialista y vicepresidenta la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, mostró su satisfacción por el amplio respaldo a la propuesta para acabar con las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria.
El 86% de los miembros de la Comagri respaldan la batería de propuestas para acabar con los desequilibrios en la negociación de precios.
La propuesta aprobada del eurodiputado socialista italiano Paolo de Castro, recoge las principales demandas del grupo S&D y, en concreto, tres aspectos:
– Ampliación del ámbito de aplicación de la directiva, incluyendo a proveedores y vendedores no PYMEs
.– Inclusión de la “venta a pérdidas” entre las práctica comerciales prohibidas.–
Las organizaciones profesionales agrarias podrán actuar como parte demandante de una práctica irregular.
En opinión de Aguilera estos puntos mejoran «significativamente» la propuesta, «acercándola a la realidad de los problemas a los que se enfrenta el sector».
Caza de brujas
Por su parte, la asociación que representa y defiende los intereses del comercio minorista de la UE, EuroCommerce, definió la propuesta aprobada en la Comagri sobre la futura directiva que pretende regular las PCD en la cadena alimentaria como una “caza de brujas” contra el comercio minorista y mayorista.
En opinión de Christian Verschueren, director de EuroCommerce la directiva protegerá a las grandes multinacionales alimentarías y el debate sobre las PCD se ha convertido en un ataque directo a las negociaciones legítimas entre proveedores y minoristas y que esta iniciativa no servirá para lograr la equidad en la cadena de suministro de alimentos, sino que, por el contrario, impondrá restricciones a los minoristas.
Desde Eurocommerce se añade también que la futura Directiva hará más difícil para los minoristas negociar con los proveedores, lo cual tampoco beneficiará a los agricultores.
Se trata, según Verschueren, de una “caza de brujas” contra minoristas y mayoristas para llenar los bolsillos de las multinacionales y no hacer nada por los agricultores. Es más, para el director de esta entidad, la directiva otorga derechos a los vendedores, pero no a los compradores, poniendo en tela de junio los principios de la Unión Europea sobre la igualdad de trato.
