El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este miércoles 7 de octubre el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española” (ver texto abajo), que guiará la ejecución de 72.000 millones de euros hasta 2023 y en el que una de las acciones políticas tractoras será la Agenda Urbana y Rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, que concentrará el 16% de los recursos, es decir, en torno a 11.500 millones de euros.
La agenda urbana y rural concentrará un 16% de los 72.000 M€ del Plan nacional de Recuperación 2021-2023
Además, la inversión “verde” supondrá más del 37% del total del Plan (algo más de 26.640 millones) y la digitalización cerca de otro 33%, con unos 23.700 millones.
Entre los objetivos de esta política figura la mejora de la habitabilidad de los entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno rural, manteniendo la población y fomentando el empleo.
Durante la presentación el presidente del Gobierno destacó que este Plan va a desencadenar el desarrollo de la segunda gran modernización de la economía española. Un plan que va a permitir a España «crecer de una nueva manera, sobre unos pilares mucho más robustos».
El Plan de Recuperación, inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, va a movilizar en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento “Next Generation EU”.
Es decir, este Plan guiará la ejecución de cerca de 72.000 M€ de euros entre 2021 y 2023 y, además, cumplirá “con precisión” las prioridades de los Fondos Europeos de recuperación: la inversión «verde, que representa más del 37% del total del Plan (algo más de 26.640millones) y la digitalización, con cerca del 33% (23.700 millones).
El Plan diseñado para los próximos tres años se estructura en torno a las cuatro transformaciones, que el Gobierno ha situado desde el principio en el centro de la estrategia de política económica: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
El Fondo de Recuperación Europeo consta de dos instrumentos, a través de los cuales se canalizarán los recursos: por un lado, la Facilidad para la Recuperación y la Resiliencia, que concentra el grueso con 59.000 M€ en transferencias, y por otro lado el REACT-EU, que permite a nuestro país obtener financiación por un importe de 12.400 millones.
Adelantar fondos
En este contexto, el Gobierno ha decidido adelantar en los próximos Presupuestos Generales del Estado unos 27.000 M€ de este Plan que, más allá de los tiempos que maneja la Comisión para los pagos, va a permitir acelerar la ejecución del mismo desde el mismo momento en el que queden aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
En este sentido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, invitó a las diferentes fuerzas políticas a sumarse al apoyo de unos presupuestos de progreso y de país, al señalar que «el Plan que presentamos y los Presupuestos Generales que lo activan ofrecen una oportunidad única para demostrar el ímpetu de nuestro país y para poner a prueba la buena política, la que facilita acuerdos, la que propicia soluciones», ha señalado el presidente.
Políticas tractoras
El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en torno a diez políticas tractoras, que incidirán directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social.
- La primera de ellas es la Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura. En esta política se concentra el 16% de los recursos y entre sus objetivos figuran la mejora de la habitabilidad de entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno rural, manteniendo la población y fomentando el empleo.
- La segunda política, que recibirá el 12% de los recursos, se centra en impulsar las Infraestructuras y los ecosistemas resilientes, a través de proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, o el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, entre otros.
- Para aprovechar el potencial de nuestro país para posicionarnos estratégicamente como líderes de la renovación energética se establece la tercera política tractora: la Transición energética justa e inclusiva, a la que se destinará el 9% de los recursos.
- La cuarta política tractora promoverá una Administración para el siglo XXI, para que la Administración pública actúe como motor de los cambios tecnológicos. Entre las reformas que incluye esta línea de trabajo figura la de la Modernización del Sistema de Justicia. A esta cuarta política se dedicará el 5% de los recursos.
- La quinta política es la modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, a lo que se destinarán el 17% de los fondos ante la necesidad urgente de apoyar el tejido empresarial y garantizar nuestra competitividad industrial.
- Esta crisis sanitaria ha puesto a la ciencia en un lugar preminente como palanca esencial en los planes de reconstrucción. Por ello la sexta política tractora es el Pacto por la Ciencia y la Innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, que contará con el 17% de los recursos.
- La séptima política tractora es la Educación y el Conocimiento, la formación continua y el desarrollo de capacidades. Esta política concentrará el 18% de los recursos, ya que si hay un elemento capital para que el Plan tenga el impacto deseado, ese es la inversión en capital humano.
- La octava política tractora es la Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. Entre este apartado se incluyen, entre otros, planes de choque para la economía de los cuidados de larga duración a personas mayores y dependientes, el refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia o la modernización de las políticas activas de empleo. A ello se destinara el 6% de los recursos.
La novena política tractora, con el 1,1% de los recursos, es el Desarrollo de la de la cultura y el deporte, dos industrias indispensables para el desarrollo de una sociedad libre y abierta.
Y en décimo lugar, se abordará una Modernización del sistema fiscal incrementando la progresividad y redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.
Gobernanza eficaz
Para garantizar la correcta ejecución de los fondos, se van a reformar y desarrollar estructuras de seguimiento y coordinación. Por un lado, se constituirá una Comisión Interministerial presidida por el presidente del Gobierno y se creará una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el gabinete de Presidencia del Gobierno.
Además se va a instrumentalizar una colaboración específica con las Comunidades Autónomas y se introducirá el Fondo de Recuperación en los debates habituales de las próximas conferencias de presidentes autonómicos.
También se facilitará una interlocución continua con las empresas que participan en los proyectos y se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento.
Por otro lado, para garantizar agilidad en la absorción de los fondos se pondrá en marcha una reforma profunda de las normas y leyes de la Administración General de Estado en tres frentes:
En primer lugar, con el diseño de una gobernanza para los fondos que sea eficaz, fortaleciendo las estructuras administrativas responsables de este reto.
En segundo lugar, el Gobierno acometerá las reformas legales administrativas necesarias para que la gestión de los fondos sea impecable y se ejecuten de manera transparente y ágil.
En tercer lugar se eliminarán las trabas administrativas y se resolverán los cuellos de botella que ralentizan y entorpecen la contratación y ejecución de proyectos para que las trabas burocráticas no frenen la recuperación de la economía.
Políticas tractoras
Tras la introducción de las líneas directores del Plan por parte del presidente del Gobierno, los vicepresidentes desgranaron, en un acto conjunto, el desarrollo de las políticas que atañen a sus carteras y que vehicularán los cerca de 72.000 millones de euros asignados para el periodo 2021-2023.
España puede y España debe hacerlo
«España puede y España debe hacerlo y no tenemos más alternativa que hacerlo bien», señaló la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en referencia a las modificaciones necesarias que debe acometer el Estado para dar una respuesta eficaz a la salida de la crisis social y económica provocada por la pandemia.
Para Calvo, los próximos años suponen un gran desafío para las instituciones, los responsables políticos de todas las administraciones y los también los sectores privados, un gran desafío -ha indicado- que debe estar a la altura demostrada por los ciudadanos durante estos meses desde que comenzó la pandemia.
«Las crisis traen cambios y los cambios pueden traer oportunidades de progreso», señaló, en referencia a la necesidad de implementar todas las transformaciones pendientes en el presente como base de nuestro futuro.
«Tenemos que coordinarnos y mejorar en nuestra cogobernanza para ser más eficientes» añadió Calvo, indicando que con ello también se logrará implicar a todos los actores y generar sinergias de recuperación con los sectores privados.
Para la vicepresidenta, aprobar unos Presupuestos Generales del Estado «donde el mapa coincida con la realidad» requiere también de una profunda modernización de la Administración General del Estado, modificaciones estructurales que ya eran necesarias antes y que ahora se hacen imprescindibles.
«En nuestro plan normativo está prevista una nueva ley de la Administración Pública, que aligere nuestros procedimientos sin faltar al rigor, al control y a la transparencia».
Calvo explicó la necesidad de acometer modificaciones para asimilar los fondos europeos de forma eficaz y rápida mediante un Real Decreto por la urgencia que tenemos ante la crisis del Covid, pero no por ello sin dejar de tramitarlos como leyes en el Parlamento, de tal forma que estas modificaciones se vean enriquecidas y mejoradas por los diferentes grupos parlamentarios.
Por último, la vicepresidente primera enumeró algunas de las leyes que necesitan ser modificadas, como es la Ley de Contratos del Estado, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley Presupuestaria o la Ley de Subvenciones Públicas, indicando que estas modificaciones se hacen porque «debemos ser garantes, pero también tenemos que ser eficientes».
Una oportunidad sin precedentes
Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, destacó la oportunidad que ofrece el acuerdo europeo para superar debilidades de nuestra economía evidenciadas en las últimas crisis, tales como precariedad laboral, alta tasa de pobreza infantil, y modelo productivo poco diversificado, además de la escasa inversión pública en sanidad, educación y protección social.
«Para España representa una oportunidad sin precedentes de corregir deficiencias de la estructura económica de nuestro país», subrayó el vicepresidente.
Ese cambio de estructura es indispensable para que se puedan cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para disponer de una base para poder cumplir los objetivos en los próximos 9 años. En ese sentido, Iglesias señaló los objetivos en los que actuar.
En primer lugar, reindustrializar nuestro país con criterios de transformación ecológica, apostando por energías renovables que pueden llegar a suponer una ventaja competitiva. En segundo lugar, la diversificación económica.
«Que a nadie se le olvide que la corrupción que tanto daño ha hecho en España tenía una base económica», denunció.
«Necesitamos nuevos emprendedores que asuman el liderazgo de un sector empresarial capaz de construir los retos que van a definir nuestro país en los próximos años», urgió.
Y el tercer objetivo es fortalecer lo público. «Hay que invertir más en Sanidad. No podemos consentir que haya profesionales sanitarios que dan la cara cada día y que trabajan en condiciones de precariedad inaceptables».
Iglesias destacó la atención al sistema de cuidados. «Invertir en cuidados responde a razones de justicia social y eficacia económica». Explicó que, con un sistema de atención similar al sueco, España crearía medio millón de empleos. También ha estimado que establecer la educación pública desde los cero años supondría la creación de 150.000 puestos de trabajo.
Una España digital
La puesta en marcha del «Plan de recuperación Transformación y Resiliencia de la Economía Española» puede aumentar el crecimiento entre dos y tres puntos porcentuales en 2021 y permitir la vuelta a la senda de crecimiento pre-Covid a finales del año 2023.
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, explicó que para que estas metas se alcancen es crucial abordar un proceso de modernización de nuestra estructura productiva en el que la Transformación Digital se convierta en un proceso esencial.
Esa Transformación Digital dispondrá de un presupuesto de unos 20.000 millones de euros, equivalentes al 33% de la inversión prevista con las transferencias para el periodo 2021-2023.
Los proyectos relacionados con la digitalización se desplegarán a través de diez políticas tractoras que van desde la agenda urbana a la educación, desde la agricultura al turismo, desde la industria a la movilidad, desde la modernización de la administración pública hasta la nueva economía de los cuidados, con el objetivo de aprovechar esta oportunidad para impulsar una transformación digital que actúe sobre las infraestructuras y la tecnología, sobre los sectores económicos y el tejido productivo y sobre las personas.
Los diez objetivos estratégicos de la agenda España Digital 2025, presentada por el Gobierno el pasado mes de julio, serán el camino a seguir en el proceso de digitalización que se verá ahora acelerado por el Plan de Recuperación para la Transformación de la economía española.
Una transición ecológica llena de oportunidades
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, señaló la agenda urbana y rural, el desarrollo de infraestructuras y ecosistemas resilientes y la transición energética justa e inclusiva como las tres grandes políticas palanca que centrarán las actuaciones de su departamento.
Estos ejes, junto al abordaje transversal del reto demográfico, constituyen según explicó, «una oportunidad para transformar el país y avanzar en la modernización de la economía».
«Este plan que hemos presentado activa y moviliza inversiones con efecto multiplicador sobre la economía y el empleo, inversiones que generan competitividad, modernizan el tejido productivo y nos permiten ubicarnos en sectores estratégicos como país», señaló Ribera.
En lo referente a la Agenda Urbana y Rural, a la que se destinará el 16% de los recursos, el Gobierno apuesta por una movilidad sostenible, impulsando la electrificación y la renovación de la flota de vehículos, la rehabilitación energética de edificios y la transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario como acciones fundamentales, objetivos para los que se movilizarán más de 5.000 millones en tres años» .
En materia de Desarrollo de Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes se promoverá un Fondo para la Restauración Ecológica para impulsar la transición verde y proteger la biodiversidad.
En ese sentido, la vicepresidenta destacó que se trabajará «en bosques y prevención de incendios, y en la restauración, entre otros, de 10.000 hectáreas de humedales».
El refuerzo en la gestión de los recursos hídricos, con la rehabilitación de 3.000 kilómetros de ríos, y la adaptación de la costa al cambio climático, con la recuperación de, al menos, 200 kilómetros de litoral, centran también las actuaciones en este ámbito.
La Transición Energética, que constituye la tercera de las palancas y concentra el 9% de los recursos del plan, pretende avanzar hacia un sistema 100% renovable, abierto a la ciudadanía, las empresas y las administraciones.
Para lograrlo, se avanzará en un marco normativo claro, estable y predecible que estimule la inversión privada en el despliegue de renovables mediante un nuevo sistema de subastas y líneas de apoyo para proyectos innovadores, con una clara apuesta por la eólica offshore flotante.
La apuesta por el Hidrógeno Renovable como un proyecto de país -clave para la reactivación económica y a la hora de alcanzar la neutralidad climática- y la Estrategia Nacional de Autoconsumo son algunas de las políticas de este eje, que otorga una gran importancia al diálogo, así como al apoyo y al acompañamiento para la reactivación de las zonas más afectadas por esta transición ecológica, que debe ser justa e inclusiva, abordando de manera transversal y prioritaria el reto demográfico.
La vicepresidenta también destacó los beneficios económicos de la economía circular son claros, generan inversiones con impacto notable en la actividad económica y nuevo empleo, con un potencial de más de medio punto adicional de PIB por año.
Abordar la lucha contra la despoblación es una de las grandes prioridades y representa el 17% del total del plan.
Para revertir la tendencia de décadas hacia la despoblación y el envejecimiento en áreas rurales, «empezaremos en municipios de menos de 5.000 habitantes, movilizando 12.000 millones de euros en tres años en eficiencia de edificación, depuración de agua, conectividad digital y educación conectada».
También se impulsará el turismo sostenible, con énfasis especial en la calidad, tanto en entornos rurales y de alta montaña como en destinos turísticos maduros.
Textos pdf adjuntos:
Preguntas y Respuestas del PLAN DE Recuperacion
COMPARECENCIA TERESA RIBERA Plan recuperacion
