El PE aprobó este martes 12 de marzo las nuevas reglas comunitarias para proteger a los agricultores frente a las prácticas comerciales desleales (PCD).
Luz verde del PE a la directiva para frenar las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria
La nueva legislación, aprobada con 589 votos a favor, 72 en contra y 9 abstenciones, incluye una lista de prácticas prohibidas, como el retraso en el pago de productos ya entregados; la cancelación unilateral tardía de un pedido o la modificación retroactiva del mismo; el rechazo del comprador a firmar un contrato con el proveedor o el uso incorrecto de información confidencial.
El texto (ver abajo) también prohíbe amenazar a los productores con dejar de consumir sus productos o retrasar los pagos si estos presentan alguna reclamación.
Además, desde ahora, los compradores no podrán solicitar a los agricultores compensaciones económicas en caso de deterioro o pérdida de los productos una vez entregados, a menos que ese deterioro se deba a una negligencia del proveedor o en caso de que queja de los consumidores.
Otras prácticas, como la devolución de los artículos no vendidos sin pagarlos, obligar a los agricultores a pagar por publicitar sus productos, cobrar a los proveedores por vender o catalogar sus productos, o la imposición de costes de descuento al proveedor también quedarán prohibidas, a no ser que exista un acuerdo previo al respecto entre productor y comprador.
Reclamación más clara
Los productores podrán presentar reclamaciones en el país donde operan, incluso cuando las prácticas desleales se produzcan en otro Estado miembro de la UE. Las autoridades nacionales se encargarán de gestionar las quejas, llevar a cabo las investigaciones necesarias y garantizar soluciones.
Protección a pequeños y medianos productores
Las nuevas normas protegen a los productores con una facturación anual de menos de 350 millones de euros.
Estos proveedores se repartirán en cinco sub-categorías en función de sus ingresos: hasta 2 millones de euros, hasta 10 millones, hasta 50 millones, hasta 150 millones y hasta 350 millones. A menor facturación, mayor protección recibirán los agricultores.
Próximos pasos
Tras el visto bueno del Parlamento, el Consejo de Ministros de la UE deberá ahora adoptar el texto, aunque ya solo de manera formal.
Una vez publicado en el Diario oficial de la UE (DOUE) los Estados miembros tendrán 24 meses para transponerla a su legislación nacional. Las nuevas normas se aplicarán treinta meses después de la entrada en vigor de la directiva.
Antecedentes
El Parlamento Europeo reclamó, en repetidas ocasiones, tras la aprobación en 2010 de una resolución sobre ingresos más justos para los agricultores, medidas para luchar contra las prácticas comerciales desleales de la cadena alimentaria.
Según cálculos de la Comisión Europea, las pymes agrícolas y las dedicadas al procesado de alimentos pierden en torno a 2.500 y 8.000 millones de euros al año (lo que equivale a entre el 1% y 2% de su facturación) como consecuencia de prácticas comerciales desleales.
Reliquia del pasado
Desde el grupo parlamentario de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) se señaló que, a partir de este 12-M, las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria son una reliquia del pasado y que la UE ha hecho prevalecer la salud de los consumidores y los derechos de los agricultores, frente a los prácticas comerciales injustas del resto de la cadena.
Después de la conclusión positiva de las negociaciones interinstitucionales con el Consejo y tras la votación de este 12 de marzo en el Pleno del Parlamento Europeo para abolir las prácticas comerciales desleales (PCD) en la cadena de suministro de alimentos, el responsable del equipo negociador del Parlamento y ponente del S&D , Paolo De Castro, declaró que «David ha derrotado a Goliat. La equidad, los alimentos más saludables y los derechos sociales finalmente han prevalecido sobre las prácticas comerciales desleales (UTP en sus siglas en inglés) en la cadena de suministro de alimentos».
«Por primera vez en la historia de la UE, los agricultores, los productores de alimentos y los consumidores ya no serán acosados por los grandes operadores de la cadena alimentaria», señaló el eurodiputado italiano.
«No más a las recortes unilaterales del volumen contratado de productos perecederos. No más retraso en los pagos de los productos perecederos y no perecederos, y sobre las obligaciones de los proveedores de costear la retirara de productos no vendidos. No más a este tipo de chantajes», afirmó el eurodiputado italiano.
«Gracias al compromiso crucial del Grupo S&D, una gran mayoría del Parlamento Europeo ha convertido en realidad en una batalla que ha durado 10 años, peleada ferozmente por nuestros agricultores y consumidores para poder armonizar las 20 legislaciones nacionales, actualmente vigentes en la Unión Europea.»
«Nos resistimos, añadió De Castro, a la presión de los «lobbies», no nos inclinamos ante el intento del ala ultra-liberal del Parlamento Europeo de posponer esta Directiva. Nuestra terquedad ha resistido «a prueba de balas» de los ciudadanos y de los productores europeos, por lo que finalmente incluso el Consejo ha respaldado unánimemente nuestra posición».
Se trata, concluyó el ponente europarlamentario de «un gran éxito, de un hermoso día para Europa y para todos los europeos. Esta es la UE que defendemos. La UE que afecta la vida cotidiana de las personas, que erradica las desigualdades y lucha por la salud, el medio ambiente y la justicia de los ciudadanos».
Europa, del lado de agricultores y consumidores
Tras una década reclamando una legislación europea, que refuerce la débil posición de los agricultores en la cadena de valor, se ha dado este 12 de marzo luz verde al acuerdo sobre a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario», señaló la eurodiputada socialista y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera.
«La propuesta hace frente a la creciente volatilidad de los mercados y mejora el equilibrio de fuerzas dentro de la cadena de suministro agroalimentario», añadió la eurodiputada andaluza.
«Es la primera vez que en Europa se afronta el equilibrio de poderes en la cadena agroalimentaria y se establece una armonización mínima igual para toda la UE», afirmó.
» Con esta directiva, una empresa española que exporta en Alemania tendrá la posibilidad de denunciar las prácticas desleales en la legislación española», continuó , añadiendo que «hubiéramos preferido un Reglamento, pero esta Directiva, con las mejoras logradas en la negociación, supone un excelente punto de partida en el que hay que seguir trabajando.»
«La nueva legislación prohibirá por primera vez hasta dieciséis PCDs, impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro. La cadena alimentaria está distorsionada, hay prácticas que hay que corregir para proteger a los más débiles», defendió Aguilera.
La eurodiputada explicó que ,entre otras medidas, la directiva impedirá que los compradores de productos agroalimentarios impongan sus condiciones a los vendedores, y establece que se pague al productor en un plazo determinado, 30 días para los productos perecederos y 60 días para los no perecederos
Ahora se inicia el proceso de trasposición a los Estados miembros, ya que en junio de 2020 la directiva deberá estar implementada en los Estados miembros.
Apoyo popular
Los eurodiputados del Partido Popular mostraron su apoyo a la aprobación por el Parlamento Europeo de la primera normativa a nivel europea encaminada a evitar prácticas abusivas en la cadena alimentaria y en particular respecto al sector primario.
En el debate previo al voto de este martes 12 de marzo, la eurodiputada del PP, Pilar Ayuso, que fue ponente del informe de opinión realizado por la Comisión de Medio Ambiente sobre este asunto, valoró que esta normativa es “un acuerdo muy bueno” porque protegerá sobre todo a los agricultores, que “son el eslabón más débil de la cadena alimentaria”.
“Si queremos una agricultura suficiente y una autosuficiencia de alimentos para la Unión Europea, tenemos que proteger a los agricultores porque, así como la distribución está muy concentrada, la producción agraria está muy atomizada y necesita apoyos”, añadió Ayuso.
Por su parte, la eurodiputada y portavoz de Agricultura del PP en la Eurocámara, Esther Herranz, destacó que “desde el PP llevábamos años abogando por la necesidad de una regulación europea para combatir las prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria”.
“Es una buena noticia para todos los productores que haya sido aprobada esta Directiva que sigue la línea de la ley española de la cadena alimentaria”, añadió Herranz.
La nueva directiva respaldada por el PE, además de incluir un listado de 16 prácticas comerciales prohibidas en la relación entre proveedores y compradores, impulsa la coordinación entre las autoridades responsables del control de la cadena alimentaria que, en el caso español, es la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Foto: Parlamento Europeo.
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