En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea ha emprendido acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por haber incumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. En el caso de España, la CE ha instado a que adopte la normativa de la UE sobre las bolsas de plástico ligeras y no establecer ni revisar los planes de gestión de residuos de varias regiones.
La CE advierte a España por no reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras
En vista de la lucha contra la contaminación y el despilfarro de recursos, los Gobiernos de la UE tenían hasta el 27 de noviembre de 2016 para adoptar medidas a fin de reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras, tal como exige la Directiva sobre bolsas de plástico [Directiva (UE) 2015/720].
Los gobiernos nacionales pueden elegir entre una lista de medidas dirigidas a alcanzar los objetivos acordados en común. Dichas medidas pueden incluir instrumentos económicos, como por ejemplo poner un precio a las bolsas de plástico ligeras.
Otra opción consiste en el establecimiento de objetivos nacionales de reducción: los Estados miembros deben garantizar que, hasta finales de 2019, el consumo de ese tipo de bolsas por persona y año no exceda de noventa. Antes de finales de 2025, ese número debe reducirse a no más de cuarenta bolsas por persona. Ambas opciones pueden conseguirse mediante medidas obligatorias o bien mediante acuerdos con los sectores económicos.
También es posible prohibir las bolsas siempre y cuando dichas prohibiciones no excedan de los límites establecidos por la Directiva con el fin de preservar la libre circulación de mercancías dentro del mercado único europeo.
La Comisión verifica de forma prioritaria si los Estados miembros han cumplido la obligación de transposición de la presente Directiva. Tras la recepción del dictamen motivado, España dispone de dos meses para cumplir sus obligaciones. De no hacerlo, la Comisión puede llevarla ante el TJUE.
Asimismo, la CE ha enviado una advertencia final a España por no establecer ni revisar los planes de gestión de residuos de varias regiones.
El plan de gestión de residuos español se revisó en 2015 para adaptarlo a los nuevos requisitos de la Directiva marco sobre residuos. No obstante, dado que las comunidades autónomas tienen la competencia principal en este ámbito, según la legislación española deben adoptar sus propios planes de gestión de residuos.
Puesto que no todas ellas han adoptado un plan de gestión de residuos válido, Bruselas envió una carta de emplazamiento en noviembre de 2016 pidiendo a España que adoptara las disposiciones necesarias en esta materia. Hasta la fecha, faltan todavía los planes de gestión de residuos de las Comunidades Autónomas de las Islas Baleares, las Islas Canarias y Madrid y de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Además, las Comunidades Autónomas de Aragón y de Cataluña deberían revisar sus planes de gestión de residuos, ya que los adoptaron hace más de seis años.
