Ocho Estados miembros de la UE-27 han sumado una minoría para bloquear la aprobación definitiva del reglamento comunitario de Restauración de la Naturaleza, cuyo objetivo era restaurar los hábitats dañados para 2050 y que ha venido creando en los últimos meses una polémica política importante en la Unión, al ser muy criticada en sus protestas por las organizaciones agrarias por dificultar la actividad de producción en muchas zonas rurales y no contar con presupuesto, ni medios económicos de compensación.
Los ocho países que han formado una minoría de bloqueo son: Austria, Bélgica, Finlandia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia.
Los ocho países que han formado una minoría de bloqueo son: Austria, Bélgica, Finlandia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia.
El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo habían alcanzado ya un acuerdo político provisional que daba luz verde a la aprobación de esta normativa, a pesar de contar con el rechazo de los grupos políticos de derecha y ultraderecha, por lo que solo quedaba pendiente que ésta fuese simplemente ratificada por parte de los Estados miembros.
La ministra española para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, avanzó este lunes 25 de marzo, antes de iniciarse el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, que la no aprobación definitiva de esta Ley, que ya había sido bastante recortada sobre la propuesta inicial de la Comisión Europea durante los debates y negociaciones anteriores, sería “un enorme fracaso y una irresponsabilidad que la UE no se comprometiera con la restauración de la Naturaleza.”
A pesar de el proceso de ratificación por los Estados, una vez que hay un acuerdo previo entre Consejo y Eurocámara, es meramente formal, esta vez no ha sido así, lo cual ha supuesto una sorpresa, dado que ni siquiera figuraba inicialmente en la agenda y, por tanto, tampoco iba a ser objeto de votación durante la sesión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de este 25 de marzo bajo la presidencia semestral del Gobierno belga, quien lo añadió a última hora al debate de los titulares de los Estados miembros.
El objetivo central de esta Ley, que se queda ahora mismo en el limbo ante la proximidad de las elecciones europeas, era contar con una estrategia comunitaria en línea con los pactos de biodiversidad de Naciones Unidas, que proponía que el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados debían ser obligatoriamente restaurados para 2030 y en su totalidad para 2050.
Dicha normativa, no obstante, incluía una especie de “freno de emergencia” que, al menos sobre el papel y de forma un tanto genérica, permitiría suspender los objetivos para los ecosistemas agrarios por circunstancias extraordinarias que mermaran en gran medida la producción suficiente de alimentos para su consumo en la UE.