Este lunes 9 de octubre, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (ComAgri) del Parlamento Europeo votó por amplia mayoría (26 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones) el dictamen (informe de opinión) presentado por la eurodiputada andaluza Clara Aguilera (S&D, España) sobre la propuesta de Reglamento relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios (SUR).
La propuesta votada presenta un compromiso aceptable, según destacaron las organizaciones del sector agrario y cooperativo de la UUE (COPA-Cogeca), que piden ahora a la Comisión de Medio Ambiente (ComEnvi), responsable de este expediente en última instancia, que tenga en cuenta el dictamen aprobado por la Comagri.
La propuesta votada presenta un compromiso aceptable, según destacaron las organizaciones del sector agrario y cooperativo de la UUE (COPA-Cogeca), que piden ahora a la Comisión de Medio Ambiente (ComEnvi), responsable de este expediente en última instancia, que tenga en cuenta el dictamen aprobado por la Comagri.
Tal y como proponía su informe, la Comisión de Agricultura del PE establece en 2035 el año para realizar los objetivos de reducción de fitosanitarios, que se mantienen en un objetivo de “hasta el 50%”, a escala de la UE, y de entre 35% (como mínimo) y 50%, a nivel de cada Estado miembro.
En cuanto al uso de fitosanitarios en las zonas sensibles, el informe adoptado recalca que no se prohibirá, como pretendía la propuesta de la Comisión Europea.
De acuerdo con la opinión de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, serán los Estados miembros los que establezcan las restricciones o prohibiciones de los productos fitosanitarios en cada zona.
Así, en esas zonas sensibles, podrán elegir entre los productos de bajo riesgo, todos los autorizados para la agricultura ecológica y los fitosanitarios de las categorías 1 y 2, modulando su aplicación según zona e indicándolo en el Plan de acción nacional que remitan a la Comisión Europea.
En cuanto al sistema de gestión integrada de plagas (GIP), se sustituyen las “normas” o textos con rango de ley, como establecía de la propuesta del Ejecutivo comunitario, por “directrices para cultivos o grupos de cultivos específicos”, que puedan adaptarse con rapidez a los avances agronómicos y a la especificidad de cada cultivo.
Para la ponente, Clara Aguilera, “es preciso seguir avanzando en la aplicación generalizada de la gestión integrada de plagas, e instar a los Estados Miembros a que incluyan el mayor número posible de cultivos en este sistema.”
Respecto a la financiación, la Comisión de Agricultura del PE rechazó por amplia mayoría la utilización de fondos procedentes de la Política Agrícola Común (PAC) para financiar las nuevas obligaciones derivadas de este Reglamento.
La PAC actual ya prevé medidas destinadas a la reducir el uso de productos fitosanitarios y la implementación de la gestión integrada de plagas. Todos los costes que se deriven de esta propuesta deberán contar con una financiación específica y suplementaria a la de los planes estratégicos de la PAC, en vigor desde el pasado mes de enero.
En esta materia, “la Comisión de Agricultura cuenta con competencia exclusiva y espero que la Comisión de Medio Ambiente incorpore lo acordado hoy sin ni siquiera someterlo a votación”, declaró Aguilera.
Finalmente, la eurodiputada hicieron especial mención a las enmiendas destinadas a modificar el Reglamento para mejorar la disponibilidad y plazos de adopción de métodos fitosanitarios alternativos eficaces, en especial de nuevos productos fitosanitarios de bajo riesgo, métodos no químicos y productos de control biológico.
Desde el COPA-Cogeca valoraron la votación de la Comisión de Agricultura a favor del dictamen de la ponente española. Tras más de dos horas y media de votación, los miembros de la Comagri intentaron dar claridad sustantiva a la propuesta inspiradora y vaga que la Comisión había presentado en junio de 2022.
En particular, la votación de la Comagri aclara tres puntos clave para la comunidad agrícola en relación con el texto básico de la Comisión.
En primer lugar, en cuanto a los objetivos, en los que se acoge con especial satisfacción la ampliación del período de aplicación hasta 2035, la supresión de la metodología para el cálculo nacional y el hecho de que también exista una cláusula de revisión que permitiría un reajuste de los mismos en función de la disponibilidad de productos fitosanitarios para los agricultores.
En segundo lugar, en lo que respecta a las zonas sensibles, en los que se apoya el enfoque de avanzar hacia una restricción de las aplicaciones fitosanitarias en las zonas sensibles, en lugar de una prohibición total, que es simplemente inviable.
De acuerdo con la propuesta, las zonas sensibles se definirán en el plan de acción nacional de los Estados miembros, pero la Comisión Europea evaluará estas definiciones antes de aprobarlas.
En tercer lugar, en cuanto a la financiación de estas ambiciones, los eurodiputados de la ComAgri dejaron claro que los fondos de la PAC, que ya están al límite, no deberían utilizarse para apoyar medidas adicionales dentro del ámbito de aplicación de la propuesta SUR.
Al igual que con otras iniciativas «De la Granja a la Mesa», la Comisión no se tomó el tiempo necesario para evaluar adecuadamente los costes, quién debería pagar la transición, una situación que los diputados al Parlamento Europeo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no consideraron aceptable. Comprendemos y acogemos con beneplácito su rechazo.
Al final de la votación, la ponente, Clara Aguilera declaró que «espero que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, que tiene la mayor parte de la competencia sobre este expediente, respete esta votación y confíe en el trabajo de la Comisión de Agricultura para que la propuesta que se presentará al Pleno de la Eurocámara pueda ofrecer un mínimo de claridad y viabilidad, algo de lo que todavía está lejos de ser el caso en esta fase inicial.»
Documento de trabajo dictamen SUR presentado: 1277113ES
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