Los Estados miembros no alcanzaron este jueves 16 de octubre la mayoría cualificada necesaria para renovar o rechazar la aprobación del glifosato durante una votación en el Comité de Apelación.
Esta votación se produjo, después de la celebrada el pasado 13 de octubre en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos (SCOPAFF), en la que los Estados miembros tampoco alcanzaron la mayoría necesaria para renovar o rechazar la propuesta.
Esta votación se produjo, después de la celebrada el pasado 13 de octubre en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos (SCOPAFF), en la que los Estados miembros tampoco alcanzaron la mayoría necesaria para renovar o rechazar la propuesta.
Por tanto, en consonancia con la legislación de la UE y a falta de la mayoría necesaria en uno u otro sentido, la Comisión Europea está ahora obligada a adoptar una decisión antes del 15 de diciembre de 2023, cuando expira el actual periodo de aprobación.
Al respecto, la Comisión Europea, en base a las exhaustivas evaluaciones de seguridad llevadas a cabo por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), junto con los Estados miembros de la UE, procederá ahora a renovar la aprobación del glifosato por un periodo de 10 años, aunque sujeto a determinadas condiciones y nuevas restricciones en su uso.
Estas restricciones incluyen, por ejemplo, la prohibición del uso como desecante antes de la cosecha y la necesidad de adoptar determinadas medidas para proteger a los organismos no diana.
No obstante, los Estados miembros son responsables de la autorización nacional de los productos fitosanitarios (PPP) que contienen glifosato y, en este sentido, podrán restringir su uso a escala nacional y regional si lo consideran necesario, en función del resultado de las evaluaciones de riesgo, teniendo en cuenta especialmente la necesidad de proteger la biodiversidad.
Hay que recordar que los países del Sur de la UE, como España e Italia, con unas condiciones agroclimáticas muy diferentes a los países del Norte, son partidarios de prorrogar dicha autorización, al no haber dispuestas alternativas fitosanitarias realistas y viables.
Por su parte, en España, la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), integrada por las organizaciones de agricultores ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) y la Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEAC.SV), agrupadas para asegurar la sostenibilidad agrícola, solicita a la Comisión Europea la renovación urgente del glifosato, tras la votación en el Comité Apelación.
ALAS sostiene que la propuesta de la Comisión, para una renovación de la aprobación del glifosato por un periodo de 10 años, se ha basado en un riguroso proceso de evaluación que comenzó en 2019, conducida por Francia, Hungría, los Países Bajos y Suecia, como Grupo de Evaluación del Glifosato (AGG) y respaldada por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que confirmaron que el glifosato no cumple los criterios para ser clasificado como carcinógeno, mutagénico o tóxico para la reproducción y que concluyó que no existen áreas de preocupación permitiendo la renovación de la sustancia. No obstante, esta Alianza solicita a la Comisión Europea que renueve la sustancia por 15 años, tal y como marca la normativa europea.
Según ALAS, el glifosato es una sustancia activa empleada desde hace más de 50 años en agricultura para controlar las malas hierbas y libre de cualquier patente, y que actualmente no tiene alternativa. Además, la evidencia científica revela también que el glifosato contribuye a los objetivos de sostenibilidad de la UE en términos de lucha contra el cambio climático al permitir que los agricultores adoptemos prácticas de agricultura regenerativa, como la agricultura de conservación, que captura carbono en el suelo, fomenta la preservación y mejora de la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas y mejora la calidad del agua.
«Cabe recordar que los agricultores hacemos un uso responsable del herbicida glifosato, respetando las dosis establecidas en su etiquetado y reduciendo el número de aplicaciones, así como eligiendo el momento más adecuado en su aplicación para que no existan derivas ni contaminación de fincas colindantes. La actividad agraria se encuentra altamente supervisada y sus técnicas de producción perfectamente reguladas y sometidas a los más rigurosos y estrictos controles», destaca.
Como era de esperar, y por segunda vez, los representantes de los Estados miembros en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos (Comité PAFF) no pudieron llegar a una posición sobre si estaban a favor o en contra de la reautorización del glifosato por mayoría cualificada, a raíz de la propuesta de la Comisión.
Por tanto, la Comisión Europea tendrá la última palabra sobre el período de reautorización del herbicida.
La organización que defiende los intereses de los productores agrarios y sus cooperativas mantiene la misma posición y piden a la Comisión Europea que siga las conclusiones científicas de las agencias ECHA y EFSA y opte, por tanto, por una reautorización por un periodo de otros 10 años.
En la actualidad, según el COPA-Cogeca, no existe ninguna alternativa equivalente a este herbicida, y sin él, muchas prácticas agrícolas, en particular las relativas a la conservación del suelo (agricultura de precisión) se volverían complejas, dejando a los agricultores sin soluciones o con alternativas que consumen aún más herbicidas.
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