EFOW y CECRV, las organizaciones representativas de las Denominaciones de Origen de vino a nivel europeo y nacional, respectivamente, valoran la votación a favor del texto para la revisión de la política comunitaria en materia de Indicaciones Geográficas (IG) en la Comisión de Agricultura (ComAgri) del Parlamento Europeo (PE) el pasado 11 de diciembre, y que fue acordado ya con anterioridad por las instituciones de la Unión Europea en octubre pasado y aprobado por el Comité Especial de Agricultura el 27 de noviembre.
Las dos organizaciones sectoriales apoyaron ya el acuerdo político alcanzado el 24 de octubre y piden al Pleno del Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros de Agricultura de la UE que aprueben esta reforma.
Las organizaciones que representan a las Denominaciones de Origen a nivel europeo, la European Federation of Origin Wines (EFOW), y a nivel nacional, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), acogen con satisfacción, en primer lugar, las mejoras ya contenidas en el texto acordado por las instituciones europeas el pasado 24 de octubre en relación a lo que era la propuesta legislativa inicial de la Comisión Europea, presentada en marzo de 2022, dando así inicio al proceso legislativo para la reforma de la regulación de las indicaciones geográficas de la UE.
Para EFOW y CECRV, la resolución y el compromiso tanto de los ponentes del Parlamento Europeo para la reforma de la regulación de las indicaciones geográficas de la UE, como del Grupo de Amigos de las Indicaciones Geográficas en el Consejo Europeo, formado por más de una decena de Estados miembros e impulsado por el Ministerio de Agricultura de España al inicio del proceso legislativo, han permitido alcanzar compromisos para que continúe habiendo una política sólida en materia de indicaciones geográficas en la Unión Europea.
A juicio de las dos organizaciones, la reforma garantiza ahora que se mantengan las especificidades del sector vitivinícola y que las DD.OO. de vino sigan vinculadas al reglamento para la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA), una de las bases sobre las que se asienta la Política Agrícola Común.
Asimismo, añaden, la reforma contendrá también otros aspectos positivos, como la primera definición de sostenibilidad para los productos que se benefician de una IG; la imposibilidad de que los sitios web de dominios por país (.es, .fr, .it, .pt…) hagan un uso indebido de las IGs, y las normas sobre el reconocimiento y un refuerzo de las competencias y atribuciones de las Agrupaciones u Organizaciones de Productores (OPs) reconocidas para la gestión de las IGs (en España, los Consejos Reguladores, principalmente).
El texto también define claramente las competencias de los Estados miembros y de las instituciones europeas con respecto a la gestión del sistema de IGs y sus pliegos de condiciones.
Además, se firmó una Declaración Política, que quedará anexa a la reforma y que obligará a la Comisión Europea a comunicar anualmente a los colegisladores cualquier ayuda externa que pueda recibir en el marco de sus tareas administrativa relacionadas con dicha gestión sobre las IGs.
El presidente de EFOW, Bernard Farges, recordó sobre esta reforma, que, «como hemos subrayado desde el principio, el sector del vino con DO no demandó nunca esta reforma. Sin embargo, hemos hecho de la necesidad virtud para mejorar el texto que presentó la Comisión Europea para iniciar este proceso y, en ese sentido, agradecemos a los colegisladores del Parlamento y del Consejo europeos que reconozcan el papel especial que el mundo del vino juega en el sistema de IGs». Con todo, añadió, «seguiremos de cerca la aplicación de esta reforma y pediremos a la Comisión Europea que sea lo más transparente posible para restablecer la confianza en la comunidad de las IGs».
Por su parte, el presidente de CECRV, David Palacios, agradeció el papel jugado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de nuestro país en el marco de esta reforma, señalando que «el MAPA ha liderado y coordinado posiciones conjuntas de los grandes países productores de vino de la UE, con el fin de que la política de IGs de la UE siga estando en el corazón de la política agrícola europea, lo que permitirá que esta pueda desarrollarse a la par y en consonancia con las políticas que conforman la OCMA de la Unión».
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