La propuesta de la Comisión Europea sobre la revisión del sistema de Indicaciones Geográficas deja demasiadas preguntas sin respuesta y suscita preocupación por la propuesta de transferencia de competencias a la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), cuya sede está en Alicante.
La Comisión Europea hizo pública este jueves 31 de marzo su propuesta de revisión del sistema de Indicaciones Geográficas (IGs) de la UE, prevista en el marco de la Estrategia «De la granja a la mesa».
Para las organizaciones de productores agrarios de la UE y sus cooperativas (COPA-Cogeca), las IGs son una creación útil y única de la UE, que permite valorizar los productos, el patrimonio culinario de la UE y el trabajo de sus productores.
También, añaden, desempeñan un importante papel para el desarrollo regional y, en especial, de las comunidades rurales a las que están vinculadas, ayudando también a preservar la cultura y las diversas técnicas agrícolas y variedades vegetales y animales específicas de esas regiones. Las IG son un verdadero éxito europeo.
Gracias a la revisión del Reglamento de la OCM, esta gran herramienta se ha mejorado incluso al aliviar parte de la carga administrativa y ofrecer un mejor control de su producción a los agricultores.
El COPA-Cogeca supone que la nueva propuesta en el contexto de la Estrategia «De la granja a la mesa» va a ir aún más lejos y también ofrecerá más espacio para abordar los aspectos de sostenibilidad, aunque este concepto ya está integrado en la propia naturaleza de las IGs.
Con esta nueva revisión, el COPA-Cogeca observa que Bruselas identifica correctamente los elementos que requieren algunos cambios para mejorar un sistema que ya funciona bien. Por ejemplo, la propuesta de la Comisión se centra en el fortalecimiento de las Organizaciones de Productores (OPs); la mejora de la protección y los controles de las IGs, además de ofrecer la posibilidad de incluir requisitos de sostenibilidad de estas figuras de calidad, o de agilizar la gestión de las solicitudes.
Sin embargo, desde el punto de vista de los productores, ”la forma en que la Comisión Europea propone aplicar esos posibles cambios plantea interrogantes y serias preocupaciones.”
Algunos elementos no están claros y requieren más aclaraciones, mientras que otros, como la mayor implicación de la EUIPO en la gestión de las IGs, son simplemente muy preocupantes.
Según el COPA-Cogeca, “trasladar las competencias de la DG AGRI a una agencia especializada en derechos de propiedad intelectual y sin el necesario conocimiento de las especificidades del sector agrícola y de la naturaleza de las IGs pone en riesgo esta exitosa política.” El Parlamento Europeo y el Consejo ya se han hecho eco de algunas de estas preocupaciones.
Lo que ha hecho que las IGs sean un éxito, concluye esta organización, es que asocian la calidad de un producto al «savoir faire» de una región y a sus productores. Debemos tener esto en cuenta si queremos que esta exitosa política sea aún mejor, concluyó el COPA-Cogeca.
Patrimonio agroalimentario
La Comisión Europea adoptó el jueves 31 de marzo una propuesta de revisión del régimen de Indicaciones Geográficas (IGs) de vinos, bebidas espirituosas y productos agrarios, cuyo objetivo es estas figuras de calidad agroalimentarias tengan una mayor aceptación en toda la Unión en beneficio de la economía rural y lograr un mayor nivel de protección, especialmente online por Internet.
Según Bruselas, se trata de “mantener los altos estándares y calidad de los alimentos de la UE y velar por que nuestro patrimonio cultural, gastronómico y local se conserve y certifique como auténtico dentro de la UE y en todo el mundo.”
Para el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, “las Indicaciones Geográficas representan la riqueza y la diversidad de nuestro patrimonio culinario europeo. Al proponer un refuerzo y una mayor armonización de nuestro marco jurídico, pretendemos estimular la producción de productos tradicionales de calidad. Esto redundará en beneficio de la economía rural en toda la Unión y contribuirá a preservar las tradiciones locales y los recursos naturales. Además, mantendrá la reputación mundial de los productos agroalimentarios de la UE.”
Más en concreto, según la CE, se propone determinadas medidas para reforzar y mejorar el sistema actual de indicaciones geográficas, como
-Un procedimiento de registro abreviado y simplificado: se fusionarán las diferentes normas técnicas y de procedimiento en materia de IGs, de manera que habrá un único procedimiento de registro simplificado de estas figuras o nombres de calidad para los solicitantes de la UE y de terceros países. Como esta armonización hará que sea más breve el plazo entre la presentación de la solicitud y el registro, se prevé que ello aumente el atractivo de los regímenes para los productores.
-Mayor protección online por Internet: el nuevo marco aumentará la protección de las IGs en Internet, sobre todo en lo que respecta a las ventas online, a través de plataformas por Internet, y la protección frente al registro y el uso de mala fe de IGs en el sistema de “nombres de dominio.”
-Mayor sostenibilidad: como resultado directo de la Estrategia «De la granja a la Mesa», los productores podrán sacar partido de sus iniciativas en materia de sostenibilidad social, medioambiental o económica en sus pliegos de condiciones, mediante el establecimiento de los requisitos correspondientes. Esto contribuirá a proteger mejor los recursos naturales y las economías rurales, gracias a la defensa de las variedades vegetales y las razas animales locales, la preservación del paisaje de la zona de producción y la mejora del bienestar animal. Esto también podría resultar atractivo para los consumidores deseosos de reducir su impacto en el medio ambiente.
-Capacitación de las agrupaciones y organizaciones de productores: los Estados miembros deberán otorgar reconocimiento a las agrupaciones u organizaciones de productores de IGs que lo soliciten. Las OPs o AOPs reconocidas estarán facultadas para gestionar, hacer cumplir y fomentar sus IGs recurriendo, en particular, a las autoridades aduaneras y de lucha contra la falsificación en todos los Estados miembros.
La propuesta también prorroga el régimen de calidad de las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETGs) y el uso del término “Producto de Montaña”, como término de calidad facultativo.
La EUIPO
Por otro lado, los Estados miembros de la UE seguirán siendo responsables del cumplimiento a escala a nivel nacional, mientras que la Comisión lo será también en materia de registro, modificación y cancelación de todos los registros.
En concreto, la CE plantea que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE/EUIPO) prestará apoyo técnico en el procedimiento de evaluación para contribuir a agilizar los trámites.
Al respecto, se señala que La Comisión y la OPIUE llevan ya cuatro años cooperando en materia de Indicaciones Geográficas y, durante ese tiempo, esta Oficina ha contribuido a evaluar alrededor de 1.300 solicitudes de IGs y creado GIview, una nueva base de datos de búsqueda de todos los nombres protegidos, vinculada al registro de IGs de la UE.
La CE considera que la propuesta de revisión reglamentaria es el resultado de un amplio proceso de consulta. En octubre de 2020, se publicó una Evaluación inicial de impacto, seguida de una consulta pública entre el 15 de enero y el 9 de abril de 2021, así como de consultas específicas con los Estados miembros y las organizaciones pertinentes en este ámbito.
EFOW Y CECRV SE OPONEN A LA PROPUESTA
Estas organizaciones añaden que no se puede plantear una reforma para reforzar el sistema de IIGG (tal y como le solicitaba en diciembre de 2019 la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su carta de mandato al Comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski) sin tener en cuenta las necesidades que las propias indicaciones geográficas vienen trasladándole a la Comisión desde que a principios de 2021 comenzó a gestarse esta propuesta.
La European Federation of Origin Wines (EFOW) y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) entienden que la propuesta de la Comisión carece de visión, porque no solo no simplifica la gestión de las indicaciones geográficas, sino que la complica, pretendiendo externalizar parte de las tareas y responsabilidades en materia de gestión de IIGG de la DG AGRI (Comisión Europea) en la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), lo que, de facto, supondría un reduccionismo del concepto de indicación geográfica, ya que centraría buena parte de su política en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual (la EUIPO se dedica a la protección de marcas y diseños en la UE), cuando una IG es mucho más que la protección del nombre.
Para estas organizaciones, una indicación geográfica no es una expresión de intereses privados que sólo protege un nombre o un signo. Las indicaciones geográficas son derechos colectivos que desempeñan funciones públicas sobre los productos agroalimentarios (control, promoción de la calidad diferenciada vinculada a un territorio, en beneficio del desarrollo rural de una zona…).
Hasta el momento, el marco jurídico actual (la regulación de las IIGG queda dentro de la regulación europea para la Organización Común del Mercado de los productos agrarios -OCM-) ha abordado las figuras de calidad como instrumento de política pública, herramienta de desarrollo local y parte fundamental de las políticas agrícola y comercial de la UE. Y esto se vería socavado si la reforma planteada por la Comisión Europea fuese aprobada en los términos actuales.
Y es que la propuesta de la Comisión desvincula del Reglamento europeo de la OCM (uno de los pilares de la PAC) muchas disposiciones referidas a las IIGG, cuando muchos de los asuntos relativos a la gestión de las indicaciones geográficas no pueden desligarse de los debates y cuestiones de mercado que atañen al conjunto de los sectores a los que pertenecen.
La propuesta legislativa resulta, para EFOW y para CECRV, poco clara, en dos sentidos. Por una parte, porque, aunque pretenda simplificar el sistema de indicaciones geográficas, en realidad lo que hace es complicar su gestión. Como advierten los responsables de estas organizaciones, esta simplificación es solo para la Comisión Europea y no para los operadores de indicaciones geográficas, porque la propuesta multiplica el número de interlocutores institucionales para las IIGG, ya que, a la Comisión Europea se añadiría la EUIPO. Y por otra, porque resulta preocupante que la Comisión Europea no proporcione más detalles sobre el funcionamiento del nuevo sistema de indicaciones geográficas en su propuesta, atribuyéndose en la misma, por el contrario, múltiples poderes delegados, que permitirían a la Comisión decidir sobre ellos con un amplio margen, vía legislación secundaria, y, en consecuencia, con un poder de control menor por parte del Parlamento Europeo y los Estados miembros, que verían limitada su co-decisión en este proceso de tramitación legislativa, pudiendo aceptar o rechazar propuestas de la Comisión en forma de reglamentos delegados y de ejecución, pero no plantear modificaciones sobre las mismas.
Por último, tanto EFOW como CECRV califican la propuesta legislativa de poco ambiciosa, porque precisamente en aquellos aspectos en los que las denominaciones de origen de vino sí han solicitado a la Comisión avances y mejoras colectivas (la sostenibilidad, las capacidades y atribuciones de las agrupaciones de productores reconocidas -órganos de gestión de las IIGG-, la protección online), la reforma no va más allá de los compromisos que sobre ello ya recoge la nueva PAC y la legislación UE en vigor.
No obstante, la propuesta contempla algunos elementos positivos (sobre todo, en cuanto al refuerzo de la representatividad de las agrupaciones de productores reconocidas como IIGG y en materia de protección de las indicaciones geográficas cuando estas se usan como ingredientes).
Por todo ello, las organizaciones representativas de las indicaciones geográficas consideran que una reforma en los términos de la planteada no es en modo alguno necesaria ni demandada por las figuras de calidad, que sí están satisfechas con las actuales disposiciones que sobre las indicaciones geográficas introdujo en diciembre del año pasado la nueva PAC y que ya permiten a las DDOO reforzar su sostenibilidad y una mejor protección normativa.
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