El Parlamento quiere que la Comisión Europea plantee medidas comunitarias contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de distribución de alimentos, para garantizar ingresos justos a los productores y variedad de elección a los consumidores, según una resolución aprobada este martes 7 de junio.
La Eurocámara pide a Bruselas medidas comunitarias contra las prácticas comerciales desleales en alimentación
El objetivo debe ser aumentar la transparencia y la equidad en las relaciones entre los productores, proveedores y distribuidores y combatir, de paso, la sobreproducción y despilfarro.
«Las iniciativas adoptadas hasta ahora no han sido efectivas. Creemos que hay que hacer más para mejorar el equilibrio entre los proveedores y los supermercados, y especialmente los hipermercados, sobre todo para hacer frente al denominado “factor miedo”.
También pedimos a la Comisión que desarrolle instrumentos para combatir las prácticas comerciales desleales”, afirmó el ponente Edward Czesak (ECR, Polonia). «Todos los actores en la cadena de suministro deben tener los mismo derechos”, agregó.
Los desequilibrios en la cadena de distribución deben abordarse de manera urgente para aumentar la capacidad negociadora de los productores, dice la resolución, que salió adelante con 600 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones.
Los eurodiputados inciden en que la venta por debajo del coste y el uso de alimentos básicos, como los lácteos, la fruta y las hortalizas, como “productos reclamo” por parte de las grandes cadenas, es una seria amenaza para los productores europeos.
Los agricultores y las pequeñas y medianas empresas son especialmente vulnerables a las citadas prácticas comerciales desleales, enfatiza el texto. En ocasiones se ven forzados a vender a pérdida, por ejemplo cuando los supermercados les obligan a asumir las rebajas y promociones. Los consumidores también se ven perjudicados, ya que la oferta se reduce y también su posibilidad de acceder a productos nuevos e innovadores.
Reglas estrictas para hacer frente al “factor miedo”
La resolución destaca que los sistemas de autorregulación voluntarios han tenido hasta la fecha “resultados limitados” al no aplicarse de manera efectiva, por representación insuficiente de los agricultores, los conflictos de intereses entre las partes implicadas, unos mecanismos de resolución de litigios incapaces de reflejar el “factor miedo” entre los proveedores y el hecho de que no se aplican a toda la cadena de suministro.
Hacen falta medidas a nivel comunitario contra las prácticas comerciales y para asegurar a los agricultores y consumidores unas condiciones justas de venta y compra, añade el texto.
El Parlamento considera que la Iniciativa de la cadena de suministro y otros sistemas voluntarios a nivel nacional y comunitario deben promoverse, como complemento a mecanismos de aplicación eficaces y sólidos en los Estados miembros, garantizando el anonimato de las denuncias y la imposición de sanciones disuasorias, y unido a un procedimiento de coordinación europeo.
Los eurodiputados animan a los productores y comercializadores, incluidas las organizaciones de agricultores, a participar en este tipo de iniciativas.
Contexto
Las prácticas comerciales desleales consisten, por ejemplo, en retrasar los pagos, restringir el acceso al mercado, modificaciones unilaterales o retroactivas de las condiciones contractuales, anulación repentina e injustificada de un contrato, transferencia a los proveedores de los gastos de transporte y almacenamiento, participación obligada en promociones, obligación de pago por la colocación de productos en lugares destacados en los comercios, imposición de la devolución incondicional de mercancías no vendidas y presiones para reducir los precios.
La UE ya cuenta con legislación para combatir prácticas desleales del comerciante al consumidor (Directiva 2005/29/EC), pero no hay reglas específicas para mediar entre los agentes de la cadena de distribución, aunque algunas prácticas sí están cubiertas en la legislación de competencia.
Eurodiputados PPE
El Parlamento Europeo defendió hoy la puesta en marcha de una legislación común a todos los países miembros para combatir las prácticas comerciales desleales que se producen en la cadena de suministro alimentario.
En las últimas semanas los eurodiputados del PP trabajaron en las comisiones parlamentarias de Mercado Interior y de Agricultura para que se incluyeran menciones en este sentido en un informe que estaba preparando el Parlamento Europeo sobre este asunto y que finalmente fueron aprobadas hoy durante el Pleno que se está celebrando en Estrasburgo.
El objetivo último de estas enmiendas es garantizar que los agricultores y los consumidores europeos puedan beneficiarse de condiciones de venta y de compra equitativas.
Además, los eurodiputados del PP defendieron que esa nueva legislación marco europea no debería reducir el nivel de protección ya existente en países como España, que dispone de una legislación nacional para luchar contra las prácticas desleales entre empresas.
“El objetivo es trasladar a la Unión Europea al menos el nivel de garantía existente en la legislación española respecto a las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Gracias a las enmiendas introducidas queremos conseguir que haya un mínimo legal de protección común para todos los agricultores europeos y garantizar que, de una vez por todas, el mercado de la cadena alimentaria funcione de verdad como un libre mercado”, explicó el eurodiputado y miembro de la Comisión de Mercado Interior, Antonio López-Istúriz.
Por su parte, la eurodiputada de la Comisión de Agricultura Esther Herranz señaló que “el sector agrícola es especialmente vulnerable a las prácticas comerciales desleales dado que estamos hablando de productos perecederos que necesitan salir al mercado en un corto plazo de tiempo, lo que da lugar en ocasiones a que los agricultores trabajen a pérdidas, siendo los pequeños y medianos productores los más afectados por esta desprotección ante las cadenas de distribución. Por eso, la solución más eficaz es la introducción de una legislación comunitaria que permita abordar el problema desde una escala europea, sin poner en cuestión los avances que ya se han realizado en España al respecto gracias a la Ley de la Cadena Alimentaria”.
Asimismo, el Vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, señaló que «los agricultores constituyen el eslabón más débil en la cadena de suministro alimentario. Tenemos que intentar acabar con esa situación favoreciendo un mayor equilibrio entre los distintos actores de la cadena. Si Europa quiere mostrar compromiso con sus agricultores, debe apostar por el desarrollo de legislaciones que prohíban y sancionen estas prácticas. De este modo estaremos dando una señal muy positiva a los agricultores de la Unión».
En la misma línea, la eurodiputada Pilar Ayuso recordó que «es imprescindible hacer frente a las prácticas comerciales desleales y tener una cadena alimentaria justa y transparente, dada la necesidad de contar con un sector productivo seguro y rentable».
Eurodiputados Socialistas
Por su parte, el Grupo Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo ha venido manteniendo una posición de fuerte liderazgo en el proceso de negociación para asegurar que la CE adopte propuestas legislativas que aborden esta problemática, por ello, tras la votación de esta mañana los socialistas Sergio Gutiérrez y Clara Aguilera se han felicitado de la iniciativa, defendiendo que «es necesaria una legislación marco a escala de la UE para hacer frente a las prácticas comerciales desleales y garantizar que los agricultores y los consumidores europeos dispongan de la posibilidad de beneficiarse de condiciones de venta y de compra equitativas».
«Es preciso adoptar medidas firmes y consecuentes para erradicar de una vez por todas estas prácticas en la cadena de suministro de productos alimentarios, que se derivan de los desequilibrios económicos en las relaciones comerciales y de las diferencias en cuanto a poder de negociación entre los diversos agentes de la cadena», señaló tras el voto el eurodiputado socialista y miembro de la comisión de Mercado Interior, Sergio Gutiérrez.
«Necesitamos una legislación común, tan reclamada por el sector. Está demostrado que los sistemas voluntarios no son suficientes. Hay Estados miembros que ya han puesto en marcha sus propias normas, por lo tanto, si no lo hacemos a nivel europeo generaremos distorsiones en el mercado interior, tal y como sucede en España con la Ley de la Cadena Alimentaria,» reclamó el eurodiputado y secretario general de los socialistas españoles en la eurocámara.
Por su parte, la eurodiputada y vicepresidenta de la comisión de Agricultura, Clara Aguilera denunció que «las prácticas desleales y el desequilibrio en la cadena de suministro alimentario son el primer obstáculo que impide a agricultores y ganaderos obtener un precio justo por sus productos. No basta con denunciar esta realidad. No basta con esperar un cambio de mentalidad de los otros operadores de la cadena. No bastan códigos voluntarios de buenas prácticas. Necesitamos una legislación marco a escala de la UE pues esa es la manera de cambiar la actitud.
El Pleno del PE ha respaldado esta idea y espero que la Comisión Europea tome buena nota de la unanimidad que hemos mostrado en torno a esta cuestión».
Igualmente, Aguilera se felicitó de la propuesta sobre un nuevo informe para reducir la volatilidad de los precios en los mercados agrícolas, «que permitirá continuar con el debate sobre el tema».
España, lidera
Por su parte, en esta línea, el director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, presentó este martes 7 de junio , en una reunión del grupo de trabajo del Consejo Asesor de AICA, el informe elaborado por la Unión Europea sobre regulaciones de las prácticas comerciales en la cadena alimentaria en los diferentes Estados miembros.
En este contexto, España se sitúa como país pionero en implantar una regulación específica para la cadena alimentaria y es líder en la Unión Europea en la creación de una normativa propia para el sector.
Mediante la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, España inició el camino en la Unión Europea para la regulación de las relaciones comerciales en la cadena alimentaria.
La normativa española ha servido como modelo a los países de la Unión, que han establecido normas similares en sus respectivos Estados, con el objetivo de lograr el equilibrio en las relaciones comerciales.
En concreto, los países que tienen modelos similares al español son Alemania, Eslovaquia, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y República Checa. Cinco de ellos (Eslovaquia, Italia, Reino Unido y República Checa, además de España), cuentan con una normativa específica para el sector, mientras que los otros tres disponen de leyes genéricas que se aplican a diferentes sectores económicos y no son exclusivas para la cadena alimentaria.
Además, en Eslovaquia, Francia, Portugal y Reino Unido existe un organismo específico similar a la Agencia de Información y Control Alimentarios de España, como autoridad de control.
Inspecciones
El informe destaca, igualmente, que la legislación española ofrece cobertura a todos los eslabones, además de implementar instrumentos auto-regulatorios, a través del Código de Buenas Prácticas Mercantiles.
Asimismo, este estudio subraya la existencia en España de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que opera como sistema público de garantía del cumplimiento de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
En este marco, AICA actúa tanto ante las denuncias recibidas como por iniciativa propia, y tiene capacidad para proponer sanciones si detecta incumplimientos.
Al mismo tiempo, el informe destaca la labor de AICA por el número de inspecciones realizadas, los casos investigados y las multas propuestas por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria. De hecho, España es el Estado miembro que más sanciones propone, con una de las cuantías más elevadas de la Unión Europea.
Así, frente a las cerca de 2.000 inspecciones contabilizadas en España, concluidas con 38 expedientes con propuesta de sanción (a cierre del informe), Alemania inició 43 procedimientos; Portugal, 49 y alrededor de 20 en Eslovaquia. Por su parte, en Francia se controlaron operaciones en 3.810 establecimientos de todos los sectores económicos, no sólo de la cadena alimentaria.
En cuanto a las sanciones, la cuantía de las multas en España oscila entre 3.000 y 1.000.000 de euros, mientras que en Francia alcanza los 2 millones y en Alemania un millón de euros. La multa en el Reino Unido puede llegar hasta el 1% de la facturación, y hasta el 10% en la República Checa. En el caso de Portugal, el baremo oscila entre los 750 y los 2,5 millones de euros; y en Eslovaquia, el mínimo es de 1.000 euros y el máximo de 300.000. Las sanciones más bajas corresponden a Italia, con importes que van desde los 500 hasta los 500.000 euros.
La AICA
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo autónomo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, encargado del control del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en lo que respecta a las relaciones comerciales, esto es, operaciones de compra-venta de alimentos y materias primas entre agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentos y bebidas, y distribuidores del sector agroalimentario.
Foto: Parlamento Europeo.
