El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo Paolo de Castro consideran complicado y muy difícil que la reforma de la actual Política Agrícola Común (PAC) se apruebe antes de que acabe la legislatura en la UE en abril/mayo de 2019.
Planas y De Castro ven difícil aprobar una nueva PAC en la actual legislatura europea
Tras una reunión entre ambos para disertar también sobre la futura directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales (PDC), de cuya ponencia en el Parlamento Europeo se encarga De Castro, reconocieron la dificultad de conseguir por falta de suficiente tiempo en el calendario de negociación, poco más de medio año antes de las elecciones europeas de mayo, e importantes discrepancias y dificultades con la propuesta de la Comisión Europea que el Pleno de la Eurocámara pueda aprobar los reglamentos de la PAC post-2020.
Planas destacó, no obstante, no estar preocupado tanto por ese retraso, que cada vez parece más evidente, como por que se consiga una buena reforma de la PAC, con una dotación financiera adecuada, y que, en todo caso, si termina confirmándose la dilación, los agricultores y ganaderos sigan teniendo los actuales mecanismos de apoyo y de financiación que necesitarían durante ese periodo transitorio, sin interrupciones, ni retrasos. «No se pueden dejar de cobrar los apoyos de la PAC por una demora legislativa», insistió.
Para el ministro, lo importante es la defensa de una verdadera política común, con objetivos y un sistema de gobernanza común en el marco de la UE, junto con un procedimiento de aprobación transparente para los planes nacional estratégicos, pero sin perder sin perder su carácter europeo, más allá de las fórmulas previstas por la CE
Por su parte, De Castro hizo hincapié en las dificultades concretas de calendario para lograr que la citada reforma pueda ser aprobada en el último Pleno del Parlamento Europeo, en el mes de abril de 2019, antes de los comicios. Al parecer, lo más a que podría llegarse es a debatir y alcanzar un acuerdo político en la Comisión de Agricultura (Comagri) del PE, como pretenden el comisario Phil Hogan.
El eurodiputado italiano recalcó que el previsible retraso no es, por tanto, una cuestión de voluntad política, sino temporal y de conceptos sobre lo que se quiere que sea la futura PAC y el temor de que los planes estratégicos nacionales de cada uno de los 27 Estados miembros terminen llevando a un aumento excesivo de la burocracia en los países y para los agricultores y a una renacionalización de una de las pocas políticas comunes que existen en la UE.
Para De Castro, el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha estado «poco acertado» en la gestión de estos tiempos de tramitación.
No obstante, aclaró, al igual que Planas, que aunque sea «difícil» aprobar la reforma de la PAC, “no hay que dejar de discutir las propuestas que hay sobre la mesa para conseguir una política «más fácil, menos burocrática», pero «siempre» manteniendo que sea «común» para todos los Estados Miembros. Aspecto en el que coincidió con Planas.
En este contexto, el eurodiputado socialista italiano afirmó que la «posible renacionalización» de la futura PAC, con los planes nacionales estratégicos, es un «problema que está ahí y preocupa mucho». En su opinión, sería desmembrar de forma progresiva la actual PAC en unas 27 normativas nacionales, lo que constituye un grave riesgo».
Prácticas Comerciales Desleales
En el encuentro entre Planas y De Castro se analizó la propuesta de futura directiva europea para evitar las prácticas desleales en la cadena alimentaria. Para el ministro español de Agricultura se trata de un asunto «muy importante, ya que nosotros contamos desde hace cinco años con la Ley 12/2013 de medidas para la mejora de la cadena alimentaria y donde defendemos la necesidad de incluir la regulación sobre las “ventas a pérdidas”, pese a reconocer que se trata de un problema muy complejo que puede no suscitar la unanimidad de todos los países miembros.
Es «importante» que el Parlamento incluya este apartado en la norma, afirmó Planas, tras indicar que sería «reconfortable». No obstante, de no ser así, añadió, los Estados miembros deberían poder contar con margen de maniobra para legislar al respecto en su propio territorio.
Según los cálculos de Paolo de Castro, el informe definitivo sobre la propuesta de directiva llegará al Parlamento Europeo en las próximas semanas, donde se hará una primera lectura en la Comisión de Agricultura (Comagri) para luego avanzar en el Pleno del PE antes de que acabe el año con la presidencia austriaca del Consejo de la UE, con la idea de que pueda ser aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) antes de concluir la actual legislatura.
Al respecto, Planas consideró muy necesario acordar que,a través de la directiva comunitaria (una normativa de obligada trasposición a normativa nacional y de obligado cumplimiento) se sienten unas «bases mínimas» en el ámbito europeo sobre las relaciones comerciales entre todos los eslabones de la cadena alimentaria para que mantengan una posición más equitativa o equilibrada en el reparto más justo del valor añadido.
Entre las demandas de España está la ampliación del ámbito de aplicación (no solo de proveedores pyme frente a compradores no pyme); una definición más precisa de lo que es producto perecedero o la antedicha inclusión de la «venta a pérdidas».
El europarlamentario italiano, Paolo De Castro reconoció la «necesidad en la UE de legislar para reforzar el buen funcionamiento de la cadena alimentaria en toda la Unión, porque en la actualidad, por ejemplo, la ley española no puede hacer nada en el caso de un productor español que sufre una práctica desleal en Francia. Y el objetivo es que la directiva comunitaria lo permita con una coordinación en estos casos entre Administraciones públicas y operadores comerciales que ahora no existe.
Ambos resaltaron, por último, su coincidencia en cuanto a la visión de la agricultura comunitaria y respecto a la necesidad de que los países europeos mediterráneos (Francia, Italia, Portugal, Grecia y España) mantengan y refuercen su alianza en defensa del presupuesto y del caácter europeo de la PAC, además de renovar sus esfuerzos para encontrar posiciones «comunes y eficaces» de defensa estratégica del sector agrario y agroalimentario de cada país.
