España está abierta a la idea de condicionar las ayudas agrícolas europeas al respeto de las leyes laborales, siempre que no conlleve nuevas trabas administrativas ni afecte a la reputación de los productores, afirmó este lunes 22 de marzo el ministro español de Agricultura, Luis Planas.
Planas se abre a debatir la “condicionalidad social” de ayudas PAC frente a la oposición de los empresarios
«El Parlamento Europeo está insistiendo mucho sobre ello. España está abierta a considerar lo que se ponga sobre la mesa con dos condiciones: que no suponga una carga suplementaria para los agricultores y ganaderos y que no se ponga en tela de juicio su reputación», afirmó el ministro en declaraciones a los medios.
Al respecto, Planas señaló que la condicionalidad social será uno de los temas que se debatan en el Consejo, en el marco de las negociaciones sobre la futura PAC, con la idea de condicionar las ayudas agrarias al respeto a la normativa laboral, de cobertura social y de seguridad de los trabajadores empleados en las explotaciones agrarias.
Esta idea no es aceptada, en general, por el sector empresarial agrario, que ve una losa más que añadir, junto a la medioambiental, a la pérdida de competitividad de la producción agrícola y ganadera de la UE, frente a los productos de países terceros, a los que para tener presencia en el mercado comunitario no se les exige (no se les puede exigir) las mismas condiciones sociales, laborales, económicas o laborales que a los europeos.
Así, desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se rechaza estos planes de la Comisión Europea para añadir en la futura PAC) más penalizaciones y condiciones para poder acceder a las ayudas directas.
Su presidente, Cristóbal Aguado, denuncia que “los agricultores y ganaderos europeos ya cumplimos la condicionalidad agronómica y medioambiental más exigente del mundo, la reforma que se está negociando contempla eco-esquemas que endurecen aún más los requisitos ambientales, pero Bruselas no tiene nunca suficiente y ahora pone encima de la mesa una nueva “condicionalidad social”, que insiste en criminalizar al sector en materia laboral. ¿Para cuándo una “condicionalidad de precios” que no se olvide del objetivo fundacional de la PAC: una rentabilidad digna para los productores que garantice la soberanía alimentaria europea”.
Según los planteamientos presentados en las negociaciones de la política europea, los pagos podrían reducirse, en el caso de los agricultores que incumplan una serie de directivas en materia laboral, incorporadas a la legislación nacional de los Estados miembros.
“Campaña de acoso y derribo”
Aguado lamenta que la condicionalidad social “supone un suma y sigue a la campaña de acoso y derribo de la clase política hacia el sector agrario”.
La asociación nacional ASAJA pidió en su día el cese de la ministra de Trabajo por su grave afrenta al campo, por una campaña dirigida desde ese Ministerio para detectar “casos de esclavitud o prácticas similares” en explotaciones agrícolas, lo que obviamente nada tiene que ver con la realidad del campo español.
Actualmente la Inspección de Trabajo está enviando miles de cartas informando de la normativa sobre la conversión de los contratos temporales a indefinidos, y advirtiendo de que si no se acometen las regularizaciones en el perentorio plazo de un mes se procederá a imponer duras sanciones.
AVA-ASAJA pide al Ministerio de Trabajo que suspenda este plan de choque para regularizar contratos temporales en las empresas agrarias hasta que tenga en cuenta la marcada estacionalidad, singularidad y heterogeneidad de las dinámicas de contratación de mano de obra en el campo y, en concreto, a las peculiaridades de la agricultura valenciana.
AVA-ASAJA se suma así a la solicitud de ASAJA que, además, ha pedido formalmente una reunión con los máximos responsables del Ministerio con el doble fin de dar a conocer las particularidades del sector agrario que justifican un tratamiento diferenciado en el marco de esta nueva campaña inspectora, y también para proponerle algunas medidas complementarias que convendría adoptar para este sector.
Aguado concluye que “los políticos autonómicos, nacionales y europeos están en aspectos colaterales y no en lo esencial: garantizar unos precios justos, atraer los jóvenes al campo, recuperar las tierras que se han dejado de cultivar y adaptar la normativa laboral a la realidad agraria”.
“Vergüenza les tendría que dar que, con cuatro millones de parados, existan problemas para encontrar mano de obra cuando hay que recolectar los cultivos”, añadió Aguado, señalando que “necesitamos menos trabas y más apoyos a un sector agrario esencial que, con el aumento de la población mundial, cada vez va a ser más importante para suministrar alimentos en cantidad y calidad.”
PAC más social
Por el contrario, la Federación de Industria, Construcción y Agro del sindicato UGT pidió en una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, que defienda una PAC más social en la Unión Europea.
A juicio de UGT-Fica, se trata de un «encuentro fundamental para adecuar las condiciones socio-laborales de los trabajadores de los sectores agrícola y ganadero de toda Europa y, en especial, para los países mediterráneos, receptores de mano de obra migrante» en las campañas agrícolas.
El sindicato instó al respecto a Planas a que mantenga la presión en el Consejo Europeo, con el fin de elevar los estándares laborales de los trabajadores agrícolas y ganaderos de la UE, mediante dicha «condicionalidad social», la «única medida eficaz» a su juicio de lograrlo dentro de la PAC.
«No puede haber excusas para que el pago directo de la PAC no esté condicionado al cumplimiento de las normativas nacionales y a unas condiciones socio-laborales dignas», señaló la UGT que, además, rechazó que “el dinero de los contribuyentes europeos financie abusos laborales y violaciones de los derechos humanos», y se mostró en contra de las propuestas «antisociales» de ciertos gobiernos europeos, que contribuyen a «precarizar cada día las condiciones laborales de millones de personas» que trabajan en el sector primario.
