La Agricultura, un asunto de interés general para el futuro de país que queremos. Eduardo Moyano Estrada

Eduardo Moyano Estrada. Profesor de Investigación (Catedrático) de Sociología del IESA-CSIC

Es loable el esfuerzo de las organizaciones agrarias por mostrar que todo lo que rodea a la agricultura es mucho más que producir alimentos, y que el modo de desarrollo de la actividad agraria tiene implicaciones económicas, sociales y territoriales. Pero es una realidad que los temas agrarios apenas encuentran eco en la agenda política y que hay que esforzarse por que se hable de ellos.

Como muestra, un botón. Cuando se trata el tema de la despoblación rural, que tanto eco ha tenido en los últimos meses en los medios de comunicación, se suele hablar de los pequeños pueblos, de sus problemas de envejecimiento, del abandono que sufren y de las dificultades de acceso a los servicios. Pero apenas se les suele asociar con la realidad agraria de muchos de esos municipios.

Poco se dice en estos debates que muchas de las personas que viven en los municipios rurales son hombres y mujeres que tienen en la actividad agraria como su principal fuente de sustento; personas que se enfrentan día a día con el problema de la escasa rentabilidad de sus explotaciones, la volatilidad de los precios agrícolas, el coste de la energía, los efectos del cambio climático, las inclemencias meteorológicas, las restricciones medioambientales, etc.

Algunos son jóvenes que tienen serios problemas para hacer realidad el relevo generacional, debido a las dificultades para acceder a la tierra y para instalarse en la agricultura con proyectos viables.

Son temas que, si se observan sin el prisma sectorial, vemos que están imbricados en los cambios que se producen en el conjunto de la sociedad, y que si se quiere abordarlos de un modo integral, exigen políticas de Estado.

Por ejemplo, la experiencia nos dice que los citados problemas del relevo generacional y a la instalación de jóvenes no pueden abordarse sólo con los programas de ayudas provenientes de Bruselas, sino que es necesario tratarlos en todas sus dimensiones, mediante reformas jurídicas, incentivos fiscales, ofertas adecuadas de formación profesional, inversiones en infraestructuras…etc.

Lo mismo cabe decir del problema de la igualdad y del acceso de las mujeres a la cotitularidad de las explotaciones agrarias, en el que inciden factores muy diversos, y que explican algunas de las dificultades surgidas en la aplicación real de la actual normativa.

La vertebración de la cadena alimentaria es otro problema en cuya regulación no sólo intervienen los departamentos de Agricultura, sino también los de Economía y Comercio, además de ser responsabilidad del propio sector agrario articularse del modo más eficaz posible, mediante organizaciones cooperativas adecuadas, e integrarse con las industrias en estructuras interprofesionales.

Acciones de Gobierno y Estado

Respecto al problema de los efectos del cambio climático y de la transición energética, es indudable la necesidad de abordarlos con políticas horizontales y no sectoriales, al igual que ocurre con el reto de la digitalización en el sector agrario (agricultura de precisión) o con los problemas de desarrollo y cohesión de los territorios (que precisan de una buena interacción rural-urbana y de la implicación de distintas áreas de las políticas públicas).

Y qué decir de temas tan aparentemente sectoriales, como las relativas a las fitopatologías (pensemos en la verticilosis o la Xylella fastidiosa del olivar) o a las epizootias, que sólo pueden abordarse con grandes programas, que combinen la investigación (básica y aplicada) y la transferencia tecnológica y de conocimiento.

Los cambios en los hábitos alimentarios y las nuevas demandas de la población en materia de salud y nutrición y sostenibilidad, así como la creciente conciencia ecológica, son temas que afectan a la producción de alimentos y que condicionan la actividad agraria, al tiempo que abren nuevas oportunidades (circuitos cortos, agroecología,…).

En todos los casos mencionados, que son sólo una pequeña muestra de muchos otros que podrían citarse en relación con la actividad agrícola y ganadera, es evidente la necesidad de tratarlos como temas de interés general, liderados por el Ministerio de Agricultura, pero integrados en acciones más amplias de gobierno.

De ahí que los temas agrarios (en su componente productiva, territorial y medioambiental) deban formar parte de la agenda política y ser temas a incluir en las actuales negociaciones para la constitución de los futuros gobiernos.

Y, más aún, teniendo en cuenta que, en el nuevo escenario de la PAC 2021-2027, los gobiernos de los Estados miembros dispondrán de amplio margen de maniobra para la elaboración de sus “planes estratégicos nacionales”, dando así por finalizada la etapa en la que los gobiernos se limitaban a gestionar los fondos que venían de Bruselas.

Estos “planes” ofrecen ahora a los gobiernos nacionales un menú a la carta de medidas del primer y segundo pilar de la PAC para confeccionar, de acuerdo con las preferencias comunitarias, una política agraria propia, ajustada a las necesidades de cada país.

Con los “planes estratégicos” retorna la política agraria al centro de la agenda política nacional, y también al centro de las agendas regionales, por cuanto que el contenido de dichos Planes debe ser el resultado de las demandas surgidas desde cada Comunidad Autónoma.

Es, sin duda, un cambio importante del escenario en el que se ha venido desarrollando desde la entrada de España en la UE las acciones de los poderes públicos en materia de agricultura en sus diversas escalas territoriales.

Es por esto que debemos hablar todos de Agricultura, y no sólo los agricultores, ya que es un asunto de interés general. En ello está en juego nuestro modelo de consumo, pero también el modelo de desarrollo territorial al que aspiramos y la forma de relacionarnos con el medio ambiente. En definitiva, hablar de agricultura es hablar del país que queremos para el futuro.