La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señaló en el informe presentado este 30 de octubre que el apoyo total a la agricultura alcanzó niveles récord de 851.000 millones de dólares por año durante 2020-22 en los 54 países analizados.
Según esta entidad, los Gobiernos buscaron proteger a los consumidores y a los productores de las crisis globales y de la alta inflación.
Según esta entidad, los Gobiernos buscaron proteger a los consumidores y a los productores de las crisis globales y de la alta inflación.
Algo menos de la mitad de esta ayuda gubernamental consistió en medidas con un potencial elevado de distorsiones del mercado, como los aranceles en frontera y los pagos de subvenciones en función de la producción.
El informe de la OCDE Seguimiento y Evaluación de la Política Agrícola 2023 publicado este 30 de octubre muestra que este alto nivel de apoyo históricamente es casi 2,5 veces mayor que el de hace dos décadas, aunque sigue estando por debajo del crecimiento general de la producción.
La ayuda sigue muy concentrada en unas pocas grandes economías productoras. China, Estados Unidos, la India y la Unión Europea representan el 36%, el 15%, el 14% y el 13% de la ayuda total prestada, respectivamente, según la OCDE.
Los productores a título individual recibieron 630.000 dólares por año en apoyo a la agricultura durante el período 2020-22, frente a los 525.000 millones en el periodo previo a la pandemia de COVID-19 (2017-2019).
Más de la mitad (333.000 millones de USD anuales) fue pagado por los consumidores a través de aranceles fronterizos y otras políticas, que elevan los precios internos por encima de los precios de referencia.
El resto (297.000 millones USD anuales) fue abonado por los contribuyentes a través de transferencias presupuestarias, como subsidios al uso de fertilizantes y electricidad, así como pagos basados en la producción o la superficie terrestre.
Según la OCDE, la mayoría de los apoyos refuerzan las estructuras de producción ya existentes. El hecho de que en muchos países siga predominando el sostenimiento de los precios de mercado, junto con otras formas de apoyo que pueden distorsionar la producción y el mercado o que afectan a productos básicos, desalientan los cambios en los sistemas de producción.
Para esta organización, este tipo de apoyos también distorsiona los mercados internacionales, que siguen siendo un mecanismo clave para suavizar los efectos de los déficits o las cosechas abundantes.
Según el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, «esas medidas alteran el comercio, la inversión y la producción, socavando tanto el valor del acceso a los mercados, como los beneficios de la competitividad y el libre comercio. También pueden ser perjudiciales para el medio ambiente, ya que a menudo dañan la calidad del agua y la biodiversidad y pueden aumentar el uso de recursos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se necesitan reformas para garantizar que el apoyo gubernamental a la agricultura y a otras industrias no nos impida cumplir nuestros objetivos climáticos globales».
Para la OCDE, el cambio climático está afectando cada vez más a la producción agrícola en todo el mundo a través del aumento de la variabilidad de las temperaturas y las precipitaciones, las interrupciones de los servicios ecosistémicos y la desaceleración del crecimiento de la productividad.
La agricultura se enfrenta a una frecuencia y gravedad cada vez mayores de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones, olas de calor y tormentas. Si bien algunas regiones pueden beneficiarse de períodos de crecimiento más largos, la producción en la mayor parte del mundo necesita adaptarse urgentemente a condiciones de crecimiento menos favorables y más variables.
Al respecto, se señala que los gobiernos de los 54 países incluidos en el informe han aprobado cerca de 600 medidas para la adaptación de la agricultura al cambio climático y será necesario adoptar nuevas medidas para ir más allá de la planificación y avanzar urgentemente en la aplicación, la supervisión y la evaluación de las medidas de adaptación.
Asimismo, indica la OCDE, aunque el apoyo general ha aumentado, la proporción destinada a servicios generales, como la innovación, la bioseguridad o la infraestructura, ha disminuido hasta el 12,5 % del apoyo total en 2020-22, frente al 16 % de dos décadas antes.
Estos servicios son clave para ayudar a los productores a adaptarse a condiciones climáticas nuevas y más desfavorables, en las que los fenómenos meteorológicos extremos son más comunes, y apoyar el crecimiento sostenible de la productividad.
Los enfoques de política para una agricultura más resiliente deben equilibrar los esfuerzos para apoyar la recuperación a corto plazo de las perturbaciones climáticas y de otro tipo, con ajustes graduales a medio plazo a las condiciones cambiantes, así como la transformación a largo plazo necesaria cuando los sistemas existentes se vuelven insostenibles.
En este sentido, la OCDE propone seis puntos para mejorar la resiliencia de la agricultura y los sistemas alimentarios, al tiempo que proporciona alimentos adecuados, asequibles, inocuos y nutritivos para una población mundial en crecimiento, proporcionando medios de vida a lo largo de toda la cadena de valor alimentaria, al tiempo que aumenta la sostenibilidad ambiental del sector:
En primer lugar, plantea eliminar gradualmente las medidas que obstaculizan los ajustes de la producción, como el sostenimiento de los precios y otras políticas destinadas a productos básicos específicos que aumentan la rigidez de los sistemas alimentarios.
Pide, en segundo lugar, priorizar la participación de los Gobiernos en la gestión de riesgos de la agricultura en materia de información, facilitación y riesgos catastróficos y también, en tercer lugar, invertir en intervenciones específicas que apoyen la adaptación al cambio climático y la transición del sector hacia sistemas agrícolas y alimentarios más sostenibles y resilientes.
Igualmente, apoya favorecer las medidas que apoyen la resiliencia en una amplia gama de circunstancias; mejorar el sistema de conocimiento e innovación agrícola, y su enfoque en el crecimiento sostenible de la productividad, e incentivar la oferta de bienes públicos, como la conservación de la biodiversidad u otros servicios ecosistémicos.
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