El carácter esencial de los agricultores y el valor de los territorios rurales deben dejar de ser mera retórica para convertirse en una realidad atendida y dignificada como se merece.
La gran manifestación del 20-M Rural. Por Eduardo Moyano Estrada
Por Eduardo Moyano Estrada. Ingeniero agrónomo t sociólogo.Profesor y catedrático del IESA/CSIC.*
No podrá negarse que, en España y en otros países de la UE, el sector agrario, y en general el mundo rural, está inquieto en estos tiempos convulsos, de cambios culturales, mercados abiertos, economía globalizada y conflictos internacionales. Hay un malestar que se manifiesta en forma de protestas y movilizaciones más o menos explícitas y continuadas de los agricultores y de la población rural en su conjunto.
La gran movilización del pasado domingo 20-M lo corrobora, al reunir en Madrid a varios cientos de miles de agricultores y demás personas relacionadas con el mundo rural. Ha sido una manifestación en la que se ha reflejado la enorme variedad social, cultural y económica del campo español, que es uno de sus valores más importantes. En ella han participado todas las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas, así como diversas plataformas rurales, convergiendo demandas específicamente agrícolas y otras más genéricas del mundo rural.
En general, la protesta se ha dirigido a grupos concretos, como las industrias, la gran distribución, los ecologistas… Pero también contra los poderes públicos, encarnados en el Gobierno de la nación, aunque gran parte de las competencias agrarias y rurales estén transferidas a las Comunidades Autónomas. En el caso de la protesta agrícola, se les acusa de falta de sensibilidad por la situación del sector (agravada por la sequía prolongada y la guerra de Ucrania), y en el caso de la protesta rural, se les responsabiliza de la falta de infraestructuras y servicios y del abandono que sufren determinados territorios del interior.
El malestar agrícola
Hay razones, sin duda, para entender el malestar agrícola, ya que está causado, entre otras cosas, por los profundos cambios que viene experimentando el sector agrario desde hace varias décadas y que se han acelerado en los últimos años, generando en los agricultores y ganaderos incertidumbre y no poca preocupación.
Cabe citar algunos ejemplos: la volatilidad de los precios de los productos agrarios debido a la retirada de los sistemas de intervención en los mercados; la presencia de productos foráneos incentivada por los acuerdos preferenciales de la UE con terceros países; las crecientes exigencias ambientales causadas por los compromisos sobre cambio climático y la Agenda 2030, y plasmadas ahora en el Pacto Verde Europeo; el aumento del precio de algunos insumos (piensos y fertilizantes); el incremento del coste de la energía; las imposiciones en materia de bienestar animal; las limitaciones en el uso de pesticidas; las restricciones en la ampliación del regadío; la preferencia dada por los poderes públicos a la conservación de la fauna salvaje frente a los daños que ocasionan a la ganadería…
Todos ellos son ejemplos de los cambios que han alterado el marco de referencia en que se desenvuelve la actividad agraria, y que no pocos agricultores atribuyen a la presión del lobby ambientalista, por una parte, y al poder de la gran distribución, por otra.
Actividad no reconocida
Si a todo eso le unimos la sensación que tienen muchos agricultores y ganaderos de que su actividad no es reconocida debidamente una vez disipados los elogios recibidos durante la pandemia COVID-19, nos encontramos con un escenario marcado, como he señalado, por la incertidumbre y la inquietud; también por la percepción de ser poco valorados por la sociedad e incluso despreciados por algunos grupos.
Todo ello conduce a la indignación y el cabreo de muchos agricultores, sentimientos ambos que son difíciles de gestionar desde el campo de la política institucional, pero fáciles de avivar desde la movilización directa y la protesta en las calles, y bastante proclives a ser aprovechados desde la política partidaria.
En todo caso, y como suele ocurrir en toda movilización de protesta, se observa en esta del 20-M un contraste entre, de un lado, la actitud reivindicativa de los manifestantes, que exigen respuestas urgentes, y, de otro lado, la llamada al diálogo por parte de los poderes públicos, cuyas respuestas no siempre son fáciles de articular (al estar implicados varios ministerios) y que, en el mejor de los casos, conllevan un tiempo de negociación y otro de implementación.
El sector agrario siente de forma inmediata los problemas de rentabilidad de sus explotaciones y traslada hacia fuera su malestar e indignación en una imagen aparentemente unitaria y homogénea, a pesar de su gran diversidad interna.
Al mismo tiempo, los poderes públicos intentan mostrar en su haber una extensa actividad legislativa en forma de leyes y medidas aprobadas en estos últimos tres años, pero cuyos efectos son (salvo el decreto de sequía y las ayudas directas de la PAC) efectos de medio plazo y por ello todavía no percibidos por los agricultores (plan estratégico nacional de la PAC, ley de la cadena alimentaria, decálogo del aceite de oliva, decreto de regulación de las explotaciones ganaderas en el sector lácteo…)
El malestar rural
En el caso del malestar rural ocurre algo similar. La Estrategia frente al Reto Demográfico y el Plan de 130 medidas aprobadas por el gobierno Sánchez, es la política rural más ambiciosa que se ha realizado en nuestro país en los últimos cincuenta años, pero sus efectos sólo se verán a medio y largo plazo.
Sin embargo, los problemas de la España del interior rural son percibidos de forma inmediata por sus habitantes, que tienen la sensación de estar siendo abandonados a su suerte en lo que respecta a la prestación de servicios básicos.
Aun así, la diversidad del mundo rural es tan grande que, dentro de esa España del interior, encontramos situaciones muy variadas, coexistiendo zonas en claro y evidente declive económico y demográfico, con otras que mantienen un buen nivel de pujanza y desarrollo; zonas que están al borde del abandono, junto a otras que son ejemplo de dinamismo para toda su comarca. En definitiva, una España rural tan diversa como la agraria, y en la que podemos encontrar todo tipo de situaciones.
Luces y sombras
El mundo agrario y rural presenta, por tanto, un cuadro diverso, lleno de contrastes. Es un cuadro de luces y sombras, aún mayores si se desciende al nivel de subsectores y tipos de explotaciones o a la escala de los municipios y las comarcas.
Hay agricultores que están más al límite que otros; al igual que hay productores con explotaciones innovadoras y en sectores boyantes que están obteniendo pingües beneficios. La sequía no afecta a todos los territorios agrícolas por igual.
Tampoco la crisis provocada por la guerra de Ucrania tiene efectos similares en todos los sectores (por ejemplo, la subida del precio de los cereales beneficia a los productores cerealistas, pero tiene efectos negativos en la ganadería al provocar un aumento del precio de los piensos).
Ello permite interpretaciones diversas, según donde se ponga el punto de mira: unas, negativas e incluso catastrofistas, que son las que obviamente se expresan en las movilizaciones de protesta, y otras, más mesuradas y positivas, que, por lo general, no se exteriorizan en acciones de tipo colectivo.
Por ello, resulta difícil valorar la situación de un sector tan diverso y heterogéneo como es el de nuestra agricultura y ganadería, y de una sociedad rural tan variada como la española. Lo primero que, en mi opinión, debe hacerse a la hora de valorar los efectos de la crisis que afecta al sector agrario y el mundo rural de nuestro país, es huir de las generalizaciones, evitando tratarlos como si fueran un todo homogéneo y reconociendo la diversidad como uno de sus rasgos distintivos.
Un pacto social por la agricultura y el mundo rural
Hay problemas, sin duda, en nuestro sector agrario, como también los hay en muchos territorios rurales, aflorando en la gran manifestación del domingo 20-M en Madrid. Pero también es cierto que al actual gobierno no se le puede acusar de inacción, dada la importante actividad legislativa que ha desarrollado en los últimos tres años.
En todo caso, la magnitud de los problemas es tal, que exige la acción conjunta del sector agrario y rural y de los poderes públicos para abordarlos. Pero también necesita la implicación de los demás componentes de la cadena alimentaria (industria y gran distribución) y la comprensión de los consumidores, en lo que debería ser un gran pacto social por la agricultura y el mundo rural. El campo no es sólo de los agricultores ni de los que allí residen, sino un bien público de un extraordinario valor cultural y estratégico.
Por eso, debe ser objeto de una atención real y efectiva, no sólo desde el ámbito de las políticas públicas (que disponen ya de importantes instrumentos para ello), sino también desde la propia sociedad civil valorando lo que realmente significa para nuestro bienestar y seguridad disponer de una agricultura eficiente y de calidad y de un mundo rural vivo.
Sólo así el carácter esencial de nuestros agricultores y asalariados agrícolas, y el valor de nuestros territorios rurales, dejarán de ser mera retórica para convertirse en una realidad atendida y dignificada como se merece.
*Publicado en www.eldiariorural.es y reproducido por cortesía del propio autor.
