Prácticas comerciales desleales. La Comisión aborda las prácticas comerciales desleales (PCD) más perjudiciales para garantizar que los agricultores y las pequeñas y medianas empresas tendrán más certidumbre y menos necesidad de gestionar los riesgos sobre los que tienen un control escaso o nulo.
Presentación de la propuesta de Directiva para prohibir las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria
La Comisión propone hoy prohibir las prácticas comerciales desleales (PCD) en la cadena de suministro de alimentos más perjudiciales, con objeto de garantizar un trato más justo para las pymes alimentarias y agrícolas.
La propuesta incluye asimismo unas disposiciones eficaces para garantizar su aplicación: las autoridades nacionales podrán imponer sanciones en los casos en que se establezca que ha habido infracción.
Los operadores más pequeños de la cadena de suministro de alimentos, incluidos los agricultores, son vulnerables a las prácticas comerciales desleales empleadas por los socios de la cadena. Con frecuencia, no tienen poder de negociación ni formas alternativas para hacer llegar sus productos a los consumidores.
El vicepresidente Jyrki Katainen, responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, afirmó que “en la cadena de suministro de alimentos hay desequilibrios en el poder de negociación y con esta propuesta la Comisión aborda las prácticas comerciales desleales de forma directa. Actuamos porque los comportamientos comerciales injustos perjudican la viabilidad económica de los operadores de la cadena.”
“Al establecer normas mínimas y reforzar su aplicación, la propuesta debería garantizar que estos operadores puedan competir en igualdad de condiciones, contribuyendo así a la eficacia global de la cadena. Un mensaje claro para un comportamiento comercial más justo.”, añadio Katainen
Por su parte, Phil Hogan, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, declaró que “la fortaleza de cualquier cadena es solo la de su eslabón más débil. La cadena de suministro de alimentos solo será eficiente y eficaz si es justa.”
Según Hogan, “La propuesta trata, sobre todo, de equidad —de dar voz a quienes no la tienen— para los que, sin tener culpa ninguna, son las víctimas de una posición de negociación débil. La iniciativa de prohibir las PCD adoptada tiene el propósito de reforzar la posición de los productores y las pymes en la cadena de suministro de alimentos.”
“También se trata de garantizar un cumplimiento de la normativa riguroso y eficaz. Queremos eliminar el «factor miedo» de la cadena de suministro de alimentos mediante un mecanismo de reclamaciones confidencial”, añadió Hogan.
Las prácticas comerciales desleales que deben prohibirse son las demoras en los pagos de productos perecederos, las cancelaciones de última hora, las modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos y obligar al proveedor a hacerse cargo de los gastos de los productos perdidos.
Otras prácticas solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes: un comprador que devuelva productos alimenticios no vendidos al proveedor; un comprador que cargue al proveedor unos gastos por asegurar o mantener un acuerdo de suministro de productos alimenticios o un proveedor que corra con los gastos de promoción o comercialización de los productos alimenticios vendidos por el comprador.
Autoridad pública
La propuesta de la Comisión obliga a los Estados miembros a designar una autoridad pública encargada de hacer cumplir las nuevas normas. En caso de infracción probada, el organismo responsable tendrá competencias para imponer una sanción proporcionada y disuasoria.
Esta autoridad de aplicación podrá iniciar investigaciones por iniciativa propia o sobre la base de una denuncia. En este caso, las partes que presenten una denuncia podrán pedir confidencialidad y anonimato, a fin de que su posición respecto de sus socios comerciales quede protegida.
La Comisión creará un mecanismo de coordinación entre autoridades de aplicación con objeto de facilitar el intercambio de buenas prácticas.
Las medidas propuestas complementan las medidas existentes en los Estados miembros y el código de conducta de la Iniciativa de la cadena de suministro, de carácter voluntario. Los Estados miembros pueden adoptar otras medidas que crean convenientes.
La propuesta de la Comisión adoptará la forma de legislación europea (Directiva) y se presentará, junto con una evaluación de impacto, al Parlamento Europeo y el Consejo, los dos colegisladores en los que están representados los gobiernos de los Estados miembros.
Contexto
El programa de trabajo de la Comisión para 2018 establece que «la Comisión propondrá medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos con el fin de ayudar a los agricultores a fortalecer su posición en el mercado y protegerlos de futuras crisis».
Esta iniciativa se ajusta a las referencias a la cadena de suministro de alimentos que hizo el Presidente Juncker en sus discursos sobre el estado de la Unión de 2015 y 2016, y constituye una respuesta política a la resolución del Parlamento Europeo adoptada en junio de 2016, en la que se invitaba a la Comisión Europea a presentar una propuesta para un marco a escala de la Unión relativo a las prácticas comerciales desleales.
Además, en diciembre de 2016, el Consejo instó a la Comisión a que llevara a cabo una evaluación de impacto con vistas a proponer un marco legislativo de la UE, u otras medidas no legislativas, con objeto de abordar las prácticas comerciales desleales.
La Comisión ha estado trabajando en una cadena de suministro de alimentos más justa y equilibrada desde el principio de su mandato. En 2016 creamos el Grupo operativo sobre mercados agrícolas (AMTF) para evaluar el papel de los agricultores en el conjunto de la cadena de suministro de alimentos y elaborar recomendaciones dirigidas a reforzarlo.
Sobre la base de estas recomendaciones, la Comisión puso en marcha una evaluación inicial de impacto y una consulta pública sobre la mejora de la cadena de suministro de alimentos en 2017, lo que a su vez ha contribuido a identificar las prácticas comerciales desleales específicas cubiertas por la Directiva.
Una reciente encuesta de opinión a escala de la UE publicada en febrero de 2018 pone de relieve que una gran mayoría de los encuestados (un 88 %) considera importante reforzar el papel de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos.
El 96 % de los participantes en la consulta pública de 2017 sobre la modernización de la PAC estaban de acuerdo con la propuesta de mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor, también con que abordar las prácticas comerciales desleales debería ser un objetivo de la política agrícola común de la Unión.
Las propuestas se basan en un código voluntario de buenas prácticas en la cadena de suministro, conocido como Iniciativa de la cadena de suministro (SCI). La SCI fue creada en 2013 por siete asociaciones de la UE que cubren la industria alimentaria y de bebidas, los fabricantes de productos de marca, el sector minorista y las pequeñas y medianas empresas, y los comerciantes agrícolas.
La SCI se elaboró sobre la base de los resultados del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria gestionado por la Comisión, creado en 2010 para ayudar a desarrollar políticas en el sector de la alimentación y las bebidas y contribuir a mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro.
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Preguntas y respuestas:
Texto propuesta de Directiva en EN:
