Cinco camiones españoles fueron abordados ayer lunes 5 de abril en las cercanías del paso fronterizo de Le Boulou por un centenar de viticultores galos, que vertieron a la calzada miles de litros de vino de sus cisternas en protesta por la llegada de una producción a la que acusan de hundir los precios. Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA, Unión de Uniones, la FEV, así como la CETM, condenaron los hechos y exigen una respuesta adecuada de los Gobiernos español y francés.
El sector productor condena el ataque de viticultores franceses al vino español y pide sanciones
Según datos de la Comisión Europea, el precio medio del vino base tinto en el pasado mes de febrero fue en Francia de 6,02 €/ºVol/hl, mientras que en España era de apenas 2,88 €/ºVol/hl y en Italia de 3,39 €/ºVol/Hl. Este importe supone en el caso de Francia, casi un 9% más que la media del periodo 2013/15 y en el caso de España, por el contrario, un 9,92% menos que entonces.
Fuentes diplomáticas españolas indicaron que las cubas de dos de los camiones con 5.000 litros en una cisterna y 25.000 litros en otra de vino blanco a granel, procedentes, respectivamente, de la cooperativa Dcoop-Baco, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y de Bodegas Venta Don Quijote (Toledo), fueron vaciadas, mientras que las tres restantes cisternas lograron salir de nuevo a la carretera con una parte de la carga del control que habían establecido los agricultores en el primer peaje de la autopista A9 tras la frontera.
Tras el suceso, el embajador se puso en contacto con los servicios del primer ministro francés, Manuel Valls, y del ministro del Interior, Bernard Cazeneuve. Según las fuentes, el Departamento galo del Interior manifestó sus excusas al responsable de la legación diplomática.
Los viticultores que habían organizado la protesta eran esencialmente originarios del departamento vecino de Aude, que se quejaban con esta acción de la entrada de vino español a granel a precios que varían entre 30 y 40 euros por hectolitro, cuando los caldos franceses se sitúan entre 70 y 80 euros.
Por su parte, La Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM) indicó en un comunicado que los dos camiones vaciados pertenecen a la empresa manchega Transportes Félix, de Socuéllamos, uno de sus socios y, a la vez, lamentó que este ataque ocurriera «nuevamente en presencia de las cámaras de televisión y de miembros de la Gendarmería francesa que permitieron a los manifestantes actuar con total impunidad».
Por eso, mostró «una vez más su enérgico rechazo a estas acciones deplorables» y denunció «la pasividad con que el Gobierno francés se manifiesta permitiendo estos ataques».
La asociación de transportistas avanzó que pedirá que España y la Unión Europea «exijan responsabilidades» al Ejecutivo francés por vulnerar los tratados europeos al «permitir nuevamente que se impida la libre circulación de mercancías». También reclamará que se reparen los daños y «se castigue a los responsables del ataque.»
La CETM pide que desde el Estado Español y la Unión Europea se exijan responsabilidades al Gobierno Francés, por vulnerar el Tratado al permitir, nuevamente, que en su territorio se impida la libre circulación de mercancías.
Por su parte, el secretario general de Agricultura y Alimentación del Magrama, Carlos Cabanas, afirmó que espera que se trate de un hecho aislado y confirmó que España presentará una queja «verbal2 por este hecho, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó a la Comisión Europea su preocupación por este tipo de actos, que se han repetido con otros sectores productivos.
También a través de Twitter, el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, condenó el ataque sufrido por cinco camiones españoles en las cercanías del paso fronterizo de Le Boulou, asegurando que era «inadmisible» este tipo de comportamientos de los viticultores franceses contra los intereses españoles y contra el mercado único de la Unión Europea.
Ataques reiterados
Desde la organización ASAJA, su presidente, Pedro Barato, criticó la pasividad de las autoridades y de la Gendermería galas ante este ataque a camiones, rechazado como una acción deporable, violenta e ilagal, que contó, además, con la presencia de las cámaras de televisión.
Barato indicó que la «política de ojo por ojo, diente por diente no es la mejor, «pero ellos tienen más que perder que nosotros», y rechazó los argumentos de los viticultores franceses que alegan que el producto español arruina sus precios, cuando más bien se trata deuna pérdida de competitividad de estos últimos en el mercado.
COAG exigió a la UE duras sanciones al Gobierno francés y a los protagonistas de los actos de violencia ante la reiteración de los ataques contra producciones agrarias de origen español en su territorio, cuando se debe garantizar de forma efectiva y contundente la libre circulación de mercancías en suelo francés.
Esta organización agraria pide al Ministerio de Agricultura que realice una queja formal ante el gobierno dalo por su desidia ante estos nuevos ataques, al tiempo que solicita la depuración de responsabilidades y la reparación de los daños producidos.
Para Miguel Blanco, secretario general de COAG, este tipo actuaciones “son intolerables, ya que la crisis de precios que sufren los productores franceses la estamos también padeciendo los agricultores españoles. Y, en el trasfondo, se trata de una estrategia meramente comercial, que busca apartar a los productores españoles del mercado comunitario, cuando los verdaderos responsables son las grandes cadenas de distribución, principalmente francesas, que abusan de su posición de dominio de mercado para imponer precios de ruina en el campo”.
Por su parte, UPA, tras condenar duramente este ataque, considera una vergüenza y un nuevo ejemplo de inacción de los gobiernos de Francia y España ante esta problemática, mientras que la Unión Europea mira también hacia otro lado, apenas dos meses después de destruir cerca de 20 t de hortalizas y cítricos procedentes de Murcia.
Según esta organización, “los franceses vuelven a tirar de una protesta que se ha convertido lamentablemente en un clásico y que les funciona muy bien, cuando en España sería impensable. Allí, la Gendarmería parece que incluso organiza el tráfico para que puedan llevar a cabo su ataque cómodamente”
Para UPA es una vergüenza que los ataques a España estén dentro “del catálogo habitual de protestas” de los agricultores franceses. “Nosotros exportamos vino, f rutas y hortalizas y otros productos a Francia y, a través de Francia, a otros países, igual que ellos introducen en España miles de litros de leche. Estamos en un mercado común y ataques como éste son intolerables”.
A su vez, la Unión de Uniones condena la acción de los viticultores franceses y pide una respuesta adecuada, porque “nosotros podríamos hacer lo mismo con su leche, pero creemos que no es la solución, cuando son las Administraciones respectivas las que deberían resolver la complicada situación del sector”.
Esta organización agraria reclama mayores medidas de seguridad y control, así como la intervención de las autoridades comunitarias que deben obligar a los Estados miembros no ya a ser los garantes del comercio intracomunitario, sino a impulsar el respeto a las elementales normas de convivencia. “Estamos cansados de que Francia sea la niña bonita de la UE y que se transija con la reiteración de estos ataques”.
La Unión afirma que este tipo de actos “injustificables” se evitarían con un funcionamiento equilibrado de la cadena alimentaria y con medidas efectivas contra las prácticas comerciales desleales de la industria y la distribución, que “son las que manipulan los mercados internos y de exportación y acaban llevando a los agricultores y ganaderos a situaciones angustiosas”.
Cumplir la normativa
Asimismo, la organización agraria ASAJA Castilla-La Mancha demandó la urgente indemnización a los afectados por los ataques a los camiones de la región, cargados de vino blanco a granel, como marca el Reglamento (CE) nº 2679/98, conocido como Reglamento «Fresas», y exigió que no se vulnere el Tratado Constitutivo de la Comunidad europea, en el que se señala (artículo 288, segundo párrafo) que la Comunidad deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, conforme con los principios comunes a los Derechos de los Estados iembros.
Por su parte, la organización AVA-ASAJA exige sanciones contundentes a Francia por estos «inaceptables» ataques a camiones españoles. Su presidente, Cristóbal Aguado, reclama a la UE que actúe, porque «si se vuelve a quedar con los brazos cruzados, pensaremos que Francia goza de un trato de favor».
Esta organización critica que nuevamente las autoridades francesas diesen muestras de su absoluta pasividad con estos nuevos episodios de violencia y extorsión y demandó que la UE acabe de una vez por todas con este problema cícilo (que otras veces ha afectado a camiones cargados de frutas,verduras y carne de porcino).
También la patronal de la industria y el comercio del vino (FEV) condenó enérgicamente el ataque injustificado, dado que atenta contra los principios del libre comercio y la libre circulación de bienes, además de ir contra la libre competencia.
La FEV espera que no vuelvan a repetirse este tipo de acciones «tan lamentables» y que las autroidades españolas y francesas, así como la UE no las dejen pasar y sepan actuar para garantizar que no vuelvan a suceder en el futuro.
Foto: Fotograma UPA
