La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha propuesto 322 sanciones a empresas del sector por valor de 1,4 millones de euros desde el inicio de su labor como organismo supervisor de la Ley 12/2013 de Mejora de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.
La AICA ha propuesto 322 sanciones por incumplir la Ley de Cadena Alimentaria en dos años
Así lo señaló la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, en el balance de los dos primeros años de una ley que ha definido como «pionera» e «histórica» por su misión de garantizar la legalidad en las relaciones comerciales en el conjunto de la cadena alimentaria.
Tejerina, que calificó como «tremendamente positivo» el impacto esta norma en estos dos primeros años, detalló que el sector de las frutas y hortalizas acumula el 60 % de las sanciones propuestas por la AICA, seguido de la leche, con el 29,1 %; el aceite (7,1 %); el vino (2,7 %) y el pollo (0,6 %).
Los datos de la AICA reflejan que en el 57 % de los casos, las sanciones tuvieron como causa no respetar los plazos de pago, mientras que en una de cada cuatro ocasiones (24 %) el origen fue no enviar la documentación requerida por la Agencia.
La ausencia de contratos de compra-venta fue la razón de la propuesta de sanción en un 9 % de las ocasiones.
Desde que se creó la Agencia se han vigilado 4.000 operaciones comerciales en 1.287 inspecciones a empresas, de las que 477 pertenecían al sector vitivinícola, 355 a las frutas y hortalizas, 246 al sector del aceite, 173 a los lácteos y 36 a la carne de pollo.
La ministra informó que la AICA ha recibido en este tiempo 111 denuncias por posibles incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria, 37 de ellas por la denominada venta a pérdidas, una práctica prohibida por la Ley de Comercio Minorista, competencia de las Comunidades Autónomas. En estos casos, recordó los expedientes se trasladan a estas Administraciones.
La ministra insistió en que este organismo «vigila a todos y a cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria y no va contra nadie», puntualizando que la distribución es la que aglutina más infracciones, el 40 % en el caso mayorista y el 30 % en el minorista.
García Tejerina precisó también otros datos, como que ha habido sanciones en todos los eslabones, que hay una empresa que ha reunido hasta 11 expedientes y que la sanción de mayor cuantía que se ha impuesto hasta el momento asciende a más de 203.000 euros.
Asimismo, quiso resaltar cómo, pese a tratarse de una norma muy joven, en estos dos años se ha podido comprobar que los diferentes actores de la cadena se están concienciando y «haciendo suyas las nuevas reglas de juego», que establece esta ley para garantizar la «transparencia» y el «equilibrio» de las relaciones comerciales.
Con esta norma, añadió, se obliga a establecer contratos, con precios y con plazos que hay que respetar, una circunstancia «que parece obvia», pero que éstas «no eran, ni de lejos, las prácticas habituales».
Por ello, animó a los asistentes, entre los que se encontraban representantes de la distribución y de la industria, a seguir trabajando en este sentido con esta norma «que ha sido pionera en la UE y que está sirviendo de ejemplo a seguir» a otros países, añadió.
Control adicional
La ministra de Agricultura resaltó también que tanto el sector del aceite de oliva, como el de la leche tiene planes de control adicionales.
Es en el ámbito de estos controles, añadió, cuando se pueden detectar fraudes y el «Ministerio hace las recomendaciones a las Comunidades Autónomas» para que «se hagan de la manera más perfecta posible» y se eviten «los fraudes».
Respecto al sector del aceite de oliva, García Tejerina recordó las medidas que se han adoptado para mejorar su competitividad y con la calidad como «factor fundamental».
«A estos planes de control, de acuerdo con las CC..AA, obedece el que se hayan detectado o se puedan detectar fraudes comerciales», como que el aceite de oliva virgen «a veces» se catalogue como virgen extra, apuntó
En cuanto al sector lácteo, remarcó que la producción sigue aumentado y, por eso, «es más difícil la recuperación de precios».
A su juicio, el acuerdo que se firmó para dar estabilidad a este sector con los diferentes actores ha servido para contener la situación.
Citó algunos objetivos logrados, como el acuerdo para la resolución de incidencias, «un protocolo que se ha puesto en marcha para canalizar las denuncias sobre la practicas que banalicen» este alimento.
En el seno de la Interprofesional Láctea (Inlac) se firmó un contrato tipo de compraventa de leche, homologado por el Ministerio, que está «dando mayor transparencia y seguridad a la transacciones», ha añadido.
Además, se trabaja en el contrato para la leche a granel entre cooperativas e industria, y para regular el papel de los primeros compradores, señaló García Tejerina.
La ministra hizo un llamamiento al sector productor a mejorar su integración, pues «en estos meses no se ha producido la composición de ninguna organización de productores», una figura que les ayudaría a tener más capacidad de negociación.
