Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) volvieron a debatir este lunes 26 de abril los puntos de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), en los que aún se mantienen diferencias con el Parlamento Europeo, con la intención de continuar dando impulso para cerrar un pacto a ser posible a finales de mayo y, en todo caso, antes del final de la presidencia portuguesa del Consejo de este primer semestre del año, con el fin de que los PEPAC nacionales puedan estar aprobado y entregados a la CE a finales de año.
Los ministros de Agricultura siguen intentando acelerar las negociaciones para cerrar la reforma de la PAC 2023-27
La reunión, que se llevó a cabo esta vez por videoconferencia, abordó algunos de los puntos pendientes sobre los tres reglamentos básicos que forman parte de la reforma de la PAC: el de los Planes Estratégicos nacionales (PEPAC); el relativo a la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y el horizontal para regular la financiación de las ayudas.
En concreto, los ministros se centraron en la denominada «arquitectura verde» y, dentro de la misma, en los «ecoesquemas«, un instrumento de apoyo, que pretende servir de incentivo para llevar a cabo prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, que tengan un impacto directo más beneficioso para el clima y el medio ambiente.
Mientras que el acuerdo inicial del Consejo de Ministros (países de la UE) propuso destinar un 20 % de los pagos directos a esta nueva figura de apoyo, el Parlamento Europeo se mostraba más partidario de incrementar ese porcentaje al 30 %.
Con el fin de llegar a un compromiso, la ministra de Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, que preside este semestre el Consejo, propuso un enfoque y una aplicación más «gradual», que consistiría en iniciar la aplicación de este mecanismo en 2023 y 2024, los dos primeros años de la reforma, destinando un 22 % del total de los pagos directos, y aumentar ese porcentaje a los tres años siguientes hasta llegar al 25 %.
Bastantes delegaciones, entre ellas la de Francia o Italia, se mostraron durante el debate abiertas a esa idea de la ministra portuguesa, aunque también expresaron ciertas reticencias.
Por su parte, el ministro español de Agricultura, Luis Planas, defendió el equilibrio alcanzado con el acuerdo del Consejo de octubre pasado, al señalar que “es muy necesario valorar lo que esto significa”, dejando también constancia de la novedad que suponen los eco-esquemas para los agricultores y también para las propias Administraciones.
Por eso, reivindicó en el Consejo que se mantengan en la negociación todos los elementos de flexibilidad acordados entonces, entre ellos, el periodo transitorio de aprendizaje de dos años (2023 y 2024) y de que durante este periodo tampoco se pierdan los importes de presupuesto que no se gasten y que se destinen a las ayudas directas.
En cualquier caso, añadió, “España apoya a la presidencia portuguesa en sus esfuerzos para llegar a un acuerdo final sobre la “arquitectura medioambiental” y la PAC durante su mandato, aunque recordando también que el sector agrícola europeo aporta más que ningún otro a la transición ecológica.
Al respecto, indicó que “contribuimos con más del 40 % del presupuesto de la PAC a la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente, mientras que la media del resto de políticas es del 30 %, por tanto somos la política que más contribuye y el esfuerzo que ya realiza este sector está claro”.
Planas apoyó el umbral del 30 % para el gasto medioambiental del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), en cuyo cálculo deben contabilizarse las ayudas a las zonas con limitaciones naturales (ZLN), por los beneficios para el medioambiente que reporta su actividad, de marcado carácter extensivo, y su aportación a la lucha contra la despoblación.
Por su parte, el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, saludó la propuesta de Portugal, calificándola como una “señal positiva para el Parlamento Europeo” y se mostró abierto a dar esa “flexibilidad” que piden los países, aunque advirtiendo que “no se puede permitir que el dinero previsto para hacer la agricultura más ecológica se desvíe hacia otros objetivos».
Organización Común de Mercados Agrarios
Por otro lado, el comisario de Agricultura afirmó en relación al reglamento de la OCMA que, a pesar de los avances en el sector del vino y sobre las normas de competencia, «todavía queda mucho trabajo de fondo», en particular en relación a las medidas de intervención o de gestión de crisis de mercados.
En este contexto, Wojciechowski reafirmó su particular filosofía al indicar que, en una política orientada al mercado, como es la PAC, “la capacidad de contrarrestar distorsiones está en manos del mercado” y que la intervención de las autoridades públicas “debe ser el último recurso”.
Como estaba previsto, en la reunión se abordó también la propuesta española, apoyada por otros 15 Estados miembros productores, de solicitar fondos adicionales para el sector vitivinícola comunitario, al margen de los existentes en los Programas nacionales de apoyo (PASV).
Planas volvió a exponer la situación de desequilibrio por la que atraviesa el comercio de vino a nivel comunitario, como consecuencia de las limitaciones a la actividad económica en el canal de Hostelería y Restauración (Horeca).
Otras delegaciones nacionales añadieron también los problemas que afectan a otros sectores agrarios de otros países, particularmente por las heladas, que han afectado a algunos Estados miembros en este mes de abril.
En este contexto, el comisario Wojciechowski volvió a dar largas, indicando que todavía no puede proponer medidas y que seguirá de cerca la situación del sector vitivinícola.
Política comercial
Por otro lado, se analizó “la estrategia de la Comisión Europea, relativa a la política comercial de la Unión Europea, como un ejemplo en la defensa de un comercio abierto, basado en normas, justo y sostenible”.
El ministro destacó que es positiva la actualización del estudio sobre el impacto y el efecto acumulativo de los acuerdos de libre comercio, si bien se solicitó que se revise el estudio, puesto que no incluye los compromisos derivados del “Pacto Verde” y de la Estrategia “De la granja a la mesa”.
Luis Planas remarcó que “el esfuerzo que asumen los productores europeos tiene que ser asumidos también por nuestros socios comerciales” y, en este contexto, recordó que se está negociando un acuerdo con Australia y Nueva Zelanda y que en las próximas semanas la Comisión debería hacer llegar una oferta a estos países.
“Pedimos, añadió Planas, que se extreme la prudencia en relación con los sectores vulnerables y que no se hagan ofertas que perjudiquen nuestros intereses.”
Asimismo, señaló que “España va a defender la ampliación del número de productos y los beneficiarios del almacenamiento privado y la financiación, mediante una intervención pública, y que la aceituna de mesa quede recogida también en esa lista.”
Bienestar animal
Por último, aunque fue uno de los principales temas abordados, se volvió a analizar la cuestión del bienestar animal, cuya normativa actual es una de las más exigentes del mundo.
La mayor parte de las delegaciones nacionales se posicionó a favor de esta evaluación y de un etiquetado voluntario, que permita incorporar valor añadido y diferenciar a los productos cárnicos con este sello, que cumplan con unas exigentes reglas en esta materia, en el mercado de la UE de los que se importen de terceros países.
Al respecto, España espera que la Comisión Europea presente la actualización de la Estrategia de bienestar animal y la revisión de la legislación prevista para 2023 y, en este sentido, apoya como la mayoría de los Estados, la armonización normativa en materia de etiquetado de origen de los productos agrarios, incluyendo en este contexto el etiquetado propuesto por Alemania sobre los métodos de cría de los huevos en los productos transformados.
