Ayer se presentó en Bruselas el informe “Hacia una Política Alimentaria Común en la Unión Europea” de IPES-Food con el respaldo de 400 expertos en medio ambiente, economía, nutricionistas, agrónomos, sociólogos y profesionales de la sociedad civil y movimientos sociales. Este presenta 80 propuestas de reforma concretas, cuidadosamente secuenciadas a corto, mediano y largo plazo, necesarias para construir un sistema alimentario sostenible en Europa.
Presentado en Bruselas el informe “Hacia una Política Alimentaria Común en la Unión Europea”
“Una Política Alimentaria Común para Europa es urgente para afrontar los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los problemas de salud en la población, y para crear una agricultura con futuro para las generaciones venideras”. Este es el mensaje que ha lanzado el Panel Internacional de Sostenibilidad Alimentaria (IPES-Food) a través de su informe. Se trata de un trabajo de tres años de duración y que ha contado con una pléyade de 400 a científicos ambientales, economistas del desarrollo, nutricionistas, agrónomos y sociólogos, así como con profesionales expertos de la sociedad civil y de movimientos sociales.
Este informe ha sido presentado en el Parlamento Europeo y en el Comité Social y Económico Europeo, donde Oliver De Schutter, autor principal y codirector de IPES-Food, ha destacado que “una Política Alimentaria Común puede desencadenar una transición a gran escala hacia sistemas alimentarios sostenibles de una manera que la PAC, como Política Agrícola Común, no puede hacerlo”.
“La reforma más ambiciosa y urgente -añade- solo será viable sobre la base de recuperar y ordenar procesos de toma de decisiones que ahora están en manos de poderosos grupos de presión, traer nuevos actores a la mesa, configurar políticas de manera más democrática y permitir que surjan nuevas prioridades y nuevas coaliciones de grupos de interés plurales».
El informe traza una visión única y limitada en el tiempo para reformar los sistemas alimentarios europeos bajo una Política Alimentaria Común: un marco de políticas que establece una dirección para todo el sistema alimentario, realineando las diversas políticas sectoriales que afectan la producción, el procesamiento, la distribución de alimentos y el consumo, y reorientando todas las acciones en la transición a la sostenibilidad.
Según Inés Jordana, responsable del programa de Agricultura y Alimentación de SEO/BirdLife, “para un ciudadano europeo, la alimentación sostenible y saludable debería ser la opción más sencilla, no la más complicada. El trabajo que hemos realizado durante los últimos años junto a IPES-Food confirma la necesidad de abordar los problemas del sistema alimentario con un enfoque holístico que empiece por reconocer las limitaciones y contradicciones existentes en las políticas sectoriales actuales.”
“La reforma de la PAC es, a corto plazo, la oportunidad para dar respuesta a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud, y promover cuantas medidas sean necesarias para garantizar un modelo de producción, comercialización y consumo alimentario que atienda con urgencia las causas de la merma de salud, el deterioro del medio ambiente y el cambio climático”, añade.
Por su parte, Schutter, en relación con algunas de las debilidades que presenta la actual Política Agraria Común, explica que “ tenemos estrategias contra la obesidad, junto con políticas de comercio agrícola que hacen que la comida basura sea barata y abundante. Ofrecemos primas a los jóvenes agricultores, junto con un modelo de subsidio que eleva los precios del terreno de cultivo y socava el acceso a la tierra. Y tenemos estándares ambientales estrictos, mientras que los servicios de asesoría que los agricultores necesitarían para cumplirlos no se están financiando. En contraposición, una Política Alimentaria Común puede poner fin a estas contradicciones costosas al abordar la raíz del problema: la forma en que hacemos políticas y establecemos prioridades en los sistemas alimentarios».
El informe presenta 80 propuestas de reforma concretas, cuidadosamente secuenciadas a corto, mediano y largo plazo, ya que no se puede esperar que los agricultores cambien a un nuevo modelo de producción. Para ello, urge tomar medidas paralelas para garantizar el acceso a la tierra, para reconstruir las instalaciones de procesamiento regional, para facilitar el acceso a los mercados y para provocar cambios en los hábitos de consumo. Las propuestas incluyen lo siguiente:
• Crear una vicepresidencia de la Comisión Europea para Sistemas Alimentarios Sostenibles y un Intergrupo de Alimentos en el Parlamento Europeo para supervisar y armonizar las políticas sectoriales (PAC, comercio, medio ambiente, etc.).
• Exigir a los Estados miembros que desarrollen planes de dieta saludable (que cubran la contratación pública, planificación urbana, políticas fiscales y sociales, mercadotecnia y educación sobre nutrición) como condición para desbloquear los pagos de la PAC, e introducir restricciones exhaustivas para la comercialización de comida basura.
• Presentar una «prima de agroecología» en toda la UE como una nueva justificación para distribuir los pagos de la PAC, reconstruir los servicios de asesoramiento agrícola independientes y crear un Observatorio de la Tierra de la UE para promover un cambio importante hacia la agricultura sostenible y el uso de la tierra.
• Hacer que los importadores de alimentos sean responsables de garantizar que sus cadenas de suministro estén libres de deforestación, apropiación de tierras y violaciones de derechos («debida diligencia»), eliminar las protecciones de los inversores («ISDS») en los acuerdos comerciales y proporcionar mecanismos de reclamaciones accesibles para los agricultores y la sociedad civil.
• Aumentar el apoyo para iniciativas que vinculen a agricultores y consumidores («cadenas de suministro cortas»), procesos de reubicación y actividades de valor agregado, consejos locales de políticas alimentarias y políticas alimentarias urbanas.
• Crear un Consejo de Política Alimentaria de la UE para llevar las preocupaciones de los actores locales del sistema alimentario y garantizar que las políticas comunitarias se diseñen sistemáticamente para apoyar el surgimiento de iniciativas alimentarias locales.